- La opinión de Patxi Lázaro, colaborador de euskalnews.com
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ACUERDO EEUU – MARRUECOS – ISRAEL: ESPAÑA, LA GRAN AUSENTE
Los últimos días han presenciado un acontecimiento de indudable trascendencia histórica para Marruecos: el reconocimiento de facto, por parte de EEUU, de la soberanía del reino alauita sobre los territorios del Sahara Occidental. Este convenio tiene un invitado excepcional, que no por casualidad pasaba por allí y que además tiene intereses en el asunto: Israel. Una parte importante de su población está compuesta por judíos emigrados desde Marruecos que mantienen estrechos vínculos con su país de origen. En Rabat, Tetuán, Casablanca, Marraqués y otras ciudades importantes de Marruecos existen importantes comunidades hebreas con una notable presencia en los negocios locales y la propiedad de bienes inmuebles. Todos salen ganando en el trato. La administración Trump, aun en funciones, se apunta un éxito diplomático en una zona de gran relevancia geopolítica, al mismo tiempo que logra contentar a sus aliados de Israel y sus apoyos de la comunidad judía norteamericana. Israel añade otro país musulman a su colección de relaciones normalizadas. Y Marruecos, principal beneficiario de la operación, logra alcanzar su gran ambición histórica: la soberanía sobre los territorios del Sahara Occidental.
Pero, ¿qué hay del pueblo saharaui? ¿Sale beneficiado con la promesa de una amplia autonomía por parte del gobierno de Rabat? Siendo realistas, habría de reconocerse que así es, puesto que un status de incertidumbre perpetua no servía más que para anclar al país en el subdesarrollo y la pobreza. En cualquier caso, el tiempo lo dirá.
Los perdedores de este pacto trilateral han sido Naciones Unidas y España. La Minurso (Misión para el Referéndum del Sahara Occidental) ha estado presente en la región desde 1991, sin haber hecho nada durante todo este tiempo. Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez, enredado con sus escaramuzas partisanas de vuelo gallináceo, sus cambalaches presupuestarios y su ley de eutanasia, ni siquiera se enteró de lo que se cocía al otro lado del estrecho.
Una presencia en estos acuerdos habría sido obligada no solo para respaldar los derechos del pueblo saharaui, sino por la misma naturaleza del compromiso que el Gobierno de España tiene en la cuestión del Sahara. Al no haber estado en lo que había que estar, el perjuicio para España es doble: incumplimiento de obligaciones y merma de prestigio diplomático. A estas alturas la única salida que queda son las exclusas y los vagos llamamientos a la legalidad de Naciones Unidas con los que la Ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación intenta en vano salvar el expediente.
