Según informa EFE, representantes de la Red Europea contra la Pobreza han reivindicado que la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión rebaje de tres a uno los años de empadronamiento necesarios en Euskadi para acceder a la RGI y que también descienda la edad para poder cobrar esta prestación de los 23 a los 18 años.

Este colectivo ha planteado en comisión parlamentaria en Vitoria sus alegaciones a la proposición de ley que tramita la Cámara vasca a instancias de PNV y PSE-EE, en la que se recoge la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Marta Sáenz y Elena de la Era han detallado a los parlamentarios el análisis que la red ha hecho de esta propuesta normativa, en la que se diferencia entre RGI y RGP (Renta Garantizada para Pensionistas) y se contempla una única RGI por unidad de convivencia, constituida por todas las personas que residan en una misma vivienda con independencia de la relación entre ellas.

Para este colectivo es preocupante que los partidos no hayan acercado posturas en una materia «tan sensible y tan necesitada de legitimidad y consenso», así como por el proceso que se ha llevado para desarrollar la propuesta legal y por no haber incorporado a la misma propuestas de distintas organizaciones de ámbito social.

Por ello, esta red plantea que se superen los debates que «culpabilizan» a los perceptores y que ponen el foco en el fraude, cuando este «es inferior» al que se da en otros ámbitos.

Como marco general la red aboga por aprobar dos leyes en lugar de una, la primera centrada en la garantía de ingresos para las colectivos más desfavorecidos y la segunda centrada en la inclusión de estos.

«Hay que evolucionar del doble derecho a la garantía de ingresos y a la inclusión a dos derechos diferenciados», han señalado ambas representantes, quienes han lamentado que mientras que el derecho a una prestación económica se ha desarrollado, el de la inclusión está estancado y se ha centrado solo en la inclusión laboral, cuando la exclusión social viene determinada por aspectos que trascienden a la falta de empleo.

La red propone que la RGI se vincule a la superación del umbral de pobreza y rechaza la diferenciación entre RGI y RGP, al tiempo que reclama que se vuelva a establecer un año de empadronamiento previo para acceder a esta prestación, plazo que es de tres años actualmente.

Rechaza que la RGI provoque un «efecto llamada» a personas procedentes de otras autonomías y países y se posiciona en contra de que solo pueda recibirse una prestación por vivienda porque esta circunstancia no tiene en cuenta la realidad social.

En este sentido, pide que al menos se permitan dos RGI por vivienda, con posibilidad a una tercera. «Una persona, un derecho individual», han demandado.

La edad mínima para cobrar la RGI debería bajar de los 23 que se señala en la propuesta legal a los 18, para esta red, y los trámites y la información sobre el proceso tendría que ser más clara y transparente para facilitar la comprensión por parte de los perceptores.

En cuanto a los pagos indebidos, esta red cree que la propuesta de PNV y PSE-EE encara esta cuestión de forma «muy complicada» en la que no queda claro «cuáles son las responsabilidades del sistema y cuáles las de los ciudadanos».

Por último, esta organización ha echado en falta la perspectiva de género en la propuesta normativa.

En la comisión también ha comparecido el representante de CCOO-Euskadi, Santiago Martínez, quien ha defendido que la reforma de la RGI deber ser aprovechada «para llevarla a todas las personas» que lo necesiten.

Ha apostado por modificar los requisitos de acceso para lograrlo, por mejorar las cuantías y vincularlas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), por solventar los «problemas de gestión» y por mejorar la información y la «imagen social de la RGI».

Asimismo, ha considerado que lo deseable sería que le reforma legal cuente con un apoyo mayoritario en el Parlamento Vasco.