El martes por la noche, la Cámara de los Comunes del Reino Unido votó por 319 votos a favor y 246 en contra para obligar a los empleados de la sanidad y la asistencia social en Inglaterra a tomar una de las vacunas experimentales COVID-19 como condición para el empleo, con una excepción basada simplemente en la “evidencia” de las consecuencias médicas.

Todos los que trabajen en una residencia certificada por la Care Quality Commission (la autoridad reguladora de la atención sanitaria en Inglaterra) deberán haberse sometido a un curso completo de “vacunación” contra la COVID-19. Los empleados no vacunados tendrán un periodo de gracia de 16 semanas hasta que la ley entre en vigor a finales de octubre. Después de eso, podría imponerse una sanción de hasta 4.000 libras si se incumple la nueva normativa.

A los empleados que no se vacunen se les podrá indicar que busquen otro trabajo que no incluya prestar servicio en una residencia, según un portavoz del Departamento de Sanidad y Asistencia Social (DHSC).

La decisión del Parlamento de hacer obligatoria la vacunación para el personal sanitario tiene su origen en la recomendación del Grupo de Asesoramiento Científico para Emergencias (SAGE), que declaró una aparente necesidad de “tasas de aceptación del 80% en el personal y del 90% en los residentes en los centros de atención… para proporcionar un nivel mínimo de protección contra nuevos brotes” del virus, dijo a LifeSiteNews Edward Timpson, diputado conservador por Eddisbury en Cheshire que apoyó la legislación.

Tras la votación a favor de la “vacunación” obligatoria, el diputado conservador William Wragg declaró que el gobierno trató a la Cámara con absoluto desprecio.

“¿Es eso lo que estamos dispuestos a hacer a nuestros conciudadanos como gobierno conservador?” cuestionó Wragg. “Es una absoluta locura. Uno esperaría esto en un país comunista”. También citó el ejemplo de una trabajadora de la sanidad que expresó su preocupación por que la nueva ley le hiciera perder el empleo.

Los diputados conservadores Jacob Rees-Mogg y Sir Edward Leigh, ambos católicos destacados en la vida pública británica, aprobaron la legislación punitiva.

En junio, el Secretario de Sanidad, Matt Hancock, anunció las nuevas restricciones, junto con los preparativos para una consulta pública sobre la ampliación de la obligación de vacunación a los empleados del Servicio Nacional de Salud. El requisito de vacunación es un paso razonable para salvar vidas, dijo.

Sin embargo, los sindicatos se han opuesto a la vacunación obligatoria, alegando que trata a los empleados de forma diferente que al público en general.

El gobierno debería hacer hincapié en convencer a los empleados de que se vacunen, en lugar de implantar obligaciones que podrían repelerlos. Más de un tercio del personal de las residencias de ancianos ha manifestado que consideraría la posibilidad de renunciar si se les exigiera la inoculación, según el sindicato GMB, una organización general de comercio del Reino Unido.

Los expertos han expresado su preocupación por convertir las inoculaciones en una cuestión de derechos civiles. Los indecisos pueden rechazar que el gobierno les diga lo que tienen que hacer, dijo el Dr. David Elliman, consultor que trabaja con niños vulnerables y sus cuidadores.

“El personal de la asistencia sanitaria y social ha trabajado bajo una presión extrema durante la pandemia. Están sobrecargados de trabajo, mal pagados y escasos”, declaró Elliman. “En lugar de introducir la obligatoriedad, que podría ser contraproducente, tenemos que comprometernos con el personal indeciso, idealmente de forma individual para tratar de disipar sus preocupaciones”.

David Richards creó una petición en línea con el mensaje: “No exija a los trabajadores sanitarios y sociales que se vacunen contra la COVID-19” ha conseguido hasta ahora más de 88.000 firmas. Con 100.000 firmas, esta petición se considerará para su debate en el Parlamento.

“Nosotros, el pueblo, exigimos que los trabajadores de la salud y la asistencia social tengan derecho a ejercer su libre albedrío en relación con cualquier procedimiento médico y, por tanto, a poder negarse a recibir la vacuna COVID-19 sin temor a sufrir discriminación en el trabajo o en la sociedad en general”, dice el llamamiento.

• Escrito por Amy Laurence – BLes
• Noticia reproducida en euskalnews.com