ECONOMÍA POLÍTICA

La subida de la luz es la expropiación de los bolsillos de los consumidores por parte del Estado


Los hogares están pagando unos precios de la luz de récord desde el mes de abril. Una situación que el Estado justifica por dos factores: el gas que se utiliza para la generación y los impuestos por los residuos que genera, mientras que las eléctricas siguen manejando a su antojo la producción de renovables, con parques parados «por razones de mantenimiento». Estos impuestos y el libre albedrío de las eléctricas han sido una bomba para la economía de los hogares.

Según comenta mpr21, el precio por megavatio hora ha superado esta semana los 90 euros, y todo apunta a una manipulación descarada del mercado eléctrico por parte de las compañías. Ya pasó en enero de este año, que llegó a los 94 euros, y que motivó que el gobierno anunciara «una investigación» que ha quedado en la nada.

Alteración de precios

El primer caso penal contra una empresa por haber inflado presuntamente el coste de la electricidad arrancó en 2013 después de que llegara a los 112 euros por MWh y tiene en su punto de mira a Iberdrola por una supuesta alteración del mercado para provocar un incremento automático en la factura de los consumidores.

En aquella ocasión, la fiscalía sostenía que Iberdrola paralizó la actividad temporalmente de las hidroeléctricas y las eólicas para inflar el precio de la luz, algo que llegó a confirmar el entonces Ministro de Industria, José Manuel Soria.

Aquella operación fue una chapuza por las evidencias que había dejado, pero la causa penal no ha tenido avances significativos. Los consumidores domésticos pagaron precios exorbitados y las distribuidoras de energía no han devuelto ni un céntimo. Y es lo que se está repitiendo ahora, pero de manera más fina.

Ahora, la estrategia del gobierno y de las eléctricas es aumentar precios e incluir conceptos incomprensibles en la factura de la luz con dos objetivos: aumentar ganancias y recaudar impuestos, sobre todo los llamados «impuestos a las emisiones», que las eléctricas han trasladado a los consumidores finales sin ningún problema.

El Estado recauda para las empresas

El Ministerio que dirige María Jesús Montero estimaba recaudar por esta vía 1.200 millones de euros, como registra en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021. Una previsión que realizaba con el precio del CO2 en 25 euros/tonelada de CO2. Hacienda no contaba con que esta tasa medioambiental se iba a situar en mayo en los 52 euros/tonelada y la media del primer semestre de 2021 se asentaría en los 43 euros por cada tonelada de CO2.

Con estos precios, Hacienda duplicaría sus ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Las estimaciones que ya se manejan se sitúan en una horquilla entre los 2.500 y los 2.800 millones de euros.

El compromiso que tiene el Estado con la Unión Europea es utilizar esta recaudación para mejorar el sistema eléctrico y desarrollar proyectos para la llamada «transición energética«, que todavía no se sabe lo que es, pero que tarde o temprano son fondos que terminarán en el balance positivo de las principales empresas eléctricas.

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