Escrito y publicado por el periodista Alberto Uriona en su página web (noticia en euskalnews.com de manera íntegra):

La sentencia del llamado caso De Miguel, el cobro de comisiones por obras públicas en el Parque Tecnológico de Álava que va a llevar a la cárcel a ex dirigentes del PNV, ha roto el espejismo del oasis vasco, el término que se ha acuñado para desvincular a Euskadi de la la lacra de la corrupción.  Pero los casos de corruptelas o deficiente gestión del dinero público son múltiples y variados. Aquí va una lista de 26 episodios, muchos de ellos sin condenas para sus responsables al ser archivados por la Justicia.

El caso Epsilon fue el frustrado proyecto automovilístico impulsado hace 11 años por el Gobierno de Juan José Ibarretxe que causó pérdidas de 16 millones al Ejecutivo vasco por un aval que concedió en 2009 en contra de informes técnicos. El agujero llegó a los 50 millones de euros, la mayoría de ellos de ayudas del Gobierno central, y lo más llamativo es que los promotores pusieron solo un capital social de 90.000 euros para recibir esos 50 millones en créditos y subvenciones. El único imputado era Julián Sánchez Alegría, presidente de los parques tecnológicos de Euskadi hasta 2009, a quien la juez le acusó de los delitos de prevaricación, administración desleal y malversación. La Audiencia de Álava archivó el caso al argumentar que el edificio sin uso desde entonces “tiene un valor superior”.

El caso Hiriko giraba sobre el fallido coche eléctrico vasco, impulsado por empresarios y ex altos cargos del PNV, en el que otra juez confirmó tres delitos: malversación de caudales, apropiación indebida y delitos fiscales. La Fiscalía concluyó que 6,4 millones del total de 18,9 procedentes de las instituciones habían sido desviados para lucro personal u otros fines. La Audiencia de Álava también lo archivó porque, pese a existir indicios incriminatorios, son “débiles e insuficientes” y que la “alegría” con la que se usó el dinero fue sancionada en la vía mercantil, donde tuvieron una condena leve.

El caso Dennokinn versaba sobre  presuntas irregularidades en la concesión de una subvención por parte de la Diputación de Álava en 2011 a esta entidad sin ánimo de lucro creada por personas cercanas al PNV (la exdiputada foral Arantza Zenarruzabeitia, su entonces ‘número dos’ y actual director de Presupuestos del Gobierno de Iñigo Urkullu, Hernando Lacalle, y un funcionario). La investigación de la Fiscalía, apoyada en un informe de la Ertzaintza, concluyó que 125.000 euros de los 337.000 que percibió Denokinn no estuvieron justificados, entre ellos el dinero público alavés que se destinó a una iniciativa en Bizkaia que nada tenía que ver.

La juez vio delitos de prevaricación y malversación pero el caso fue archivado en diciembre 2017 por la Audiencia de Álava  debido a un defecto de forma y porque, pese a que “sin duda hay indicios” del “escaso control sobre en qué gastaba Denokinn el dinero recibido”, no hay indicios claros de “sustracción de los caudales públicos”, señala el fallo.

El llamado caso Pinosolo, un supuesto trato de favor a dos empresas para que se adjudicaran la construcción de un polideportivo en Leioa (Bizkaia) de casi 60 millones de euros. Una comisión de investigación en el Ayuntamiento dio por probado que Arcain, el arquitecto y Aros colaboraron con el exalcalde Eneko Arruabarrena (actual director gerente de Metro Bilbao) y el exconcejal Jon Loizaga, ambos del PNV, antes de que se convocara el concurso. El polideportivo no se ha llegado a construir nueve años después de la adjudicación.

Pero este caso quedó archivado por la Fiscalía a finales de 2015 por la prescripción de los hechos. El denunciante del caso, un arquitecto que difundió un video con anomalías (“el concejal me dijo que estuviera con el pico cerrado”), ha pagado un precio alto. “Después de aquello, yo no he vuelto a trabajar con la Administración. Ya ni me presento a concursos”, ha afirmado.

El caso Ibarzaharra, afectó a dos ex altos cargos del PNV (Juan Cruz Nieves, ex diputado foral en Bizkaia, e Iñigo Camino, ex director de Radio Euskadi y Deia) que cobraron casi 300.000 euros de esa sociedad pública sin ir a trabajar. Un contundente informe de la Inspección de Trabajo de Bizkaia certificó las irregularidades sobre la existencia de “una relación laboral simulada” pero el juzgado lo archivó en 2015 porque las pruebas eran “insuficientes”.

El caso Margüello, las irregularidades en la externalización de servicios sanitarios a empresas vinculadas al doctor José Carlos Margüello en la Sanidad pública vasca entre 2006 y 2009, quedó instruido por el juzgado con la petición de penas de hasta 6 años de cárcel para el principal imputado, otra empresaria y dos altos cargos de Sanidad, acusados de prevaricación y malversación. Tras el juicio, la Audiencia de Bizkaia solo condenó por prevaricación a tres de los cuatro acusados con una pena mínima: entre siete y nueve años de inhabilitación y sin prisión.

La planta de purines de Bizkaia fue un proyecto puesto en marcha a comienzos de 2000 para resolver el problema medioambiental de los residuos ganaderos en la zona de las Encartaciones, con ríos contaminados. Pero, tras recibir 11 millones de euros de ayudas públicas, tanto de Euskadi como del Gobierno central, se quedó paralizado por su falta de viabilidad. Solo se recuperaron 750.000 euros y, como recuerdo, un esqueleto de hormigón. La Audiencia de Vizcaya condenó a un ex alto cargo del Gobierno vasco, Martin Ascasibar, y a otros dos ex cargos locales del PNV a pagar 2,3 millones de euros por el fraude.

El caso Balenciaga condenó a cuatro años de cárcel al ex alcalde de Getaria, Mariano Camio, por dos delitos de administración desleal y otro de falsificación continuada en la construcción del museo Balenciaga, un proyecto que tenía un presupuesto de 4,8 millones de euros y acabó costando 30 millones.

El caso Bravo supuso la condena de 10 años de cárcel al exjefe de la Hacienda de Irún José María Bravo, por apropiarse de 1,9 millones del dinero que le entregaban deudores de la Hacienda guipuzcoana. En septiembre pasado, su hermano, el ex senador del PNV Víctor Bravo, fue enjuiciado por su implicación en el caso debido a un fraude fiscal de hasta 1,8 millones de euros.

El caso Ibarra afectó a otro alto funcionario de la Hacienda en Euskadi. En este caso, al máximo responsable de la Inspección Fiscal en Bizkaia (el encargado por velar que los vizcaínos paguen sus impuestos), Juan Ramón Ibarra, quien fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por beneficiar a cerca de 200 contribuyentes al simular que estaban siendo investigados por la Hacienda vizcaína cuando en realidad no había ninguna actuación sobre ellos.

El llamado caso Zubiaurre, el ex director de una sociedad pública quien reconoció en el juicio el espionaje informático de datos urbanísticos, quedó archivado en 2016 por un error de forma de la Fiscalía. 

Las irregulares prácticas en los ayuntamientos

En los ayuntamientos vascos ha habido variadas prácticas irregulares. La más importante hasta ahora  (y casi desconocida para la opinión pública) fue la del  alcalde de Mallabia entre 1991 y 1995, Juan Luis Pagalday (PNV), quien fue condenado a tres años y seis meses de prisión por los delitos de malversación de fondos públicos y falsedad en documento oficial: se embolsó, junto a la secretaria-interventora, casi 400.000 euros, procedentes de un proyecto de un polígono industrial. Tras una larga instrucción iniciada en 2006, la Audiencia de Bizkaia les condenó en 2007 a 7 años de cárcel, una pena rebajada a la mitad por el Tribunal Supremo en 2009.

El ex alcalde de Bakio durante 16 años (de 1995 a 2011) Txomin Renteria, fue condenado en 2018 a 8 años de inhabilitación de empleo o cargo público  por cambiar de forma arbitraria el contrato de construcción de un centro de talasoterapia. Supuso la exención a una empresa del pago del canon al ayuntamiento: casi medio millón de euros. La sentencia firme del Tribunal Supremo evitó su entrada en prisión al rebajar la condena fijada anteriormente por la Audiencia de Bizkaia, que le impuso dos años y medio de cárcel.

Mejor le fue al ex alcalde de Zierbena, Marce Elorza, quien se sentó en el banquillo con una petición de tres años y medio de cárcel por malversación de fondos públicos y delitos societarios en una sociedad pública municipal. La acusación se fundamentaba en que mantuvo a otro concejal cobrando un sueldo de alta dirección -51.812 euros anuales- de una sociedad pública cuando ya no dirigía nada y sin un contrato durante más de un año. Fue absuelto por la Audiencia de Bizkaia que estimó no han “sustraído ningún caudal” ni ha habido “desviación de fondos públicos”. Y con una curiosa argumentación: la administración puede hacer todo lo que no tiene prohibido.

Una ex concejal de Urbanismo en Erandio, Itziar Koba (PNV), fue condenada a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa al permitir la actividad sin licencia de una empresa dedicada al reciclaje y el ex alcalde de Muskiz Gonzalo Riancho (EA) fue condenadoigualmente a siete años de inhabilitación por adjudicar de forma verbal un contrato.

El ex alcalde de Errrigoiti, Iñaki Madariaga (PNV), fue condenado a un año de cárcel por atropellar a un vecino y estuvo implicado en otro caso de otros cuatro delitos electoralespor empadronamiento ilegal de vecinos.

El ex alcalde de Lemoa, Javier Beobide (PNV),  se gastó 16.000 euros en puros y, junto a otro concejal peneuvista y cinco trabajadores,  ingresaron casi 50.000 euros en dietas de kilometraje sin ninguna justificación entre 2007 y 2011. Tras difundirse el caso, que no motivó ninguna denuncia judicial, se dio de baja en su partido. El primer edil de Orozko, Juan Antonio Ollaguenaga (PNV), percibió durante tres años y medio un sobresueldo más de 50.000 euros de una sociedad pública municipal cuando también cobraba su salario  como alcalde.

En Lezama, la Justicia ha anulado hasta en cuatro ocasiones el plan general urbanístico del municipio que beneficiaba a la anterior alcaldesa, Alaitz Etxeandia (PNV), con un pelotazo urbanístico de 5,5 millones de euros.

El más escandaloso y reciente caso en un consistorio afecta al Ayuntamiento de Alonsotegi, con los tres anteriores alcaldes, del PNV, que se sentarán en el banquillo por un agujero económico y la ejecución de obras falsas, un fraude valorado en 17 millones de euros.

Vecinos acosados

Y luego están los casos de corrupción o abuso a vecinos que se enfrentan al poder. El más escandaloso el de Txema Zarate, el vecino de Zamudio acosado desde hace 17 años por el ayuntamiento por la colocación de unas estacas que ya motivó la inhabilitación de la anterior alcaldesa Sorkunde Aiarza (PNV). O el del vecino de Bermeo que ha estado seis años acosado por su ayuntamiento (entonces gobernado por EH Bildu) tras haber denunciado (y ganado) en los tribunales una ilegalidad urbanística en el municipio.

Ahora se encuentran en investigación judicial otros casos como el del presunto fraude en las oposiciones de Osakidetza,  la construcción de un casoplón de 11 habitaciones y 11 baños en un área protegida en Aia (Gipuzkoa) por la familia de una ex concejal del PNV o la indemnización multimillonaria (31 millones) que reclama el empresario Jabyer Fernández a la Diputación de Bizkaia por el frustrado proyecto Habidite.

Que haya 26 casos (además de algunos más que no están en esta lista) relacionados con la corrupción o malas prácticas de gestión pública, además del reciente caso De Miguel, refleja sin ninguna duda que Euskadi no es muy diferente a otras comunidades autónomas españolas. Otro tipo de discurso es negar la realidad y abducir a la ciudadanía.