Tal y como adelanta el periodista Andrés Vacca en el digital BLes.com (noticia reproducida en euskalnews.com), legisladores republicanos encabezados por Ted Cruz anunciaron el sábado mediante un comunicado de prensa que objetaran la certificación del colegio electoral y a su vez exigen que se establezca una comisión electoral para que audite los resultados. 

La Cámara y el Senado se reunirán en una sesión conjunta el 6 de enero para certificar los votos del Colegio Electoral y confirmar así quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. Pero se espera que al menos ciento cuarenta congresistas republicanos desafíen a los electores de Biden de los estados con irregularidades evidentes durante las elecciones presidenciales y no acepten el conteo de sus votos. 

El sábado por la mañana se sumaron un grupo de senadores republicanos encabezados por el senador Ted Cruz, que anunciaron que se opondrán a la certificación del 6 de enero de los resultados de las elecciones presidenciales la próxima semana, a menos que una comisión electoral lleve a cabo una correcta auditoría de emergencia de los resultados.

Cruz y los otros senadores argumentan para respaldar su decisión, que las elecciones presidenciales “incluyeron acusaciones sin precedentes de fraude electoral y conducta ilegal”. Su afirmación además está respaldada por incontable cantidad de testigos y documentación fehaciente sobre irregularidades nunca antes vistas en una elección.

El esfuerzo de los senadores se suma al anunciado por el senador republicano Josh Hawley, quien aseguró esta semana que se opondrá a lo que afirma fue el incumplimiento de algunos estados, especialmente Pensilvania, de seguir sus propias leyes electorales.

“El fraude electoral ha planteado un desafío persistente en nuestras elecciones, aunque se disputan su amplitud y alcance”, dijeron los legisladores en el comunicado publicado. “De cualquier manera, las acusaciones de fraude e irregularidades en las elecciones de 2020 superan a cualquiera de nuestras vidas”.

Además, los senadores electos están solicitando que el Congreso nombre una comisión para realizar una auditoría de emergencia de al menos 10 días, para lograr investigar los resultados electorales en los estados donde las diferencias están en disputa.

Como ejemplo, los senadores tomaron un caso de 1877, referido a la disputa entre Samuel Tilden y Rutherford Hayes, en el que varios estados denunciaron fraude. 

Al respecto los legisladores dijeron: “En 1877, el Congreso no ignoró esas acusaciones, ni los medios simplemente descartaron a quienes los plantearon como radicales que intentan socavar la democracia. En cambio, el Congreso nombró una Comisión Electoral, que consta de cinco senadores, cinco miembros de la Cámara y cinco jueces de la Corte Suprema, para considerar y resolver los resultados en disputa”.

El reclamo de los legisladores apunta principalmente a seguir el ejemplo de 1877, y que para despejar todo tipo de dudas al respecto, el Congreso nombre inmediatamente una Comisión Electoral, con plena autoridad investigadora, para realizar una auditoría completa de emergencia en 10 días, y clarificar de este modo los resultados electorales en los estados bajo sospecha de fraude.

En caso de que no se cumpla el reclamo más que lógico planteado por los legisladores, entonces votarán en contra de la certificación. 

“En consecuencia, tenemos la intención de votar el 6 de enero para rechazar a los electores de los estados en disputa como no ‘entregados regularmente’ y ‘legalmente certificados’ (el requisito legal), a menos y hasta que se complete la auditoría de emergencia de 10 días”, dijeron en la declaración.

El líder de la mayoría en el senado, el republicano Mitch McConnell, está haciendo un gran esfuerzo por limitar las voces que se opongan a la certificación electoral. Pero en el caso que un número considerable de senadores se oponga al resultado electoral, y que los representantes republicanos de la Cámara hagan un esfuerzo similar, entonces la sesión conjunta del Congreso se disolvería y la Cámara y el Senado deberán reunirse por separado para debatir los votos electorales de cada estado en disputa.

Posteriormente, cada organismo votaría si acepta o rechaza cualquier voto impugnado. Luego, la Cámara y el Senado volverían a convocar la sesión conjunta para definir.