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Demandan al Distrito de Columbia por vacunar a niños sin el consentimiento de sus padres

Un grupo de padres apoyados por una institución no gubernamental presentó el lunes una demanda contra el Distrito de Columbia (DC), por una nueva legislación que autoriza a los funcionarios a vacunar a los niños en las escuelas públicas sin el consentimiento de los padres, incluso si estos tienen una objeción religiosa. La legislación municipal, conocida como “Ley de consentimiento de menores a las vacunas de 2020”, fue aprobada por el Consejo con mayoría demócrata, en una votación en noviembre y entró en vigor el 19 de marzo, según informa Andrés Vacca en BLes.

La polémica reglamentación permite a los niños de 11 años o más dar su consentimiento a una vacuna, incluida la experimental contra el virus chino, sin el consentimiento de los padres. Las compañías de seguros de salud también tienen prohibido enviar a los padres una “Notificación de beneficios” detallando el servicio médico recibido por su hijo. Mientras que los niños sí tendrán acceso a sus registros de vacunación “sin el consentimiento de los padres”.

En este contexto, cuatro padres presentaron una demanda contra el DC el lunes, alegando que la ley promulgada recientemente por el distrito priva a los derechos constitucionales de los padres y pone en peligro la seguridad de los niños al permitir que los menores de 11 años se vacunen sin el consentimiento o conocimiento de sus padres. Las asociaciones sin fines de lucro Children’s Health Defense (CHD) y Parental Rights Foundation representaron a los padres en la demanda, la cual fue presentada en un tribunal de distrito federal en el DC.

“La Ley de DC es imprudente, inconstitucional y pone en peligro innecesariamente la vida de los niños al eliminar la protección de los padres y la protección de la Ley Nacional de Lesiones por Vacunas en la Niñez de 1986”, dijo la presidenta y consejera general de CHD, Mary Holland en un comunicado.

La denuncia en cuestión alega que la ley de Washington priva a los demandantes de su derecho constitucional como padres a “dirigir el cuidado y la crianza de sus hijos” y el derecho a “ejercer libremente su religión”. Al mismo tiempo que otorga esta potestad al estado, independientemente de la voluntad de los niños y padres.

La ley requiere que el proveedor de atención médica envíe el registro de vacunación directamente a la escuela del menor, y la escuela debe mantenerlo “confidencial”, incluso sin que los padres se enteren, si es que así lo decidiera el niño. Esta situación, expone al niño incluso a elevados riesgos de salud, dado que sus padres no podrán interpretar posibles reacciones adversas a la vacuna en sus hijos, corriendo el riesgo de medicarlo inapropiadamente o ignorando posibles reacciones de gravedad.

Este tipo de legislaciones parecen estar fundadas por la iniciativa de la izquierda que pretende reemplazar el rol tradicional de los padres y la familia por el de un gobierno que toma decisiones que van desde lo más global hasta lo más particular del individuo. En este mismo sentido, recientemente un artículo publicado por la organización Journal of Medical Ethics, afirma que los gobiernos deben impedir todo tipo de intervención de aquellos padres que se opongan a la transformación hormonal y quirúrgica de sus hijos.

El polémico artículo fue escrito por la autora Maura Priest, profesora en la Universidad Estatal de Arizona, quien advierte que cuando los padres rechazan la idea de que sus hijos realicen un cambio de sexo, no deberían tener permitido participar en las “decisiones respecto a la atención pediátrica asociada con la transición”, independientemente de si los hijos son niños o adolecentes menores de edad.

“Suponiendo que el paciente está informado y es competente, solo el paciente (niño) puede realizar esta evaluación, porque solo el paciente tiene acceso al peso real de los beneficios relacionados con la transición”, escribe Priest. 

Niño recibiendo vacuna. (Flickr/Pan American Health Organization PAHO).

Sin embargo, hay poca evidencia científica o médica sobre los supuestos beneficios de los tratamientos ofrecidos para esta “angustia psicológica”, como hormonas que bloquean la pubertad, cirugía y una amplia variedad de regulaciones.

Políticos de izquierda, junto con algunas organizaciones y la complicidad de los medios hegemónicos de comunicación, parecen obsesionados con atentar contra la relación tradicional de padres e hijos, lo que se ve reflejado en este tipo de normativas que en apariencia buscan empoderar a los niños, pero en definitiva terminan dando poder a los aparatos de gobierno. 

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