Lo que llevamos diciendo durante más de un año se ha cumplido. Un poco bastante tarde, por cierto. Por solo un voto el Pleno del Tribunal Constitucional ha tumbado el estado de alarma que el Gobierno de Pedro Sánchez decretó el 14 de marzo de 2020, en los inicios de esta época de locura colectiva. Los magistrados consideran que la suspensión de la libertad de circulación que se tradujo en el confinamiento domiciliario, excedió el marco legal propio del estado de alarma, bajo el cual ese derecho fundamental podía haber sido modulado pero no suspendido de forma indiscriminada.

Asimismo, las multas (propuestas de sanción) serán declaradas nulas, salvo las que ya sean firmes. Otra cosa que dijimos y por la que algunos nos ningunearon. Aún así, el TC ha blindado al Estado de reclamaciones masivas limitando el alcance de su decisión: «los ciudadanos tienen el deber jurídico de soportar los perjuicios materiales que hayan sufrido», señala la resolución del TC.

El Pleno ha llegado a esta votación profundamente dividido sobre la constitucionalidad del decreto del gobierno. Dos bloques con posturas prácticamente inamovibles desde que el asunto se elevó a Pleno hace unas semanas. Aunque se dejó un margen de quince días para que el ponente integrara aportaciones del resto de miembros del TC para lograr el mayor acuerdo posible, finalmente ha sido el voto de la vicepresidenta Encarnación Roca, el que ha inclinado la balanza a favor de declararlo parcialmente inconstitucional. Seis magistrados frente a cinco que consideran que la restricción de libertades se ajustó al marco legal.

Las distintas sensibilidades del tribunal no se han correspondido con el sentido del voto. Así, el texto aprobado incluye el voto de la progresista Roca y de cinco magistrados conservadores (Santiago Martínez-Vares, Alfredo Montoya, Antonio Narváez, Ricardo Enríquez y el ponente, Pedro González Trevijano). En contra han votado tres progresistas (Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol) y los conservadores Andrés Ollero y Juan José González Rivas, el presidente del tribunal. Desde finales del año pasado el TC cuenta con 11 miembros en vez de doce porque el progresista Fernando Valdés abandonó el órgano tras verse involucrado en un caso de violencia de género.

Resulta que, tal y cómo sabréis la mayoría de los lectores, en euskalnews.com hemos venido denunciando desde el principio que este tipo de recortes de derechos y libertades fundamentales solo se podían proponer, si acaso, bajo un Estado de Excepción o un Estado de Sitio. Nunca bajo un Estado de Alarma. Solo por este simple hecho, nos han llegado a tratar de locos. Lo mismo nos ha ocurrido a los miembros de esta redacción con nuestros respectivos entornos de amigos y familiares. Finalmente, ¿quién tenía razón?