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Una abogada admite que usó documentos falsos para regularizar y pedir ayudas para inmigrantes

Según informa el diario «Heraldo», el Juzgado de lo Penal número 2 de Zaragoza sentó ayer en el banquillo de los acusados a una abogada a la que la Policía Nacional detuvo en 2014 por tramitar documentación falsa para regularizar o conseguir prestaciones por desempleo para una veintena de inmigrantes. Afortunadamente, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social y la Brigada de Extranjería detectaron el fraude a tiempo y nadie cobró dinero de la administración. Sin embargo, ello no evitó que la Fiscalía pidiera penas de prisión tanto para la letrada como para las otras 29 personas implicadas en la estafa.

La principal acusada, María L. Z., se enfrentaba inicialmente a una condena de tres años de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil. Sin embargo, al confesar el engaño, su abogado, Mariano Bonías, logró cerrar un acuerdo con el ministerio público que reducirá la pena a un año y tres meses de prisión. La letrada tendrá que hacer frente también a una multa de 1.620 euros y será inhabilitada para el uso del Sistema de Remisión Electrónica de Datos (RED), que fue el que utilizó para tramitar los documentos falsos ante la Tesorería General de la Seguridad Social.

Según la investigación policial, la abogada sabía que estaba formalizando contratos de trabajo ficticios cuya única finalidad era obtener el permiso de residencia o una prestación económica para los inmigrantes. Pero lo hizo, mantiene la Fiscalía, porque recibía compensaciones económicas a cambio: unas veces, directamente a través de los extranjeros que solicitaban las ayudas; otras, a través de los empresarios implicados en la trama. La Policía llegó a detectar pagos en metálico de más de mil euros por solicitante.

La titular del Juzgado de Instrucción número 5, responsable de las pesquisas, identificó como uno de los cerebros del entramado delictivo al senegalés Thierno L. G., gerente de las tres empresas que tramitaban los falsos contratos para los inmigrantes. Sin embargo, este hombre no llegó a sentarse ayer en el banquillo de los acusados, ya que se encuentra en paradero desconocido.

Además de contra el fugado, la magistrada abrió diligencias contra dos de sus hermanos que figuraban como socios minoritarios de las tres sociedades implicadas en el fraude y a través de las cuales se solicitaban altas y bajas ficticias en la Seguridad Social: Ndiambor S. C., Sante Yalla S. C. y Ande Defar S. L. Sin embargo, la investigación reveló que estos dos familiares ignoraban las maniobras delictivas de su hermano y la instructora declaró el sobreseimiento de la causa contra ambos.

La letrada zaragozana no fue la única en confesar ayer los hechos y pactar una condena a la baja con la Fiscalía.De hecho, de los 31 acusados, 28 acudieron ayer a la vista oral –el mencionado Thierno L. G. está en paradero desconocido y Hayat F. y Mamadou T., en busca y captura– y 25 firmaron acuerdos por los que serán condenados a penas de 6 meses de prisión y multas de 1.080 euros. La mayoría de estos se enfrentaban a penas de hasta 2 años de cárcel, de ahí que sus letrados, entre ellos Ana Herrando, aceptaran las conformidades.

Los 26 firmantes de los acuerdos pudieron abandonar la sala de vistas y solo tendrán que esperar a que sus acuerdos queden reflejados en la futura sentencia.Sin embargo, hubo tres acusados que se negaron a reconocer los delitos que se les atribuyen, por lo que debieron permanecer sentados en el banquillo para prestar declaración. Entre los abogados que defienden la inocencia de sus clientes figuran Fernando Lacruz, que alegó que su representado, de buena fe, dio de alta durante 21 días a un inmigrante.

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