Ya está, ya ha comenzado. Por fin. Se les acaba el chollo. Resulta que el Tribunal de primera instancia de Bruselas ha dado este miércoles 30 días al Estado belga para que retire todas las medidas antiCovid en vigor que restringen la actividad, el empleo o la movilidad, según ha adelantado el diario El Mundo. Asimismo, los magistrados dan un mes para actuar e imponen una sanción de 5.000 euros por cada día de retraso.

La decisión llega tras una denuncia presentada por la Liga de los Derechos Humanos en nombre de todos los belgas, según informan los medios locales. “Reprochan a las autoridades haber adoptado medidas liberticidas por derecho menoscabando “las normas constitucionales y / o legales que le exigen abstenerse o actuar en una dirección determinada”, en cita recogida por Le Soir.

Se trata de una cuestión de forma y no sólo de fondo. La Liga de los Derechos argumenta que “ninguna de las tres leyes invocadas por el estado belga para restringir las libertades de los belgas sirve como base subyacente para el decreto ministerial” aprobado. El decreto ministerial, subrayaron dos letrados citados, “viola el principio de subsidiariedad del derecho penal, la obligación de consultar al Consejo de Estado y el principio de seguridad jurídica”.

En octubre de 2020, tras una eternidad en un limbo político, Bélgica logró formar Gobierno. El nuevo presidente, Alexander de Croo, adoptó inmediatamente una batería de medidas infinitamente más severas que sus predecesores en funciones. Los bares, restaurantes, locales de ocio y de deporte están cerrados desde entonces. Una familia sólo puede recibir a una persona ajena al hogar y a burbuja social al aire libre está limitada a cuatro personas. Hubo un amago de flexibilización hace unas semanas, pero tras constatar que los números son muy preocupantes se volvió a imponer los límites previos. Bélgica ha prohibido también los viajes no esenciales, a un nivel casi sin igual en la UE y pese a las protestas de las instituciones europeas, que recomiendan a los 27 que los desplazamientos “se desaconsejen”, pero no impidan.

Ahora, sin embargo, el revés legal es importante. La Justicia belga considera que el Estado no ha seguido los trámites adecuados y que, por tanto, las medidas no son legales y deben ser levantadas. El Ejecutivo se amparó en una Ley de mayo de 2017 aprobada tras el desastre de Ghislenghien, una fuga de gas que causó una terrible explosión y la muerte de 24 personas y dejó cientos de heridos. El Juzgado de Primera Instancia explica en el auto dictado esta mañana que esta ley marca “de manera restrictiva y previsible los poderes conferidos al ejecutivo”, y que la situación provocada por Covid-19 no queda cubierta por este marco legal. “El cierre de establecimientos (culturales, festivos, deportivos, recreativos, eventos, catering, profesiones de contacto), la suspensión de la educación obligatoria, la limitación de reuniones públicas o privadas, la limitación de movimiento desde y hacia Bélgica van mucho más allá de lo contemplado bajo los términos requerimiento y evacuación”, dice el Tribunal de Bruselas.

El Gobierno es plenamente consciente desde octubre de que la base legal de sus acciones era, como poco, endeble. Pero eso no ha impedido que siguiera adelante mientras se tramita la llamada Ley Pandemia, que ofrecería y probablemente ofrecerá un marco ahora sí sólido para este tipo de medidas. Hoy mismo el Parlamento debatirá sobre esa vía legislativa. Pero hasta que no tenga luz verde De Croo tiene intención de continuar y lo esperado es que presente un recurso inmediato para frenar esa decisión. Si algo funciona bien en Bélgica son, precisamente, los recursos, capaces de dilatar un proceso durante meses o años.