Según informa en eldiario.es Iker Rioja Andueza, uno de los periodistas con mayor conocimiento de este caso, e información que recogemos de manera íntegra en euskalnews.com, la Audiencia Provincial de Álava ha dado a conocer este martes, 3.667 días después de que un 2 de diciembre de 2009 la empresaria Ainhoa Alberdi formalizara su denuncia ante la Fiscalía, la sentencia del mayor caso de corrupción conocido hasta la fecha en Euskadi, el ‘caso De Miguel’. La parte del fallo de la resolución judicial, de casi 1.200 páginas que se pueden consultar aquí, incluye fuertes condenas de prisión para tres exdirigentes del PNV de Álava, Alfredo de Miguel (conocido como Txitxo), Koldo Ochandiano y Aitor Tellería. Los tres -a nombre de sus esposas- crearon la sociedad Kataia Consulting para cobrar comisiones ilegales.

Alfredo de Miguel ha sido condenado a penas que suman más de 13 años de cárcel en total (9 de cumplimiento máximo efectivo) por la comisión de varios delitos de cohecho, asociación ilícita, blanqueo, malversación, tráfico de influencias, falsedad documental o prevaricación. A ello se suman más de 200.000 euros en multa e inhabilitación para empleos y cargos públicos, así como buena parte de las costas del proceso que lleva su apellido. Ochandiano y Tellería, asimismo, han sido condenados por delitos similares a altas penas, 7 años el primero y 6 el segundo, que les supondrían un cumplimiento máximo de penas de alrededor de 6 años de cárcel.

La sentencia recoge textualmente que “el único lazo verificado entre los acusados” era “una confianza que venía de la misma militancia política” en el PNV. Además, remarca el “puesto político relevante” de estos dirigentes “en el mismo partido político que gobernaba la comunidad autónoma”.

La pena más alta individual de las impuestas ha recaído en el nacionalista Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud del Gobierno vasco con Juan José Ibarretxe. El suyo es el único caso en que la petición de la Fiscalía se acepta en su integridad por parte del tribunal. Se da por probado que existieron contratos ‘a dedo’ a favor de las empresa de la trama de De Miguel, en la que además participaban otros militantes ‘jeltzales’ como Iñaki San Juan o Josu Montés. Sánchez Robles, en total, tiene una pena de más de 7 años, San Juan 5 años y Montés 4 años.

Las mujeres de Kataia Consulting han corrido diferente suerte. Han sido condenadas las esposas de De Miguel y Ochandiano, Ainhoa Bilbao e Iratxe Gaztelu-Urrutia, a un año y medio de cárcel cada una -lo que podría evitarles el ingreso en la cárcel- y absuelta la de Tellería, que declaró no tener conocimiento de los movimientos de su marido.

En total, de los 26 acusados, 12 han recibido condenas de prisión que suman casi 54 años en conjunto -todos excepto la esposa de De Miguel guardan relación con el partido-, 3 penas de inhabilitación por prevaricación y el resto han quedado absueltos, singularmente Gurutz Larrañaga, Miren Lourdes Bilbao y Aintzane de Miguel, hermana del político. En medios judiciales se destaca el alcance de la sentencia y las altas condenas, si bien la parte de la denuncia inicial de Alberdi ha quedado diluida al no acceder el tribunal a condenas por coacciones. Ninguno de los acusados ha acudido a la vista.

La ponente de la sentencia ha sido la magistrada Elena Cabero y viene firmada también por los jueces Jaime Tapia y Raúl Aztiria. No hay votos particulares. El fallo puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo y se da por seguro que varios de los acusados ejercitarán esa prerrogativa. La investigación corrió a cargo del juez instructor de Vitoria Roberto Ramos y los fiscales han sido Josu Izaguirre -desde el inicio- y Manuel Pedreira -en el juicio-.

Unas pinceladas del ‘caso De Miguel’

El ‘caso De Miguel’ se originó el 2 de diciembre de 2009 y saltó a la luz pública el 17 de marzo de 2010 con la detención de De Miguel, Tellería, Ochandiano, sus esposas y otras dos personas. El total de acusados que se sentaron en el banquillo de los acusados ascendió a 26 y el juicio se desarrolló durante todo 2018. Quedó visto para sentencia el 19 de diciembre del pasado año.

La macrocausa se dividió en 12 bloques correspondientes a otros tantos delitos y operaciones bajo sospecha. La denuncia de Alberdi -que De Miguel le pidió una comisión de 100.000 euros por la adjudicación de contrato- dio lugar una investigación que halló indicios de corrupción en otras áreas y que destapó la existencia de otras empresas. Otra parte importante del caso era el pelotazo urbanístico de 65 millones de euros en la localidad alavesa de Zambrana. Según confesó en el juicio el intermediario Josu Arruti, compañero de partido y amigo de De Miguel, el impulso de ese proyecto escondió el pago de mordidas para ambos por valor de al menos 161.000 euros. Los pagadores, de la promotora catalana Construcciones Riera, reconocieron también los hechos.

RESUMEN: Lea aquí la recopilación de los hitos más destacados del juicio

El PNV siempre ha defendido que su actuación ante este caso ha sido “ejemplar” al haber apartado de sus cargos públicos y orgánicos a los implicados. Además, ha repetido desde el mismo 17 de marzo de 2010 que no es un caso que afecta al partido sino que se trata de comportamientos “individuales”. Sin embargo, al menos De Miguel recibió en varios momentos el apoyo del portavoz nacionalista en el Parlamento y presidente en Gipuzkoa, Joseba Egibar.