En Grecia han sido suspendidos de empleo y sueldo 7.500 trabajadores de la sanidad por no vacunarse. Desde hace 17 días han organizado protestas continuas en lo que constituye la oposición más consistente y sostenida a las restricciones impuestas por el gobierno griego. Cinco de ellos se han declarado en huelga de hambre, según informa mpr21.

“No necesitamos pasaportes de vacunas para ser libres”, dijo ayer Zoe Vagiopulu, uno de los suspendidos ante una multitud de manifestantes en Atenas. Vagiopoulou pronunció un discurso ante el Parlamento que ha conmocionado a las redes sociales griegas.

“Llevamos 17 días en huelga de hambre por el derecho al trabajo. El trabajo es un derecho que nadie nos puede negar. Somos 7.500 familias [refiriéndose al número de sanitarios que permanecen despedidos] fuera del sistema sanitario público, al que contribuyeron nuestros padres y abuelos pero del que estamos excluidos por decisiones permanentes que vulneran la ley y el orden constitucional”.

Vagiopulu es uno de los cinco trabajadores de sanidad griegos que se pusieron en huelga de hambre el 21 de marzo para protestar contra su suspensión y las restricciones relacionadas con la pandemia. El Ministerio de Sanidad griego ha suspendido a todos los trabajadores que no recibieron una dosis de refuerzo antes del 31 de marzo.

En una entrevista, Argyri Kagia, un radiólogo despedido de su hospital en Atenas desde el 1 de setiembre del año pasado por negarse a vacunar, habló sobre la huelga de hambre y las protestas. Desde el inicio de la huelga de hambre, dijo Kagia, los trabajadores suspendidos han establecido una presencia permanente frente al Ministerio de Sanidad griego “todos los días y todas las noches por turnos”. También se están organizando protestas y marchas “hacia varios ministerios y organismos públicos”.

La huelga de hambre representa una fase nueva y sin precedentes de las protestas contra las imposiciones y restricciones relacionadas con la pandemia. Tal vez el equivalente más cercano sea la huelga de hambre iniciada en septiembre del año pasado en Niza (Francia) por dos trabajadores del hospital -Christophe Nait, celador de la sala de urgencias, y Thierry Paysant, oficial de seguridad contra incendios- para protestar contra la vacunación obligatoria en Francia.

Nait y Paysant pusieron fin a su huelga en octubre de 2021.

Los que no se vacunan contra los que no se quieren vacunar

El 30 de marzo, durante una marcha hacia el Parlamento griego, los antidisturbios dispararon gases lacrimógenos contra los manifestantes, incluidos los cinco huelguistas de hambre en silla de ruedas, uno de los cuales resultó herido.

El incidente fue filmado y difundido en las redes sociales griegas.

A diferencia de los trabajadores de la sanidad, en Grecia los policías están exentos de la vacunación obligatoria.

Los antidisturbios escoltaron al ministro de Sanidad griego, Thanos Plevris, conocido por sus vínculos con los fascistas, durante una visita el 4 de abril al hospital de Thriasio, cerca de Atenas.

El silencio de los medios de comunicación

Los principales medios de comunicación de Grecia no han informado de la huelga de hambre de los trabajadores. Desde el inicio de la pandemia en 2020 han recibido 40 millones de euros en subvenciones públicas para sostener el discurso y las restricciones impuestas por el gobierno con el pretexto de la pandemia.

El gobierno griego se ha abstenido de despedir a los trabajadores formalmente, aunque les ha amenazado con ello. El 30 de marzo se prorrogó la suspensión laboral de los trabajadores sanitarios no vacunados hasta el 31 de diciembre, gracias a las protestas y movilizaciones.

Sin embargo, los trabajadores no cobran salario, ni seguro de desempleo, ni cotizan para su pensión. La mayoría sobrevive gracias a la solidaridad y la ayuda de familiares y amigos.

A la cabeza de las restricciones, los pasaportes y las vacunas

Después de Austria, Grecia ha sido el segundo país europeo en imponer la vacunación obligatoriamente a determinados segmentos de la población, exigiendo a cualquier persona de 60 años o más que se vacune antes del 15 de enero o se enfrente a una multa mensual de 100 euros, una suma importante en Grecia, donde la pensión media mensual es de 722 euros.

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad griego reveló que la imposición de la multa se suspendería a partir del 15 de abril y que la medida se volvería a revisar en septiembre.

El gobierno griego también anunció que las segundas dosis de refuerzo, utilizando únicamente vacunas de ARNm (Pfizer y Moderna), estarían disponibles para los ancianos a partir del 7 de abril.

La disponibilidad de la segunda dosis de la vacuna de refuerzo se extenderá a la población general en septiembre.

La multa mensual no ha convencido a la mayoría de los ancianos no vacunados para que se vacunen, ni siquiera para que paguen la multa. De hecho, se calcula que unos 500.000 ancianos siguen sin vacunarse o no han recibido un refuerzo, y sólo el 14 por cien de los multados han pagado la multa.

Los pasaportes de vacunación, junto con las mascarillas, siguen siendo necesarios en Grecia para acceder a muchos lugares públicos y privados, como restaurantes y la mayoría de los comercios, a pesar de que la fecha de caducidad inicial de los pasaportes es el 31 de marzo.

La mayoría de los demás países europeos han levantado estas medidas.

Aunque el gobierno ha insinuado que la exigencia del pasaporte podría levantarse después de la Pascua griega ortodoxa (24 de abril), los funcionarios del gobierno no han especificado una fecha exacta.

Grecia fue el primer país que propuso oficialmente la introducción de pasaportes digitales para vacunas en toda la Unión Europea, y la ampliación de estos pasaportes para incluir la dosis de refuerzo.

Hasta hace poco, Grecia era el único miembro de la Unión Europea que aplicaba un periodo de validez más corto para sus pasaportes vacunales: siete meses para los vacunados y tres meses para los ya infectados con “covid”, en lugar de nueve y seis meses, respectivamente, en el resto de la Unión Europea.

La presión de la Unión Europea llevó al gobierno griego a equiparar la validez de sus pasaportes con la de la Unión Europea a partir del 2 de abril.

A pesar de las restricciones, Grecia ocupa el primer lugar en número de “casos” y muertes atribuidas al “covid”, y el gobierno acusa del exceso de mortalidad al “segmento de personas no vacunadas en los grupos de edad más avanzada”. Otros, sin embargo, tienen una explicación más solvente. Destacan el mal estado de los hospitales públicos griegos como un factor importante. El hacinamiento en los hospitales no se debe al “covid”. Hay un periodo de espera para la cirugía rutinaria y las citas médicas de rutina, las pruebas y la quimioterapia.

Cada invierno, la congestión hospitalaria debida a la gripe estacional se convierte en un tema candente en los medios de comunicación griegos. El sistema sanitario griego se desarrolló con los hospitales en el centro. El médico de familia apenas existe como institución, mientras que las clínicas médicas regionales y locales carecen de personal y están mal equipadas.

Como consecuencia, la gente va al hospital por cualquier motivo, incluso por un simple resfriado, y los hospitales de guardia están saturados. No tienen suficientes instalaciones para tratar a tantos pacientes, y falta personal formado y competente que pueda tomar medidas para mitigar la propagación de las infecciones hospitalarias.

En muchos casos, los equipos médicos de los hospitales públicos no se han sustituido desde que se compraron en 2004, en vísperas de los Juegos Olímpicos de Atenas de ese año. La mayoría de estos equipos ya no son fiables y muchos están obsoletos.

Las medidas de austeridad, que han llevado a profundos recortes en el gasto de la sanidad pública durante la última década, son las culpables. No ha habido nuevas contrataciones en el sistema de salud pública desde 2016 -la primera contratación de este tipo en nueve años-, mientras que el personal médico que se ha jubilado en los últimos años no ha sido sustituido.

Los hospitales griegos no pueden satisfacer las necesidades de la población del país. No tienen suficiente personal y el existente está sobrecargado de trabajo.

Kagia dijo que, aunque un “porcentaje relativamente pequeño” de trabajadores sanitarios no vacunados inicialmente había “sucumbido” y regresado al trabajo, la mayoría no lo había hecho.

También señaló que los trabajadores sanitarios no vacunados que han sido suspendidos de sus funciones no han sido sustituidos, a pesar de las promesas del gobierno en sentido contrario, lo que supone una presión adicional para el sistema sanitario.

Esta presión se achaca a los no vacunados y se utiliza para justificar la continuación de las restricciones.

Según Kagia, los trabajadores no vacunados no sólo luchan por recuperar sus puestos de trabajo. También exigen el fin de la vacunación obligatoria y la preservación de la libertad de expresión.

Un número creciente de trabajadores médicos no vacunados se ha dado cuenta de que, aparte de su situación personal, hay una razón adicional para protestar: la preservación del derecho de todo individuo a conservar su integridad corporal y a hacer lo que crea que es mejor para sí mismo.