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La eterna lucha del pizzero de Vallecas contra los narcos, la empresa de vivienda y la policía

A continuación reproducimos un artículo escrito por el periodista Roberto R. Ballesteros y publicado en El Confidencial, sobre el caso de un empresario de Vallecas, quien lleva durante varios años sufriendo un calvario en el mencionado barrio madrileño. Todo lo que leáis a continuación ha sido escrito por el mencionado periodista y publicado en El Confidencial. Nosotros simplemente lo reproducimos, ya que no solo nos ha parecido una noticia muy relevante, sino que nos parece un escándalo que ningún medio de comunicación tradicional (salvo El Confindencial, por supuesto) se haya hecho eco de esta desagradable situación. Dicho esto, vamos al grano. Ahí va el artículo:

«Yo soy de Moratalaz, a ver si me entiendes, a mí no me da miedo nadie«, asegura Javier, un emprendedor de la hostelería de 58 años ‘echao palante’ que lleva más de 30 en el sector. Abrió su primera pizzería en 1990, como refleja el letrero que luce sobre la barra de su actual negocio. Ya entonces se mostró ante el barrio que acogió su comercio como un luchador. «Yo iba a los plenos del Ayuntamiento a denunciar la proliferación de competencia desleal, pues había muchos restaurantes que recibían la licencia sin salidas de humos», protesta el hombre, al que los inspectores sí que llevaban a raya.

«Me exigieron un cuarto de basuras solo a mí», recuerda Javier, que no tenía aquella habitación en su primer local, por lo que decidió trasladarse a la calle Payaso Fofó, a un establecimiento que sí contaba con el habitáculo que le exigían. Pero también en su nueva ubicación le buscaron las cosquillas. «Todos los días me inspeccionaban«, censura. «Me decían que el cuarto de basuras en realidad era un añadido de la comunidad, por lo que me retiraron la licencia», recuerda el empresario. «Eran los de la operación Guateque. ¿Recuerdas? Los que daban licencias a cambio de favores. Aquel escándalo», aclara en referencia a la investigación judicial que encausó a una veintena de funcionarios del Ayuntamiento de Madrid a los que la Fiscalía acusaba de extorsionar a comerciantes a cambio de la concesión de licencias y que luego fueron absueltos.

«Como no me daban la licencia, al final lo dejé, y 12 personas al paro«, afirma el empresario, que decidió entonces unirse al negocio de su mujer, una pizzería que esta había montado en la avenida Pablo Neruda de Vallecas con el dinero que había capitalizado del desempleo tras toda una vida dedicada a su trabajo como administrativa. Esperanza, de 57 años «muy bien conservados», como ella misma se describe, puso por lo tanto todo lo que tenía en 2015 en una aventura empresarial a la que se sumó también Javier y que pasaría de ser un ilusionante proyecto a convertirse en una pesadilla diaria.

El inmueble en el que está ubicado el local resultó ser un nido de narcotraficantes. «Los jefes del clan viven en un piso, pero luego hay otros vecinos que son familiares suyos o colaboradores que les avisan cuando viene la Policía o que les ayudan en la venta», relata el hombre, convencido de que la trama «controla medio edificio».

«Mi hijo cayó en la droga y hoy está muy enfermo», suscribe un residente de la finca que se dispone a entrar en el portal mientras El Confidencial habla con Javier. El vecino tiene que convivir desde 1996, cuando se abrió el edificio y llegaron los miembros del clan, con quienes suministran estupefacientes a chicos como el suyo. «Aquí se reúnen los chavales para hacer botellón y esta gente les vende la droga», insiste Javier al tiempo que señala la acera que hay frente a la pizzería en la que antes de la pandemia tenía dispuesta la terraza. «Suministran a niños, pero luego ninguno de los que proporcionan los estupefacientes tiene antecedente alguno, solo la madre», describe el hombre, que mantiene una guerra abierta con la familia desde que aterrizó en la avenida Pablo Neruda.

Javier lleva más de 30 años haciendo pizzas en Vallecas. (R.R.B.)
Daños que los dueños de la pizzería atribuyen a los narcos. (R.R.B.)

Javier y Esperanza les han denunciado varias veces, porque sus trapicheos les llenaban la terraza de basura y de compradores, pero lo único que han conseguido fue una orden del Juzgado 46 de Madrid de prohibición de comunicación que sigue vigente. «Ellos no pueden contactar conmigo«, subraya. «El alejamiento era imposible de conseguir porque viven aquí mismo», justifica Javier, cuya batalla le ha traído consecuencias directas. «Justo un día que venían a inspeccionarme el local me taponaron la chimenea para que los funcionarios no me renovaran la licencia, pero aun con el conducto trampeado pasamos el examen», recuerda el marido de Esperanza. «Nos han roto los fusibles innumerables veces; yo tengo ahí veinte recambios porque seguro que lo volverán a hacer. Fuimos a juicio y cuando volvíamos de la vista nos los encontramos de nuevo todo roto. El boicot es constante», relata.

«Nos echan silicona en las cerraduras para que tengamos que cambiarlas, ya no sé cuántas veces las hemos tenido que cambiar. El piso de arriba nos derrama constantemente aguas fecales. Nuestro seguro dice que se tiene que hacer cargo el seguro contrario, pero ellos nunca dan parte», cuenta el hombre, que sin embargo apenas da importancia a todos estos ataques materiales que recibe. No son nada en comparación con la «paliza» que él y su esposa recibieron hace cinco años en la puerta del local. Ambos habían ido a la Policía a denunciar el tráfico de droga que propiciaba el clan y los efectos que estaba provocando en su negocio.

El comisario, sin embargo, no les hizo caso, explican. A pesar de esto, al día siguiente, el patriarca de los narcos se acercó a Esperanza y le recriminó que hubiera ido a hablar con la Policía. «Cómo podían saberlo», se pregunta hoy la mujer. «Se supone que lo que yo hablo con un comisario no puede salir de ahí», censura con evidente sorpresa. Minutos después del reproche, se produjo la agresión. «Yo iba a repartir un pedido, llevaba unas pizzas en una mano y una bolsa con bebidas en la otra», rememora Javier. «Nada más salir por la puerta del local, me estaban esperando; se abalanzaron sobre mí una docena de personas, según pudo contar un testigo», agrega. «A mí me rompieron las costillas, y a mi mujer, que en ese momento estaba llegando, le abrieron la cabeza a palos», subraya.

Daños que los dueños de la pizzería atribuyen a los narcos. (R.R.B.)
Javier, en la puerta de su pizzería. (R.R.B.).

«Cuando dejaron de pegarnos, llamamos a la Policía, pero media hora después aún no había llegado y los agresores incluso seguían en la puerta», afirma. «El Samur nos llevó al hospital», añade Javier, que se queja incluso de la actuación de los agentes, pues estos «falsificaron el testimonio» de su mujer. «Pusieron la versión de los narcos en boca de ella«, se espanta el empresario, que todavía protesta porque la Policía solo cogió a tres de los asaltantes. «Pedí una hoja de reclamaciones en la comisaría, pero no me la dieron», critica el hombre, que es consciente del problema del narcotráfico que vive todo el barrio.

«No hay bloque del Ivima en Vallecas que no tenga su camello», contextualiza en referencia al antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid, hoy denominado Agencia de Vivienda Social (AVS), un organismo dependiente de la Comunidad de Madrid dedicado a conceder pisos a personas desfavorecidas y responsable de la finca a la que pertenece la pizzería. Desde la AVS admiten ante El Confidencial que en uno de los domicilios del edificio hay una familia a la se le ha abierto un expediente por «conflictividad» vecinal. «Tenemos detectado y denunciado al propietario por dar problemas de convivencia», reconocen en referencia al capo de los narcos. «Él quiere regularizar su situación, porque tiene dinero, pero nosotros no queremos», sostienen desde la agencia, que en estos momentos cuenta con más de 800 expedientes como éste abiertos por toda la región con la finalidad de recuperar otras tantas viviendas que se encuentran en una situación similar.

Javier, en la puerta de su pizzería. (R.R.B.).

Muchos de estos procedimientos están abiertos porque los inmuebles están ocupados ilegalmente. Otros, porque sus residentes son conflictivos por alteraciones del orden de la comunidad. Y algunos, porque son utilizados como narcopisos, como el de la avenida Pablo Neruda 75. El organismo público, sin embargo, no entra a evaluar en su expediente el motivo de fondo que hay detrás de ese problema de convivencia que alega como argumento para pedir la salida del inquilino, pues el narcotráfico es un delito que compete perseguir a la Policía Nacional. Se limita a señalar que la salida del conflictivo vecino del edificio está pendiente de lo que decida la justicia, como en el caso de los más de 800 expedientes mencionados que actualmente atascan los tribunales. «Hemos recuperado 325 viviendas desde 2019», apuntan desde la AVS para dar visibilidad a su labor. «Estamos cansados de denunciar ante la Delegación del Gobierno muchos casos similares», se quejan en referencia a una concreta zona del Ensanche de Vallecas a la que no pueden acceder ni los funcionarios de la agencia. «Les darían un navajazo», apuntan.

Javier y Esperanza son conscientes de que es la Policía la única que puede hacer algo. Sin embargo, no están contentos con la respuesta del Instituto Armado. Además del sorprendente episodio de la paliza tras hablar con el responsable de las dependencias, han observado otras cosas que no les encajan. «El comisario nos dice que él hace su trabajo, que le ha llevado al juez la documentación para que dé permiso a sus agentes para intervenir, pero alega que éste no termina de darles luz verde«, explica Javier. «Este papel lo firmó el propio comisario y aquí reconoce que esta gente son narcotraficantes», agrega mientras sostiene un escrito con la firma del máximo responsable policial de Vallecas. «Estos son narcopisos protegidos», resume el empresario, que tiene claro que la Policía no está haciendo nada por ayudarles. «El comisario es culpable; estoy seguro de que nos miente, de que en realidad no ha mandado nunca ninguna investigación al juzgado, de que no hace nada», sentencia Javier. El Confidencial ha contactado con la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que rechaza hacer comentarios sobre el caso.

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