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Vuelve el «Clan de Neguri»: a un paso de recuperar el control del BBVA tras la imputación de Francisco González

El ‘Clan de Neguri’ ha vuelto y sus miembros ya acarician con sus dedos las riendas del poder en el antiguo Banco de Bilbao. Estaba cantado, pero no ha sido hasta hoy, cuando el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado a declarar para el próximo lunes, día 18, como imputado por los delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos al expresidente del BBVA, Francisco González. De esta forma el que durante casi 20 años fue máximo responsable de la entidad bancaria se suma a la larga lista de investigados en el ‘caso Tándem’, cuyo principal imputado es el excomisario José Manuel Villarejo, según confirmaron fuentes jurídicas. Quien iba a pensar que el ‘Caso Villarejo’ iba a volver a colocar a Neguri en los titulares de prensa.

Hace un par de meses publicamos en euskalnews.com parte de un artículo del periodista David Cabrera para el medio digital «Voz Pópuli» que demostraba que los miembros del ‘Clan de Neguri’ se estaban frotando las manos con la más que evidente futura imputación de Francisco González, imputación que se ha materializado esta mañana. Y es que eran días de euforia contenida para la burguesía vasca. El ambiente que se respiraba en Neguri era de calma y satisfacción porque sabían que «había llegado la hora» de Francisco González. A pesar de que ya han pasado más de 14 años desde la salida del consejo del BBVA, la ‘gente de Bilbao’ aún está resentida por la pérdida de poder sufrida por culpa de las decisiones que tomó Francisco González en su día. Ahora, el antiguo clan quiere recuperar ese protagonismo perdido pero sin dar un paso en falso y sobre todo acechando de cerca a Carlos Torres.

Por lo pronto, los últimos movimientos que ha realizado el banquero se han visto con buenos ojos porque han supuesto la salida de ‘hombres fuertes’ de González. El banco destituyó a dos de sus grandes ejecutivos después de la imputación. Antonio Béjar tuvo que dejar su cargo como presidente de DCN y más tarde, tras colaborar con la justicia, fue despedido. El banco siempre ha desvinculado este cese de la investigación en el caso Tandem.

BBVA hizo lo mismo con Eduardo Arbizu, responsable jurídico del banco desde 2002. Este último era uno de los hombres elegidos por el consejo del banco para supervisar la investigación interna, según publicó El Confidencial. Hasta la fecha, el jurista no ha sido imputado y el banco ha rechazado hacer declaraciones sobre los motivos de su salida y si guarda relación con la investigación interna

El banco tenía que haber declarado el pasado 24 de septiembre, pero la incompatibilidad de agendas del representante y del juez provocó que se retrasara la vista para este 10 de octubre. El pasado 29 de julio se informó de que se dirigiría la investigación contra BBVA por el caso Tándem, también conocido como caso Villarejo. La decisión respondió a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imputar a la entidad por sus negocios con el ex alto mando de la Policía. Indiciariamente se investigará a la entidad financiera por hechos que serían constitutivos de los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios.

La citación tuvo lugar después de que nueve directivos y exdirectivos de la entidad fueran llamados a declarar a la Audiencia Nacional en calidad de imputados. En la lista destaca el ex consejero delegado Ángel Cano y el exjefe de seguridad Julio Corrochano, al que impuso una fianza de 300.000 euros para no entrar en prisión que ya ha abonado.

De los nueve investigados, solo uno ha comparecido: Antonio Béjar, quien fuera máximo responsable del área inmobiliaria del banco. Y lo ha hecho hasta tres veces. Este directivo admitió en sede judicial que su departamento contrató al menos entre 2010 y 2013 los servicios de la empresa Cenyt, propiedad del polémico excomisario. Pero defendió, en todo momento, que no sabía que la sociedad pertenecía a Villarejo, en prisión provisional desde noviembre de 2017.

Tras su segunda declaración, la Fiscalía pidió al juez que acordara la libertad bajo fianza de 500.000 euros. Aquella misma noche fue destituido de su cargo como presidente de Distrito Castellana Norte. Posteriormente, volvió a comparecer y tras aportar más datos a la causa, el Ministerio Público retiró su petición de fianza.

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