Nos la han colado en el BOE: El Gobierno de Pedro Sánchez permitirá que los okupas puedan empadronarse en el municipio en el que ellos afirmen que residen, sin necesidad de que residan en una vivienda habilitada como tal. Pero no hablamos de lonjas sin cédula de habilidad, ni nada por el estilo. Hablamos de “chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total de techo”, tal y como afirma el BOE. No hace falta ni mencionar cual es el objetivo de todo esto, ya que las conclusiones están bastante claras. Ya sabéis para qué ha aprobado esto el Gobierno de Pedro Sánchez.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado sábado 2 de mayo las instrucciones técnicas a los ayuntamientos para gestionar el padrón municipal. El Ministerio de la Presidencia, dirigido por la vicepresidenta Carmen Calvo, explica que “la correcta aplicación de este criterio determina que se deba aceptar como domicilio cualquier dirección donde efectivamente vivan los vecinos”.

Es decir, aquellas personas que vivan en chabolas, caravanas, cuevas e incluso en viviendas okupadas, podrán empadronarse para beneficiarse de las ayudas públicas: “Empadronamiento en infraviviendas y de personas sin domicilio. Como se ha indicado anteriormente, el Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio. En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón”.

El Ministerio de Carmen Calvo insta a los ayuntamientos a aceptar el empadronamiento de los ciudadanos “independientemente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda”. “La correcta aplicación de este criterio determina que se deba aceptar como domicilio cualquier dirección donde efectivamente vivan los vecinos”, señala el BOE.

Aitor Guisasola, el popular abogado getxotarra conocido en YouTube como ‘Un Abogado Contra la Demagogia’, ha sido uno de los primeros (por no decir el primero) en destapar este escándalo que va a costar millones a las arcas públicas. Hace un par de días publicó una vídeo-denuncia en su canal de YouTube al respecto: