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Los ‘chanchullos’ del PNV en Barakaldo: Incumplimiento “grave” de la normativa para contratar al bufete de un ex-burukide

A continuación desde EuskalNews compartimos una noticia escrita por el periodista Ekaitz Cancela, publicada por El Salto Diario. En la misma el periodista detalla a la perfección uno de los últimos chanchullos vinculados al actual equipo de gobierno del consistorio de Barakaldo. A partir de aquí, todo lo que leáis forma parte de la noticia original publicada en El Salto Diario, la cual reproducimos en EuskalNews:

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barakaldo, dirigido por la jeltzale Amaia del Campo, ha entregado dinero de manera irregular a una empresa estrechamente ligada al partido del que forma parte. Se trata de una externalización de servicios jurídicos que asciende a 35.715,40 euros. Cuatro de los contratos menores fueron a parar a Roberto Lacarra Barrondo, miembro de Acies Abogados S.L., y otros ocho a ese bufete, presidido por Iñaki Goikoetxeta hasta su jubilación en julio de 2021. Abogado del entonces lehendakari José Antonio Ardanza, también fue miembro del Euzkadi Buru Batzar (EBB), la ejecutiva del Partido Nacionalista Vasco. En la actualidad ostenta el cargo de patrono en la Fundación Sabino Arana. Así lo ha denunciado Elkarrekin-Podemos esta mañana en rueda de prensa.

Hordago-El Salto ha accedido a la documentación empleada por la formación morada. Entre esta, un informe jurídico, los cuales rara vez pasan de ser algo más que un trámite y se convierten en una llamada de atención sobre la irregularidad en los procedimientos administrativos de contratación. Esto es incluso menos frecuente cuando el proceso de contratación se refiere a bufetes de abogados, precisamente especializados en el área de Derecho Público.

Las alarmas saltaron durante el pleno del pasado jueves en el Ayuntamiento de Barakaldo debido a una serie de contrataciones que no tienen fundamento en el ordenamiento jurídico. En dichos eventos municipales se discute lo que se denomina como informes de reparo, en los que un interventor local recopila posibles contratos que pueden ser irregulares y los cargos electos expresan su opinión respecto a ellos. En el parlamento baracaldés, como denuncia la oposición, la única voz que suele importar es la del Partido Nacionalista Vasco, que goza de mayoría en la cámara e impone su rodillo. Ese fue el modus operandi la semana pasada, cuando se votó sobre la pertinencia de contratar al bufete y sólo Elkarrekin Podemos lo contradijo. Básicamente, se amenaza en los pasillos del consistorio, votar en contra podría suponer una querella criminal porque el servicio que se cuestionaba en el pleno ya estaba realizado y un ente público no puede negarse a pagar, aunque sea irregular.

El Ayuntamiento de Barakaldo “ha realizado un encargo de naturaleza puramente contractual” donde se han transferido varias decenas de miles de euros a una firma jurídica afín al PNV sin que tuviera siquiera la potestad para realizar pagos a terceros

Si bien muchas de estas cuestiones administrativas se pierden en la historia de la política local, el partido morado ha expresado su hartazgo sobre el modus operandi de Amaia del Campo. “Hablamos de miles de euros del erario público adjudicados irregularmente”, ha expresado a esta revista la portavoz de este partido en Barakaldo, Itziar Celis. “No puede pasar inadvertido lo que en nuestra opinión es otro caso de clientelismo a cuenta del bolsillo de toda la ciudadanía”. El partido cita un contrainforme del jefe de alcaldía, el documento número 215/2021, para sostener sus argumentos contra el PNV. Este texto recoge que se habrían cometido tres irregularidades flagrantes en la externalización de sus servicios jurídicos, quien no tiene ninguna responsabilidad legal en este proceso. 

En primer lugar, el cargo público señala que la Secretaría General del Ayuntamiento de Barakaldo, a quien atribuye la autoría de la licitación adjudicada a dedo, no tenía ni siquiera “la condición de organismo gestor de expedientes de contratación y ni siquiera tiene asignado una referencia como oficina tramitadora/pagadora en el sistema contable municipal”. Esto significa, en palabras del experto en derecho administrativo, que “ha realizado directamente un encargo de naturaleza puramente contractual” donde se han transferido varias decenas de miles de euros a una firma jurídica afín al PNV sin que el organismo público tuviera siquiera la potestad para realizar pagos a terceros.

Uno de los informes del letrado a los ha podido acceder Hordago-El Salto apunta a la alcaldesa jeltzale, Amaia del Campo, como la responsable de este proceso de contratación irregular en Barakaldo

En segundo lugar, el documento apunta que “falta la justificación de recurrir a medios externos para el desarrollo del servicio”. Es decir, además de no gozar de la capacidad de contratar, la administración tampoco ofrece pruebas que puedan demostrar que la externalización es necesaria. Otro de los informes del letrado a los que Hordago-El Salto ha podido acceder, fechado en mayo de 2017, apunta a la alcaldesa jeltzale, Amaia del Campo, como la responsable de este proceso de contratación irregular.

Este documento ha salido a la luz porque el jefe de sección de la alcaldía para levantar el reparo (es decir, pagar a la empresa que se ha beneficiado de una contratación irregular) esgrime como argumento un informe procedente del abogado municipal de 2017 donde la asesoría jurídica del Ayuntamiento dice estar de acuerdo con la subcontratación. En dicho informe, aunque se considere viable la externalización del servicio, afirma literalmente que “el Secretario General nos ha transmitido verbalmente la decisión de la Alcaldesa de encomendar al Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Bizkaia, D. Roberto Barrondo Lacarra, la defensa del Ayuntamiento de Barakaldo”.

En tercer lugar, el documento técnico al que ha accedido Hordago-El Salto denuncia además que “el servicio prestado y la consecuente factura tienen su origen sin haberse tramitado expediente administrativo alguno”. Estos motivos bastan para señalar que “es indiscutible que este incumplimiento grave ha de ser censurado de manera consecuente”. La citada falta es tan grave que el citado documento 215-2021 señala: “lo que concurre en el presente caso es que no hay contrato alguno puesto que no hay ni documentación ni procedimiento ni, de hecho, actuación alguna de la que quede mínima constancia, lo que obliga a concluir con carácter general la total falta de justificación del recurso a un abogado externo, con la correspondiente asignación de recursos públicos.” En resumen, del Campo ordenó que un organismo sin capacidad para contratar adjudicara a dedo una docena de contratos a un bufete de abogados fundado por un ex alto cargo de la ejecutiva del PNV, partido que gobierna en la ciudad.

“No hay contrato alguno puesto que no hay ni documentación ni procedimiento ni, de hecho, actuación alguna de la que quede mínima constancia, lo que obliga a concluir la total falta de justificación del recurso a un abogado externo.”

“Ni siquiera se han molestado en disimular que se está contratando directamente y sin ningún tipo de procedimiento administrativo”, remarca Celis, portavoz municipal de Elkarrekin-Podemos sobre la forma política que adquiere el ‘neoliberalismo Basque Country’, cuya expresión en este caso es Barakaldo.

No obstante, en el diablo están los detalles: el contrainforme descrito que ha levantado el revuelo y la sospecha de la oposición desplaza la culpa de la alcaldesa hacia la Secretaría General de la anterior legislatura (2015-2019), tratando de redimir a la actual administración y argumentando que la intervención municipal tiene su origen en 2018. Al mismo tiempo, el informe jurídico se opone a la anulación de la contratación por las posibles consecuencias penales que tendría sobre el organismo municipal y autoriza, a pesar de todo, el pago de dinero a la firma de abogados.

Este contrainforme llega después de que el servicio de intervención sobre contratos irregulares del Ayuntamiento de Barakaldo afirmara que “la contratación de servicios jurídicos de representación y defensa en juicio por parte del Ayuntamiento se ha llevado a cabo incurriendo repetidamente en vicio de nulidad radical de pleno derecho”. Para ello, citando los artículos 39 y 40 de la Norma Foral 10/2003, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, afirmaba que “hay que entender que se han vulnerado los principios generales de ejecución del gasto y se ha omitido totalmente el procedimiento para la gestión y ejecución del presupuesto”. 

El contexto del procedimiento irregular

Este proceso se inicia cuando F.F., un funcionario barakaldés, intervino en al menos 24 procesos de adjudicación de contratos municipales en los que resulta seleccionada la empresa de su mujer, Edurko S.L., con sede social en Trapagaran. F.F. recibió la imputación de un delito de prevaricación administrativa por protagonizar, entre otras actuaciones, un contrato del Ayuntamiento en el año 2000 por 30 millones de pesetas para reparar los defectos de construcción de la Herriko Plaza. Según ha publicado Barakaldo Digital, también obtuvo 204.564,74 euros en noviembre de 2015 por un contrato de obras del centro de jubilados del barrio de Rontegi, el pavimentado en 2014 de los caminos de la Finca Munoa por una cuantía de 300.725 euros o el arreglo de la carretera de Argalario en 2011, que ascendió a 486.871 euros.

A este respecto, el Ayuntamiento abrió un expediente de manera inmediatamente posterior a la suspensión de funciones del cargo público e intentó la anulación de la penalización argumentando, entre otros aspectos, la falta de proporcionalidad en la resolución de la alcaldesa. En este contexto de caciquismo kafkiano, el Ayuntamiento de Barakaldo inicia el proceso irregular de contratación de Roberto Lacarra Barrondo y del bufete Acies Abogados S.L. para recibir asesoría jurídica, así como su dirección letrada en los distintos juicios que tienen lugar entre el consistorio y F.F. . Estos trabajos van desde lidiar con el contencioso administrativo (8.306 euros) hasta cuestiones administrativas ordinarias (3.194 euros) o recursos de apelación ante el TSJPV (2.758 euros).

Cabe señalar que el proceso de externalización de los servicios jurídicos del Ayuntamiento comenzó en 2017, cuando la Fundación Miranda llevó al Ayuntamiento de Barakaldo a la justicia por exigir el destino del gerente. El entonces asesor jurídico del consistorio mandó su informe al juzgado dando la razón a la fundación Miranda porque estaba fuera de sus competencias pedir el despido del presidente de una fundación privada y la Alcaldía decidió contratar a abogados externos, quienes pusieron menos palos en su camino.

El despacho de abogados Acies también fue contratado por los ayuntamientos de Eibar y Ermua para personarse como acusación en relación con el vertedero de Zaldibar, lo cual fue denunciado por EH Bildu

Por último, cabe destacar que el despacho de abogados Acies también fue contratado por los ayuntamientos de Eibar y Ermua para personarse como acusación en el Juzgado de Durango en relación con el vertedero de Zaldibar, lo cual fue denunciado por EH Bildu en su momento. Ello obligó al partido socio de Gobierno en el ayuntamiento de Ermua, el PSE-EE, a reconocer que había decidido replantearse su decisión y así silenciar la hipótesis de que este despacho no fuera idóneo por su supuesta vinculación al PNV. A su vez, el alcalde expresó “disculpas públicas” a la empresa y anunció que “sin duda ninguna son unos magníficos profesionales, cuya profesionalidad está libre de cualquier duda.”

Independientemente de la capitación de la empresa, en Barakaldo no han tenido ningún reparo en contratar al bufete Acies sin seguir los pasos que establece la legislación. “Este no es el primer caso de irregularidades flagrantes que denunciamos”, explica Itziar Celis, portavoz de Elkarrekin-Podemos en el consistorio, a Hordago-El Salto, “pero posiblemente sea el más grave hasta la fecha.”La parte afectada (14:00, 9/10/2021)
Acies Abogados S.L. ha expresado mediante una carta a Hordago-El Salto que no tiene “adscripción política alguna” y que prestan sus servicios “manteniendo la independencia como un valor de la máxima importancia”. Sobre las relaciones profesionales que durante los últimos años han mantenido con el Ayuntamiento de Barakaldo, el bufete indica: “no nos consta [que] se haya incurrido en ninguna irregularidad y los servicios se han prestado con el rigor y solvencia técnica que nos caracterizan.”

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