Nuevo golpe del Tribunal Constitucional al ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez. En el último Pleno antes de la renovación de un tercio de sus magistrados pactada por PSOE y PP la semana pasada, el Tribunal Constitucional ha asestado el tercer palo a la política legislativa del Gobierno en el marco de los estados de alarma decretados por Pedro Sánchez. Como hicieron antes del verano con el primer confinamiento y más recientemente con el ‘cerrojazo’ en el Congreso durante un mes, en el que se vetó la tramitación de iniciativas parlamentarias, los magistrados han tumbado también el segundo estado de alarma y su prórroga de seis meses.

Según informa el diario ABC, la falta de control del Congreso al Ejecutivo durante este tiempo fue inconstitucional, como también lo fue la decisión de dejar el alcance de las restricciones de derechos fundamentales en manos de las comunidades autónomas. La decisión se ha tomado con seis votos a favor y cuatro en contra, entre ellos de nuevo el del presidente, Juan José González Rivas. Los otros tres son de Juan Antonio Xiol, María Luisa Balaguer y Cándido Conde-Pumpido. La vicepresidenta, la progresista Encarnación Roca, ha votado, como en el primero, con el bloque conservador.

Por seis votos frente a cuatro, el TC considera que se desapoderó al Congreso de la facultad irrenunciable que supone supervisar la actuación del Ejecutivo durante la vigencia del estado de alarma. Se anuló, dice, el control que solo puede llevar a cabo el legislativo en situaciones excepcionales como fue la decisión de acordar el estado de alarma.

A diferencia de la sentencia anterior, en la que lo que el TC cuestionaba fue el marco jurídico en el que se acordó un confinamiento total de la población (debió hacerse bajo el paraguas de un estado de excepción), ahora es el «desapoderamiento» al Congreso lo que ha llevado a estimar el recurso del Grupo Parlamentario Vox.

No se cuestiona tanto la duración de ese estado de alarma como la decisión de prorrogarlo seis meses sin saber cómo iba a evolucionar la pandemia, es decir, sin someter su vigencia a una evaluación periódica teniendo en cuenta que estaba en juego el recorte de derechos fundamentales.