• La opinión de Patxi Lázaro, colaborador de euskalnews.com
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POR QUÉ RESULTA INCÓMODO IMPLICAR AL REY EMÉRITO EN EL 23-F

Hace pocos meses se ha celebrado el 40 aniversario de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981. Conforme transcurren los años y los periodistas de investigación escriben libro tras libro, poniendo al descubierto nuevos detalles de este episodio de la Transición, ciertamente espectacular, aunque no tan crucial como se supone, uno de los temas recurrentes es la presunta implicación del monarca emérito Don Juan Carlos de Borbón en algo más que la solución de la crisis. ¿Participó el abdicado Rey en el golpe de estado del 23-F, ya fuera como instigador, organizador, cabecilla o intrigante ocasional. Sobre este asunto andan enfrentadas las opiniones de historiadores, periodistas, testigos presenciales y expertos. Paul Preston, por ejemplo, sostiene que Juan Carlos I fue totalmente ajeno a la intentona. El 23-F fue consecuencia de la desmedida ambición política del general Alfonso Armada Comyn, en medio de una situación caótica de crisis de gobierno, exaltación de círculos reaccionarios del Ejército y la irreflexiva tozudez del teniente coronel Antonio Tejero Molina.

A mi la tesis de Preston me parece la más razonable de todas. Sin embargo, hay autores, como Jesús Palacios o Luis Miguel Sánchez Tostado -con su último libro “Transición oculta”, crónica escalofriante de todos los sucesos violentos que empañaron el traumático proceso de gestación del Régimen del 78- que atribuyen al Rey Juan Carlos un papel mucho más amplio que el de simple defensor del orden constitucional con el que la historia oficial se empeña en distinguirle. Naturalmente, ninguno de estos periodistas de investigación llega tan lejos como para atribuirle la identidad del “Elefante Blanco”. Pero en el contexto de aquello que dio en llamarse la “Operación Armada”, un plan para establecer un gobierno de salvación nacional, con la implicación del CESID y el beneplácito de gran parte de la clase política, hay margen para presumir diversas modalidades de implicación del que entonces era Jefe del Estado, y que por su cargo no podía sustraerse a lo que una trama golpista tan amplia y de tan alto nivel estaba tramando.

Habiéndose convertido el Rey Juan Carlos, después de su abdicación en 2014, en un árbol caído del cual todos hacen leña, considero improbable que el tema de su implicación en el 23-F tenga más recorrido del que ya conocemos, o que pueda convertirse en un factor de riesgo para la imagen pública de la monarquía en España. Las razones son tan evidentes que no hace falta siquiera citarlas. En primer lugar, si efectivamente el Rey Emérito estuvo involucrado en el 23-F, no se le puede atacar por ello sin pedir responsabilidades al resto de la clase política española. Especialmente al PSOE, puesto que algunos históricos de este partido se reunieron previamente con los militares golpistas, y el propio Felipe González figuraba nada menos que como Vicepresidente del Gobierno en la lista del Plan Armada.

Otro motivo que aconseja echar tierra sobre el asunto, caso de ser cierto, es una implicación de justicia poética. En caso de que el Rey Emérito hubiese tenido algo que ver con el fracasado putsch, nos veríamos obligados a admitir que Antonio Tejero, con su negativa a permitir el acceso del general Armada al Hemicilo en aquella esperpéntica madrugada del 24 de febrero de 1981, habría sido el verdadero salvador de la democracia en España. Esta idea resulta tan humillante para la autoestima del Estado de Partidos, después de décadas de versiones oficiales y exaltación juancarlista, que simplemente no se le puede dar pase.