POLÍTICA

PSOE y Podemos blindan a la Presidenta balear contra las investigaciones por prostitucion infantil

La comisión política sobre explotación sexual infantil creada a finales del pasado año por el tripartito que gobierna en el Consell de Mallorca ha quedado constituida de manera oficial este miércoles. El plan de trabajo aprobado también hoy establece que, en principio, sólo se evaluará la gestión de las tres últimas legislaturas en la institución insular. Así, según han especificado el PSOE, Unidas Podemos y MÉS en un comunicado conjunto, se estudiarán las legislaturas 2011-2015, 2015-2019 y el inicio de la actual 2019-2023. Los presidentes del Consell en esos tres mandatos han sido, sucesivamente, María Salom (PP), Miquel Ensenyat (MÉS) y Catalina Cladera (PSOE). La comisión política recién creada no analizará, al menos inicialmente, la legislatura 2007-2011, en la que la presidenta del Consell fue la socialista Francina Armengol, que en la actualidad preside el Gobierno balear.

Inicialmente, parecía que la citada comisión política iba a estar integrada sólo por representantes del PSOE, Unidas Podemos y MÉS, ya que los partidos de la oposición habían ido reiterando en estos últimos meses que consideraban insuficiente ese nuevo órgano y que seguían exigiendo una comisión de investigación sobre los casos de explotación sexual y de abusos de menores tutelados en Mallorca detectados en los últimos años. Sin embargo, finalmente Cs y el partido nacionalista de centro Proposta per les Illes (PI) han decidido formar parte de la comisión política por «responsabilidad», mientras que el PP y Vox han mantenido su negativa originaria a integrarse en esa comisión.

El portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha indicado este miércoles que es «un escándalo» que la actual presidenta de la institución insular «libere» a Armengol de comparecer en «la comisión política que la izquierda se ha inventado en relación a la explotación de menores». En esa misma línea crítica, el portavoz adjunto de Vox en el Consell, Toni Gili, ha señalado que «la señora Cladera deberá explicarnos por qué ha decidido salvar a su compañera de partido, la señora Armengol, evitando que la comisión política tenga en cuenta qué pasó durante la legislatura en la que presidía esta institución Francina Armengol». Sin embargo, aún cabe la posibilidad de que esa legislatura (2007-2011) pueda ser también evaluada. Así, el presidente del PI, Antoni Amengual, ha explicado a ABC que su partido ha propuesto que la recién creada comisión política «no se fije límites temporales» por lo que respecta a los mandatos que puedan ser analizados. Dicha propuesta del PI ha sido aceptada, al menos en principio, por el PSOE, Unidas Podemos y MÉS.

Por su parte, el presidente de la nueva comisión, el socialista Jaume Tortella, ha defendido que «se ha llegado a un consenso para empezar a trabajar sumando entre todos, buscando soluciones y analizando las responsabilidades políticas de los últimos años». Tortella ha afirmado también que con la puesta en marcha de este órgano surge «una oportunidad para analizar las medidas y evaluar si estas medidas de gestión han sido suficientes, ausentes o necesarias». El plan de trabajo ha sido aprobado por unanimidad, es decir, con los votos del PSOE, Unidas Podemos, MÉS, Cs y el PI. La nueva comisión espera poder presentar sus conclusiones el próximo 13 de abril.

Gestión exclusivamente insular

En Baleares, a diferencia de otras comunidades, la atención a los menores tutelados no depende del Ejecutivo regional, sino esencialmente de los consells insulares, que vendrían a ser como los «gobiernos» propios de cada isla. De ese modo, los consells gestionan los centros o pisos de acogida para menores tutelados, todos de régimen abierto, mientras que el Govern se ocupa únicamente de controlar los centros de reforma o internamiento, para jóvenes con antecedentes penales. En Mallorca existen 30 centros de acogida, que son gestionados por el Consell de Mallorca a través del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). En la actualidad, esos centros acogen a unos 300 menores.

Francina Armengol, presidenta de Baleares

Por tanto, el Govern no se ocupa en ningún sentido de la gestión de los centros de acogida. Así lo ha reiterado en los últimos meses la actual consejera de Asuntos Sociales del Ejecutivo regional, Fina Santiago, de MÉS. Paradójicamente, fue Santiago quien en febrero del año pasado aseguró que la explotación sexual infantil se habría empezado a detectar en Baleares en 2010, en una crítica que se pretendía directa contra el PP. Sin embargo, en 2010 los populares no estaban gobernando en Baleares, ya que en aquel momento el presidente del Gobierno autonómico era el socialista Francesc Antich, mientras que la presidenta del Consell de Mallorca era, como se ha indicado ya, Armengol.

En cuanto a la gestión del actual equipo directivo del IMAS, ha sido puesta en entredicho por la oposición a lo largo de los últimos meses por su presunta inoperancia ante la explotación sexual de menores tutelados. Cabe recordar, en ese sentido, que en enero del pasado año trascendió en los medios el caso de una niña de 13 años que se escapó por unas horas de su centro de acogida en el día de Nochebuena de 2019 y que, esa misma noche, fue presuntamente violada en grupo por seis menores en un piso de la barriada palmesana de Es Camp Redó. En su denuncia ante la Policía Nacional, la víctima dejó entrever, además, la posible existencia de proxenetas de menores tuteladas. La niña hizo también referencia a la existencia hoy de adolescentes de centros de acogida que se estarían prostituyendo a cambio de drogas o de dinero.

Tras hacerse público ese caso de una presunta violación grupal, también en enero del pasado año trascendió la existencia de 16 casos relativamente recientes de explotación sexual infantil en Mallorca, 15 de ellos de niñas, según confirmó entonces el IMAS. En ese contexto, se vertieron entonces muchas críticas contra el presidente de dicho organismo, el socialista Javier de Juan, y contra el tripartito del Consell de Mallorca por su posible inacción para detectar y hacer frente a los citados casos de explotación sexual y de abusos de menores tutelados. Esas críticas fueron rechazadas por el PSOE, Unidas Podemos y MÉS.

Sin comisión de investigación

Con posterioridad, en febrero del pasado año, el PP, Cs, el PI y Vox propusieron crear una comisión de investigación en el Consell sobre los menores tutelados explotados sexualmente. Esa opción fue rechazada entonces por el tripartito insular, que por su parte impulsó la creación de una comisión de expertos. Esa comisión, que fue cuestionada por la oposición desde el primer momento, presentó el pasado 30 de septiembre el informe que había elaborado, en el que aconsejaba actuar de una forma más efectiva en la búsqueda de soluciones a la problemática de los abusos a menores. El coste total de la citada comisión de expertos fue de 30.278,73 euros.

La posibilidad de crear una comisión de investigación fue rechazada nuevamente por el tripartito insular el pasado 3 de noviembre. El Consell de Mallorca celebró en esa fecha un pleno extraordinario con esa propuesta como único punto en el orden del día. Dicho pleno había sido solicitado en octubre de manera conjunta por los partidos de la oposición. Los cuatro grupos proponentes votaron a favor de la moción, pero los votos en contra del PSOE, Unidas Podemos y MÉS impidieron que esa proposición pudiera salir adelante.

Poco después, el actual equipo de gobierno tripartito del Consell propuso poner en marcha en el IMAS la comisión política que ahora ha iniciado su andadura. Como se ha señalado ya, esa nueva comisión había sido inicialmente rechazada en bloque por la oposición. De hecho, el pasado mes de noviembre votaron en contra de la creación de dicha comisión el PP, Cs, el PI y Vox, que además se desmarcaron de su futuro funcionamiento. Sin embargo, como se ha indicado, el Cs y el PI han optado finalmente por formar parte de esta nueva comisión, mientras que el PP y Vox siguen considerando que no es un instrumento válido.

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