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Desalojado sin incidentes el «Palacio de los MENAs» de Donostia

Foto: Santiago Farizano a través de «Donostitik».

Agentes de la Guardia Municipal y de la Ertzaintza han desalojado a primera hora de hoy el edificio «okupado» por, principalmente, menores extranjeros no acompañados (MENAs) de origen magrebí. El desalojo se ha dado, al parecer, sin incidentes.

La redacción de euskalnews.com ya conocía desde la semana pasada que hoy lunes, sobre las 7 de la mañana, se iba a llevar a cabo el operativo. Evidentemente no informamos de ello, para que gente que trabaja para organizaciones como SOS Racismo no pudiesen avisar a los «okupas» y se volviese a liar como la que se lió hace unos meses, cuando agentes de la Ertzaintza fueron atacados brutalmente al ir a desalojar el inmueble, tal como informamos en su día.

El desalojo se ha producido como respuesta a una supuesta agresión sexual a primeros de mes el alcalde Eneko Goia, muy cuestionado al respecto. Sin embargo, según fuentes municipales, afirman que se hace en virtud del informe de salubridad del edificio que presentó el Ayuntamiento, algo bastante poco creíble. Más teniendo en cuenta el pobre historial del actual ejecutivo del consistorio donostiarra en la gestión de este tema.

Sobre las 8 de hoy por la mañana, comenzaban a salir los primeros «okupas» con sus pertenencias, bajo la vigilancia de agentes de la Guardia municipal y la Ertzaintza. Así mismo, también colabora la Policía Nacional para comprobar si hay infracciones relacionadas con la ley de extranjería.

Suponemos que los vecinos de la zona del edificio en cuestión, ubicado en el número 1bis de la calle Moraza, podrán por fin respirar algo aliviados. Llevan mucho tiempo denunciando esta situación, tal como recogimos en euskalnews.com en su momento.

Ha habido interesados en comprar el inmueble, ya conocido como «El Palacio de los MENAs», pero debido a desavenencias familiares en la propiedad no se ha podido llegar a ningún acuerdo. En concreto, los pisos segundo, tercero y cuarto son de familias que abandonaron las viviendas hace muchos años y que residen fuera de la provincia. Y el 55% restante pertenece a una empresa que ha sufrido embargos y tiene deudas con la Administración, algo que tampoco facilita la gestión de venta del edificio.

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