El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha participado esta mañana, a través de videoconferencia desde Lehendakaritza, en la octava reunión de presidentes autonómicos convocada por el Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para abordar la situación creada por el coronavirus Covid-19. 

A lo largo de su intervención, el Lehendakari ha preguntado al Presidente Sánchez sobre tres cuestiones concretas relacionadas con la situación económica y el empleo “que, hasta la fecha, no han obtenido respuesta”. Asimismo, Urkullu ha pedido que se ponga fin a la excepcionalidad constitucional vigente desde el 14 de marzo. El Lehendakari no ha sido tan explícito y tajante como a mediados de esta semana, cuando expresamente mostró su rechazo a una nueva prórroga, una cuestión que el Congreso tendrá que votar el miércoles.

En primer lugar, el Lehendakari ha preguntado sobre la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital por parte del Gobierno español en el mes de mayo. En este sentido, el Lehendakari ha subrayado la necesidad de coordinación con los modelos de asistencia existentes como la RGI y ha pedido que se concrete la fecha de recepción del primer borrador. 

En segundo lugar, el Lehendakari ha puesto de manifiesto la necesidad de conjugar la actividad parcial de empresas, negocios y comercios con el mantenimiento del ERTE. Según ha dicho, “es una herramienta fundamental para garantizar el mantenimiento de los actuales empleos”. 

En tercer lugar, Iñigo Urkullu ha puesto el acento en el marco Europeo. Así, el Lehendakari ha dicho que se va a necesitar el concurso responsable de todos cuantos creemos en el proyecto europeo “porque, sin Europa, no somos nada“.

LEGISLACIÓN ORDINARIA

Asimismo, el Lehendakari ha solicitado al Presidente del Gobierno español la reformulación del modelo de gestión de crisis y la aplicación de la legislación ordinaria. Según el Lehendakari, las medidas planteadas por Sánchez son susceptibles de ser implementadas mediante la aplicación de la Ley Orgánica de Salud pública de 1986, la Ley General de Salud Pública de 2011 y, en el ámbito vasco, mediante la Ley vasca de Ordenación Sanitaria.