Todo va cayendo por su propio peso. Resulta que a finales de enero la policía austriaca prohibió celebrar reuniones políticas a partidos políticos como el FPÖ, el cual interpuso un recurso ante el Tribunal Administrativo de Viena, y ya tenemos la sentencia. En su sentencia los jueces le dan la razón al partido y critican la política sanitaria del gobierno federal, tal y cómo informa el medio Reitschuster.

Lo que es un hecho es que a partir de ahora la policía no podrá prohibir las reuniones de personas ni, por supuesto, mitines de formaciones políticas. Y es que el tribunal llegó a la conclusión de que el Departamento de Salud de Viena, en cuya información se basó la prohibición de la reunión, “no presentó ninguna declaración ni conclusión válida y basada en pruebas sobre la epidemia”.

Así pues, la sentencia parte de las propias definiciones del Ministerio de Sanidad austriaco sobre lo que es un “caso Covid-19”, a saber:

1) cualquier persona con evidencia de ácido nucleico específico del SARS-CoV-2 (prueba PCR), independientemente de su manifestación clínica
2) cualquier persona con detección de un antígeno específico del SARS-CoV que cumpla los criterios clínicos
3) cualquier persona con detección de un antígeno específico del SARS-CoV que cumpla los criterios epidemiológicos

La sentencia concluye que las definiciones para contabilizar una infección de coronavirus no se ajustan a las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Ninguno de esos tres casos cumple los requisitos para ser declarado enfermo o infectado que establece la OMS, que se niega a confiar únicamente en la prueba PCR (caso 1).

“Las pruebas antigénicas, que son especialmente propensas a errores en personas sin síntomas, son por tanto totalmente inadecuadas, y las pruebas PCR requieren la confirmación mediante un examen médico. “Nada de esto está garantizado en Austria”, dice la sentencia.

El tribunal también critica la política sanitaria del gobierno austriaco, basada en la prueba PCR. Los jueces aseguran que hasta ahora las medidas aprobadas contra el coronavirus no han demostrado su eficacia. Los críticos de la política sanitaria implementada por el gobierno están eufóricos. Hablan de una “decisión revolucionaria”, una “sentencia sensacional” y una “sonora bofetada”.