Denunciamos la presencia de dos perros enjaulados en plena vía pública en San Vicentejo (Condado de Treviño)

Nuestra asociación ha interpuesto una denuncia formal ante el Ayuntamiento de Condado de Treviño, por la presencia de dos perros enjaulados en plena vía pública en la pedanía de San Vicentejo, perteneciente a su jurisdicción administrativa.

En efecto, los animales se ven obligados a vivir en espacios delimitados por sendas vallas, dotados cada uno de una caseta, donde se acumulan heces viejas y recientes, lo que convierte al lugar en un foco de infección y pésima salubridad. Todo ello unido al hecho de que los citados animales viven en la práctica a la intemperie en pleno otoño/invierno, pues las casetas apenas les cobijan de dicha situación, muy dura en la zona durante estos meses.

Por lo que sabemos, no es la primera vez que los responsables son denunciados, ante el escenario de desamparo de los canes, a pesar de lo cual la situación no parece haber cambiado en lo sustancial. En este momento, el Juzgado de lo Penal nº 2 de Miranda de Ebro tramita una denuncia presentada ante la Guardia Civil de Treviño el pasado 27 de noviembre por un vecino de Madrid que vió casualmente la situación de los perros durante una visita turística a San Vicentejo (pedanía conocida por su ermita románica).

La ley autonómica de Castilla y León (1997) establece en su artículo 4.1 (Obligaciones de los poseedores o propierarios) que “El poseedor de un animal, y subsidiariamente su propietario, es el responsable de su protección y cuidados, así como del cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en esta ley. A tal efecto, deberán mantenerlo en buenas condiciones higiénicas y sanitarias, procurándole instalaciones adecuadas para su cobijo, proporcionándole alimentación y bebida, dándole oportunidad de ejercicio físico y atendiéndole de acuerdo con sus necesidades fisiológicas y etológicas en función de su especie y raza, y cumplimentar las formalidades administrativas que en cada caso procedan. Asimismo, deberá realizar los tratamientos sanitarios declarados obligatorios”. Entendemos que de dicho artículo cabe deducir un claro incumplimiento por cuanto al caso que nos ocupa.

El artículo 4.2 de la misma normativa ofrece un listado de prohibiciones, entre ellas:

4.2.a “Matar, maltratar a los animales, o someterlos a prácticas que les puedan producir padecimientos o daños injustificados”.

4.2.f “No facilitarles la alimentación adecuada para su normal y sano desarrollo”.

4.2.g “Mantenerlos en instalaciones inadecuadas desde el punto de vista higiénico‑sanitario y con dimensiones y características inapropiadas para su bienestar”.

Tales apartados no hacen sino abundar en el incumplimiento de la normativa de aplicación, por cuanto los animales están siendo objeto de una práctica que les produce padecimientos y daño injustificados. Además, de nuestra inspección cabe acreditar que no tienen a su disposición ni comida ni agua en las condiciones exigidas. Y dicta el sentido común que es el entorno por completo inapropiado para su bienestar.

Cualquiera de los segmentos legales aludidos debería ser suficiente para una aplicación punitiva de la Ley, y más aún cuando resulta obvio que todos y cada uno de ellos responden objetivamente a los hechos que aquí se denuncian.

A nuestro juicio, el escenario supone un evidente maltrato continuado y sin justificación posible, que en lógica consecuencia menoscaba de forma muy seria los intereses de las víctimas.

Aunque tal comportamiento supone en sí mismo una mala praxis administrativa, nos cuesta pensar que tanto en este caso como en otros de similar naturaleza los poderes fácticos actúen como reales encubridores del delito, siendo que en el medio rural funciona una suerte de «pacto de silencio», o lo que es lo mismo, hacen la vista gorda aunque el texto legal de aplicación no se preste a interpretación alguna. Siendo que nosotros lo percibimos con dolorosa nitidez, estaríamos ante una situación que bien podríamos calificar de «corrupción administrativa enquistada», característica que agrava aún más si cabe el escenario.

Así pues, le recordamos al alcalde que el Ayuntamiento que preside tiene no solo la potestad legal para gestionar las denuncias externas, sino la obligación paralela de actuar de  oficio ante cualquier vulneración de la ley que observe.

Esperamos una actitud inmediata y contundente por parte de la máxima autoridad local, pues nada que no sea un burdo desprecio por sus intereses más elementales puede explicar la execrable costumbre de condenar a los animales a semejante martirio psicológico.

ATEA desea recordar que el bienestar de cualquier animal no pasa en exclusiva por tener constantes vitales y estar bien nutrido, sino que tal concepto engloba algo más genérico e inclusivo, que nuestro sentido común debería identificar sin dificultades: tener cubiertas todas sus necesidades, tanto físicas como psíquicas, como pueden ser el ejercicio físico y el equilibrio emocional. Nos resulta palmario que los perros mencionados ven truncados de manera burda aspectos tan esenciales para cualquier ser sensible.

Creemos que una sociedad que quiera merecer la etiqueta de progresista no puede olvidar el buen trato a los animales en dicha virtud comunitaria, por cuanto tanto ellos como nosotros mismos tenemos intereses, siendo el principal el disfrute de una existencia agradable. Y reiteramos que aquí la empatía vuelve a ser la piedra angular de todo comportamiento ético.

Le recordamos al primer edil ―aunque debería ser innecesario― lo que supone para un animal sociable y gregario como el perro la permanente condena a la soledad y a las  inclemencias meteorológicas, además ―y sobre todo― de a la frustración de no poder establecer relaciones ni con congéneres ni con humanos. Como puede apreciarse por las imágenes que se aportan, el entorno dista mucho de ser el adecuado para cualquier animal, sea de la especie que sea, y desde luego no lo es para un perro.

ATEA

[Asociación para un Trato Ético con los Animales]

www.ateaweb.org