Hay más accidentes causados por estas vacunas que por cualquier otro programa de vacunación de la historia”, afirma el parlamentario británico Christopher Chope, que el 10 de septiembre presentó un proyecto de ley para indemnizar a las personas que han padecido efectos adversos a causa de las inoculaciones.

El proyecto pretende indemnizar a las personas que han muerto o padecido efectos adversos y reformar la Ley de Pagos por Daños de Vacunas de 1979, que es tan compleja que se admiten menos del 2 por ciento de las reclamaciones que se presentan.

Chope no cuestiona el programa de vacunación, sino todo lo contrario. Ha habido tantos muertos y lesionados que sin un nuevo sistema de indemnización, la población no se vacunará, afirma.

En su informe al Parlamento, Chope destacó que el último informe de farmacovigilancia incluye 1.632 muertes producidas poco después de la administración de la vacuna, 435 informes de trombosis y trombocitopenia graves y 35.000 informes de trastornos menstruales. “Nuestros hospitales están ocupados con un gran número de pacientes que están allí únicamente porque aceptaron ser vacunados. Los médicos del hospital están en un estado de ansiedad aguda. Tenemos que sopesar la relación beneficio-riesgo”.

Hasta ahora la población no se ha vacunado por su bien, sino por “el bien del Estado”, como si se alistara en el ejército, dice el parlamentario. Los accidentes causados por las vacunas son como las heridas de guerra de las que el Estado se hace plenamente responsable.

Chope señala que el plan de compensación automático de Covax, bajo la égida de la OMS y la GAVI, cubre a los 92 países más pobres del mundo, pero no a Inglaterra.

Para evitarle un calvario burocrático al afectado, la propuesta crea un régimen de indemnización objetiva o “sin culpa”, es decir, sin necesidad de que el perjudicado identifique a una persona o institución responsable del daño. Dada la urgencia, la propuesta prevé que cualquier reclamación se presente ante un tribunal, en lugar de ante cualquier organismo gubernamental.

Otra medida para evitar un calvario burocrático consiste en eliminar la necesidad de que los perjudicados demuestren la relación causal entre la vacuna y el accidente o la muerte. Para Chope no hay dudas sobre esa relación causal: “Ya tenemos un conjunto de pruebas sobre accidentes e incluso muertes, causadas por estas vacunas. Tenemos un informe reciente de un forense en algún lugar del norte de Inglaterra, que concluyó que la vacuna fue la causa directa de la muerte […] La gente tiene miedo a esta vacuna y tenemos que dejar de fingir que ese miedo no existe. No podemos seguir ignorando los informes de los forenses que han llegado a la conclusión de que tal o cual persona murió como consecuencia de la vacuna. Conozco a personas de mi entorno que estaban muy bien y acabaron en el hospital con derrames cerebrales y graves problemas cardíacos. No son sólo anécdotas, son hechos conocidos por la gente de todo el país […] El gobierno probablemente habría preferido que esto no saliera a la luz, pero los hechos son tozudos […] Si alguien viene a mi oficina parlamentaria y me explica que teme por sí mismo o por sus hijos, no puedo decirle ‘no te preocupes’. En el improbable caso de que se produzca un accidente, se le indemnizará íntegramente. No puedo permitirme decirles eso. Pero si pudiera, estarían más dispuestos a correr el riesgo”.

La segunda lectura de este proyecto de ley está prevista para el 22 de octubre.