• La opinión de Luisa Vicente, lectora de euskalnews.com
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De repente, el día 14 de marzo del año 2020, todos los ancianos de España se volvieron invisibles. Nadie los escuchó, nadie los tuvo en cuenta,  los borraron. Eran un estorbo, ni siquiera eso, simplemente  fueron invisibles para la Sanidad y los Ayuntamientos.

Murieron sin cuidados ni calor humano, abandonados por los rincones de residencias y geriátricos, la  mayoría encerrados durante días en sus habitaciones y cansados de aporrear las puertas de sus dormitorios. 29.782 ancianos murieron porque carecían de utilidad. Lo más indignante es que la fórmula del “Coste-Beneficio”, se denomina en Economía “Ética del utilitarismo” y se aplica también en  medicina, a pesar del juramento Hipocrático.

Parece que el gobierno y las Consejerías de Salud consideraron que proteger sus vidas era concederles un honor demasiado caro que no merecían. Sin embargo los Ayuntamientos se permiten cederlos a Fondos de Inversión que invierten en Residencias mal gestionadas para lucrarse de ellos.  

Podemos mirar para otro lado, olvidar este capitulo  como si nunca hubiera pasado, pero 29.782 ancianos miran a una sociedad enferma, cuyos profesionales de la sanidad no se rebelaron en ningún momento  contra el Protocolo que impedía trasladarlos al hospital, sino que obedecieron  a rajatabla los protocolos que las Consejerías de Salud redactaron. En una sociedad edadista que discrimina a las personas por la edad, los ancianos estarán siempre amenazados porque  los ven como  objetos sin valor, ni utilidad. Esa es la  mirada que tiene de ellos también las Consejerías de salud al aceptar que  pueden decidir  a quien se atiende, y a quien se abandona.

Aún en el caso que “los beneficios sociales” de deshacerse de ellos para favorecer a otros más jóvenes, pudieran superar los costes de dejarlos vivos, la medicina de guerra va más allá de esto. Dejar morir a los más indefensos es un genocidio que echa por tierra la moral, y la forma que los seres humanos deberían tratarse entre sí. 

En Barcelona y Madrid, existían hospitales vacíos y muchos estaban equipados, se hicieron en la época de Cristina Aguirre cuando gobernaba Mariano Rajoy. No se entiende por qué no se utilizaron para atender a estas personas. Otra opción era su  traslado  a hoteles para que estuvieran separados los contagiados de los no contagiados, incluso las habitaciones aquí son mejores, más amplias y mejor ventiladas que en sus residencias, pero tampoco se hizo. 

¿Por qué los responsables de la Salud redactaron estos Protocolos y decidieron abandonarlos a sus suerte, en lugar de buscar soluciones para salvar  sus vidas?

¿Por qué los sanitarios no se opusieron a dichos Protocolos y los obedecieron a rajatabla? ¿Acaso tenían miedo de ser relegados a puestos inferiores, tener  sanciones disciplinarias, sufrir una reducción en sus sueldos, o incluso ser despedidos?

La mayoría de denuncias presentadas contra los responsables de las residencias y la Administración han acabado en la papelera. Ahora los médicos y el personal sanitario  tienen la oportunidad de referir la verdad de lo que ocurrió en esas residencias, para que Fiscalía investigue, las demandas no las desestimen, y se resuelvan a favor de las familias que perdieron a sus familiares.Es evidente que tener una carrera de medicina, o ser el Premio Nobel, no inmuniza para concebir ideas y planteamientos criminales y aborrecibles.

El video muestra la formación que se impartió a los sanitarios en la pandemia para que  aplicasen la “Medicina de guerra” y “la Ética del utilitarismo” y escoger a quien salvar y a quien dejar morir:

Puede ser que las futuras generaciones nos pregunten  cómo permitimos que casi 30.000 ancianos murieran por negarles  asistencia sanitaria, igual que hoy nos preguntamos porqué nadie se rebeló en el holocausto nazi, y nadie sabe respondernos, a pesar de que haya una sentencia del 1 de octubre de 1946 contra la cúpula del III Reich. 

Teniendo en cuenta que los demógrafos alertan de que la generación baby boomers, los nacidos entre 1958 y 1977 serán ancianos  en  2 décadas, posiblemente les espere la  misma suerte de presentarse otra plandemia.

Si “lo único seguro que tenemos los ciudadanos es el pago de los impuestos y la muerte” , exijamos al menos que tengamos el derecho de una muerte decente. Este debe ser un derecho tanto para un Premio Nobel en medicina, como para  un  barrendero, un científico,  un agricultor, un joven, y por supuesto  para o un anciano.

Luisa Vicente