Escrito por la Dra. Natalia Prego Cancelo

NO NECESITAMOS A ESTA OMS

“La OMS y los conflictos de intereses: La salud mundial en riesgo”

A lo largo de la historia se han cometido innumerables crímenes en nombre de la ciencia y de la obediencia. 

En esta “era Covid” también esto ha ocurrido.

No podemos ser “seguidores ciegos de la OMS” y los que lo han hecho y lo siguen haciendo deben de reflexionar y rectificar.

Tan pronto como alguien se da cuenta de que está equivocado, simplemente puede admitirlo. 

No es difícil y esto es lo que tenemos que esperar de las personas que nos rodean para comenzar a construir algún tipo de confianza y vivir en una comunidad y sociedad que respete los derechos de todos, nuevamente. 

Por el bien de la humanidad es necesario que nadie vuelva a caer en la “propaganda” difundida por la OMS, ni en ningún charlatanismo gubernamental.

Eso no puede pasar nunca más.

Es necesario redactar una nueva legislación que proteja a la sociedad, defendiendo la libertad de expresión, investigación y tratamiento de los médicos que cuestionan normas injustificadas y no argumentadas que la OMS hace y que quiere seguir haciendo y potenciando en un futuro cercano.

Tenemos que dejar que los médicos y los científicos usen su propia iniciativa en lugar de actuar como robots, a través de la obediencia ciega y anuladora de todo pensamiento racional y libre.

La mayoría de los médicos no solo deben decir “nos engañaron”, también deben admitir un “lo siento, seguí ciegamente el consejo de las autoridades sanitarias en lugar de hacer mi propia investigación independiente”.

Al admitir que fueron engañados, admiten que no cumplieron con la diligencia debida y que no actuaron a favor del mayor beneficio de sus pacientes.

Aun así, señalar solamente a quienes dieron las órdenes es sencillamente una forma de intentar no asumir sus responsabilidades.

Mantener una total separación de los conflictos de intereses en el ámbito de la salud es un desafío complejo y continuo. Actualmente, es imprescindible, algo que la OMS no es capaz de darnos en favor de la salud, que es, la separación de la medicina, de los conflictos de intereses y de la política de sus inversores. Los recursos financieros del sector privado, plantean dilemas éticos y la autonomía de la OMS está comprometida en la toma de decisiones imparciales.

Cuanto más entrelazados están las subvenciones, los negocios y los políticos con la medicina, más avanza la OMS por el camino de la pesadilla distópica al utilizar la ciencia y la salud como armas de dominio y sometimiento social.

Esta OMS no la necesitamos.

La OMS no se preocupa por las libertades fundamentales y los derechos civiles.

El pasaporte sanitario es discriminatorio en la medida que se otorga prioridad al ejercicio de derechos y a todo tipo de servicios a las personas que se han vacunado. Además conduce a un uso indebido de información personal íntima.

Debemos instar al gobierno a celebrar audiencias y tomar medidas inmediatas para detener a la OMS.

Ceder autoridad a una entidad internacional que crea reglamentos y tratados y pretende que tengan un rango y jerarquía superior a las leyes, fuera de los parámetros de las Constituciones de cada país, es un acto de traición y desprotección hacia los ciudadanos.

La OMS desea poner bajo su dominio a todas las naciones del planeta.

La falta de límites específicos a los poderes de emergencia de la OMS, en el tratado propuesto, resulta en una verdadera pérdida de libertades públicas y derechos fundamentales.

La OMS no ha abordado, en ninguna forma, la revisión del manejo de la última “pandemia”, cuando se refiere a “lo que hemos aprendido de la pandemia Covid” en realidad no reconoce ninguno de los errores cometidos. En verdad pretende perseverar en ellos.

El tratado de pandemias busca ampliar el alcance y poder de la OMS y transferir la toma de decisiones hasta el nivel de convertir a la organización en estado-nación con poderes por encima de todos los estados.

De esta forma, su director puede reemplazar la autoridad de los 194 estados miembros con el poder de una organización no electa y, en la práctica, privatizada.

Sus dirigentes tienen condición de diplomáticos y no pueden ser juzgados de forma ordinaria, por lo que el riesgo de cometer errores con impunidad e irresponsabilidad es extremadamente alto.

Además, la OMS, porque así lo pide la ONU, se arroga poderes para combatir la “infodemia”. La Organización Mundial de la Salud ha venido refiriéndose a un concepto en paralelo a la pandemia por coronavirus: la “infodemia”. La OMS reconoce que se trata de una cantidad excesiva de información ‒en algunos casos correcta, en otros no‒

Capacidad para censurar la difusión de información, “sea precisa o no”.

Basta sencillamente con que esa información pueda cuestionar sus narrativas, para que aun siendo precisa pueda ser considerada infodemia.

La OMS quiere tener poderes para poder tachar de desinformación argumentaciones científicas precisas, aun cuando no sean falsas ni engañosas.

La OMS se erige en juez y parte de lo que se puede opinar a todos los niveles, científico, técnico o personal.

Ningún sistema democrático que se respete, ni siquiera un régimen autoritario o un gobierno ilustrado, permitiría nunca que una organización tomara decisiones vinculantes, dejando de ofrecer recomendaciones no vinculantes para imponer obligaciones, que no solo pueden conllevar sanciones, sino también la suspensión de Derechos Humanos Fundamentales.

Una organización capaz de censurar a miles de médicos y científicos que cuestionan en ciencia, cuando sabemos que el análisis y el cuestionamiento es la base del desarrollo de la ciencia, no puede ser respetada.

Sus políticas son contrarias a cualquier avance en la salud, por imponer y no considerar diferentes enfoques de resolución hacia un mismo problema, diferentes tratamientos para una misma enfermedad.

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En la imagen, un momento trascendental en la historia de los Juicios de Núremberg, específicamente durante el Juicio de los Médicos, que tuvo lugar en Alemania después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Los jueces del Tribunal Militar se encuentran sentados, prestando atención con seriedad y solemnidad a los testimonios y pruebas presentadas durante el juicio. Su papel crucial en el proceso judicial es evidente en la imagen, ya que son responsables de hacer justicia y establecer la verdad en un período tumultuoso y devastador de la historia mundial.

De izquierda a derecha, se encuentran Harold L. Sebring, Walter B. Beals, Johnson T. Crawford y Victor C. Swearingen. Estos hombres, investidos con la autoridad y el deber de impartir justicia, enfrentaron la tarea de evaluar cuidadosamente las evidencias y testimonios presentados ante ellos. Su responsabilidad era juzgar las acciones de los médicos nazis acusados de participar en experimentos humanos aberrantes entre ellos varios experimentos de vacunas, medicina, drogas, etc. sobre humanos en los laboratorios del Tercer Reich nazi totalitario y el asesinato en masa de seres humanos inocentes. Estos crímenes atroces violaron los derechos humanos fundamentales, incluido el consentimiento médico informado, y dejaron un legado de sufrimiento y destrucción.

En la imagen, Karl Brandt en juicio en Nuremberg. El Dr. nazi Karl Brandt, que experimentó con humanos, en su juicio en Nuremberg, 1945.

El número de acusados en este juicio es notable. De los 23 acusados, veinte eran médicos, lo que demuestra el alcance y la participación sistemática de profesionales de la salud en estas atrocidades. La magnitud de las acusaciones y la importancia de llevar a los responsables ante la justicia no deben subestimarse. Estos juicios no solo buscaban establecer la culpabilidad individual de los acusados, sino también sentar las bases para la protección de los derechos humanos y la ética en la investigación médica en el futuro.

El veredicto final fue diverso en sus consecuencias. Siete de los acusados fueron absueltos, lo que sin duda generó controversia y debate. Sin embargo, siete de ellos fueron condenados a la pena de muerte, lo que refleja la gravedad de sus crímenes y la necesidad de una justicia proporcional. Los demás acusados recibieron condenas de prisión que oscilaron entre diez años y cadena perpetua, asegurando que se hiciera justicia y se tomaran medidas para prevenir futuros abusos similares.

La imagen representa un momento crucial en la historia de los juicios posteriores a la Segunda Guerra Mundial, destacando la importancia de la rendición de cuentas y la búsqueda de la verdad. Estos juicios no solo marcaron un precedente en la lucha contra la impunidad, sino que también sentaron las bases para el desarrollo de principios éticos y legales en la investigación médica, garantizando la protección de los derechos humanos básicos y el consentimiento informado en futuros avances científicos y médicos.

El Código de Núremberg fue publicado el 20 de agosto de 1947, tras la celebración de los Juicios de Núremberg (entre agosto de 1945 y octubre de 1946).

En abril de 1947, el Dr. Leo Alexander sometió a consideración del Consejo para los Crímenes de Guerra diez puntos que definían la investigación médica legítima.

Entre ellos, se incluye el consentimiento informado, la ausencia de coerción y la experimentación científica fundamentada.

En la imagen Pasaporte Nazi

Cuando los nazis ascendieron al poder en Alemania en 1933, la nación contaba con una constitución que, en teoría, garantizaba la libertad de expresión y la libertad de prensa. No obstante, el ascenso al poder del Partido Nazi marcó el comienzo de un proceso sistemático para socavar estos derechos civiles y destruir la democracia alemana. A través de una serie de decretos y leyes, los nazis llevaron a cabo una campaña deliberada para consolidar su control autoritario y restringir cualquier forma de disidencia.

El régimen nazi aprovechó la crisis política y económica que atravesaba Alemania para justificar sus acciones y presentarse como la única solución para la estabilidad y el renacimiento del país. A medida que el partido se consolidaba en el poder, comenzaron a implementarse medidas represivas para limitar la libertad de expresión y sofocar cualquier crítica al gobierno.

Uno de los primeros pasos para restringir la libertad de expresión fue la promulgación de la Ley Habilitante en 1933. Esta ley otorgó al canciller Adolf Hitler y al gobierno nazi poderes legislativos prácticamente ilimitados, lo que les permitió promulgar decretos y leyes sin la aprobación del Parlamento. Aprovechando este poder, los nazis comenzaron a promulgar una serie de leyes y regulaciones que minaron gradualmente los derechos civiles y la libertad de expresión.

La ley de Protección del Pueblo y del Estado (Gesetz zum Schutz von Volk und Staat): promulgada en febrero de 1933, fue utilizada por el régimen nazi para suspender la libertad de expresión y de prensa en casos de “peligro para la seguridad pública”. Proporcionó al gobierno poderes amplios para detener y restringir a los opositores políticos y a los medios de comunicación críticos.

El Decreto del Presidente del Reich para la protección de las personas y el estado de la Autoría del Canciller (Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat): emitido en febrero de 1933 por el entonces presidente alemán, Paul von Hindenburg, suspendió varios derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión, incluyendo la libertad de prensa, de reunión y asociación. Fue una medida inicial que allanó el camino para leyes más restrictivas.

A medida que el control totalitario se afianzaba, se impusieron restricciones adicionales y se intensificó la censura, creando un clima de miedo y represión en el que la crítica al gobierno nazi se volvió ilegal y peligrosa. Las críticas al régimen nazi se consideraban una amenaza y se utilizaron como justificación para la represión y la censura. Las voces disidentes fueron silenciadas, y se establecieron mecanismos de vigilancia y control para asegurar el cumplimiento de las restricciones impuestas.

Además de estas leyes específicas, el régimen nazi utilizó una variedad de tácticas coercitivas, incluida la intimidación, el acoso y la violencia, para silenciar a los opositores.

La persecución y represión de la libertad de expresión y la disidencia se convirtieron en pilares fundamentales del sistema nazi, ya que permitían al partido ejercer un control total sobre la sociedad y difundir su propaganda sin obstáculos.

El régimen nazi también estableció agencias de control de la prensa y la comunicación, como la Cámara de Cultura del Reich y el Ministerio de Propaganda dirigido por Joseph Goebbels. Estas instituciones se encargaron de regular y manipular la información que se transmitía al público, promoviendo la propaganda nazi y silenciando cualquier visión contraria.

Además de las leyes y los mecanismos de control, los nazis emplearon una estrategia de adoctrinamiento sistemático para moldear las mentes y la opinión pública. A través de la educación, los medios de comunicación y las organizaciones juveniles, el régimen buscaba inculcar los valores nazis y suprimir cualquier forma de pensamiento crítico. El control de la información y la manipulación de la verdad se convirtieron en herramientas esenciales para mantener la adhesión y el apoyo al partido nazi.

El régimen nazi proporciona un recordatorio sombrío y alarmante de los peligros de la supresión de la libertad de expresión y la limitación de los derechos civiles. Sirve como un llamado constante para proteger y preservar estos derechos fundamentales en todas las sociedades, con el fin de evitar que se repitan los abusos y la opresión que caracterizaron el régimen nazi.

EN REALIDAD, NO NECESITAMOS A ESTA OMS.