Escrito por Diego Herchhoren (publicado en mpr21, reproducido en euskalnews.com)

España ingresó en la modernidad del consumo de antidepresivos en la década de 1980, pero es a partir del año 2000 que comienza su edad de oro, cuando empiezan a ser dispensados por el Sistema Nacional de Salud de manera generalizada.

A lo largo de los años, se transformó de manera paulatina lo que inicialmente era un «medicamento para locos» a un complemento de la vida diaria de millones de personas. Todo el mundo aceptó que las drogas suministradas en los centros de salud eran la respuesta a las problemáticas de toda clase que podrían afectar al género humano, y que no había forma de vivir sin ellas.

En los últimos tres años el mandato ha sido que las personas aquejadas de depresión “deben tomar» estas drogas o de lo contrario pondrán en peligro su propia vida, su trabajo o su matrimonio. En este mandato, España ha sido uno de los países más cumplidores con la distribución de psicofármacos que anulaban los aspectos más problemáticos de la personalidad del individuo. Con estos medicamentos, no solo se impedía a las personas llorar o rabiar, también se las impide protestar o cabrearse.

El informe de 2021 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes revela que España encabeza el consumo mundial lícito de ansiolíticos, hipnóticos y sedantes, que en 2020 aumentó un 4,5% y superó las 91 dosis diarias por cada 1.000 habitantes. En 2022 fue de 110 por cada 1.000, según la Organización de Consumidores y Usuarios.

España está teniendo un exceso de sobremortalidad superior al registrado durante los perídos que justificaron el encierro de la población durante 2020 y 2021 (excepto para ir a trabajar), precisamente en el momento en que el Sistema Nacional de Salud más antidepresivos recetó en toda su historia. ¿Qué está impidiendo a sus consumidores hacerse estas preguntas?; ¿qué nos vendieron en este tiempo mientras se suministraba a la gente toneladas de tranquilizantes?.

El gobierno español está en proceso de finalizar y ratificar un Tratado internacional que le daría a la OMS autoridad casi total para dictar las políticas de los Estados cuando este organismo declare una «pandemia». Esto incluye políticas de vacunas, dosificación de medicamentos, políticas de bloqueo de comunicaciones, políticas de cierre de escuelas, rastreo de contactos y comunicaciones e incluso el monitoreo de las redes sociales por si ese discurso va en contra de la narrativa oficial (lo que el gobierno llama «desinformación»). En este tratado se incluye también la distribución de drogas legales a la población.

La idea detrás de la próxima sesión de la Asamblea Mundial de la Salud, dice Tedros Adhanom, director general de la OMS, es comenzar a esbozar un nuevo orden mundial para manejar futuras crisis de salud que ellos mismos declaren.

“No tenemos reglas de juego”, dice Tedros sobre la situación actual. “Para gestionar problemas compartidos, como las pandemias, se necesitan leyes y normas que impongan obligaciones a los países. Eso es lo que adolecemos. Y espero que los países acuerden un pacto vinculante para que las pandemias puedan manejarse mejor”.

Según la OMS, este tratado debe firmarse e implementarse para 2024, por lo que deben pasar muchas cosas antes de 2024. No se trata de ningún colapso ni ningún acontecimiento apocalíptico: se trata de tener una población dócil, y España está siendo la campeona del mundo. Si un día el banco no puede entregar el dinero a sus ahorristas, nada de ingresar a la sucursal y llevárselo; todos a Legálitas. Si vas a trabajar y te encuentras la empresa cerrada, nada de tomarla; todo el mundo al Juzgado de lo Social, que tras tres años de espera, resolverá que corresponde una mísera indemnización. Durante ese tiempo, el goteo de cápsulas será constante.

Cualquier conflicto laboral ya no se resuelve en un sindicato, sino en un consultorio médico. La violencia patronal o de género termina siempre con el consumo de medicamentos que permiten convivir con ella, no erradicarla. Si nos van a echar de casa, el Estado nos proporciona cajas y cajas de benzodiacepinas. Por lo que en esa tesitura, no hay manera de rebelarse ante nada.

No es casualidad que los principales laboratorios hayan regado de millones de euros al sistema sanitario. Para que podamos hacernos una idea, según el portal de transparencia de la compañía Pfizer, un total de 12.333 profesionales e instituciones médicas han obtenido hasta 15.693.773,85€ sólo en España, sólo durante el año 2020, y sólo de la propia Pfizer.

Si en los 80 era la Guardia Civil quien distribuía la heroína en los barrios obreros, hoy lo hace, legalmente, el propio sistema de «salud». El fin es el mismo: una sociedad drogada es una sociedad fácil de engañar y, sobre todo, fácil de explotar.