Un total de 422 denuncias es el balance de las infracciones registradas por la Ertzaintza y las Policías Locales durante los días 5 y 6 de enero en Euskadi por incumplimiento de las incomprensibles restricciones ilegales impuestas por Urkullu. De ese total, la mayoría de las sanciones corresponden todavía al incumplimiento del uso de la mascarilla y a la limitación de la libertad de circulación y grupos máximos, es decir, sanciones ilegales que si las recurres son archivadas (tal y como demostramos en su momento) y no pagarás costas judiciales en el caso de que las hubiera.

Durante los dos últimos días, es decir, la víspera de Reyes y el propio día 6 de enero, la Ertzaintza y las Policías Locales han vuelto a realizar  controles para tratar de evitar desplazamientos indebidos, y velar por el cumplimiento del resto de normas sanitarias. Fruto de esos dispositivos de vigilancia han sido 422 las denuncias cursadas. Del total, 159 infracciones por uso incorrecto o no uso de la mascarilla obligatoria y otras 153 se refieren a incumplimientos a la limitación de movilidad o a la restricción de agrupamientos sociales a un máximo de seis personas. De esa última cifra, 104  han sido cursadas por no respetar las normas de circulación en horario nocturno (salir a la calle a pasear a las once de la noche, por ejemplo).

Otro capítulo de denuncias es el referido al consumo de alcohol en la vía pública que se salda estos dos días mencionados con 50 actas de denuncia. También ha habido 22 denuncias por el incumplimiento de horarios en establecimientos de hostelería y restauración. El resto del balance se reparte en cifras menores por otros conceptos. Por territorios, la acción conjunta de la Ertzaintza y las policías locales se desglosa así: 105 denuncias en Araba, 220 en Bizkaia, y 97 en Gipuzkoa.

30 sancionados en sendos incumplimientos de las normas en Ondarroa y Tolosa

La Ertzaintza intervino en varias situaciones que suponían quebrantamientos de la normativa sanitaria en la víspera de Reyes, en la noche del día 5 de enero. En una plaza de Ondarroa, agentes de Protección Ciudadana identificaron y denunciaron a 12 personas por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Por otra parte, en Tolosa se sancionaba a otras 18 personas por incumplimiento de la normativa después del horario del cierre de la hostelería. Esa misma noche, en Donostia se localizaba un bar abierto fuera del horario permitido y se incoaron actas de sanción a 6 personas por estar en la calle cuando era ya medianoche. También a la responsable del establecimiento por tener el local abierto después del horario establecido.

¿Es esta la Policía que queremos? ¿O es la que quiere el Gobierno Vasco?

Parece que el Gobierno Vasco ya tiene lo que quiere: que los ciudadanos apunten hacia los agentes de la autoridad y no hacía ellos, los políticos, que son quienes imponen estas incomprensibles restricciones. De hecho, en este medio estamos constatando como el buen nombre que habían cogido entre la ciudadanía hace unos meses, al principio de este periodo de locura, ya lo han perdido y muchos ciudadanos les están cogiendo una animadversión tremenda. Y no hablamos del segmento de la población que siempre ha tenido en mal lugar a los agentes y que en cuanto ha podido les ha increpado, no, no. Hablamos de ciudadanos de bien que siempre han respetado e incluso admirado a nuestros agentes de la autoridad, quienes ahora les han perdido todo ese respeto y potencial admiración y consideran que son unos simples cajeros recaudatorios de las arcas públicas. En especial los agentes de Policías Locales.

Lo peor de todo es que hay muchos agentes, posiblemente la mayoría, que se creen que están haciendo el bien. No les importa que no haya ninguna justificación sanitaria que pruebe la efectividad de las restricciones impuestas (el paso del tiempo demuestra más bien todo lo contrario) y no saben que han sido impuestas por un Comité de Expertos sin ningún virólogo en el mismo y dirigido por Jonan Fernández, un activista por la inmigración ilegal sin formación ni experiencia alguna en la materia (ni en eso, ni en nada que no sea ir en contra del TAV o promover el Aita Mari). Pero, los agentes o no se dan cuenta y lo hacen de buena fé, o directamente se aprovechan ya que su trabajo ahora es cuando menos un poco más cómodo. De lo que seguro que no se dan cuenta es que están cometiendo accionea ilegales y que el perjudicado, aparte de recurrir la multa, puede denunciar las mismas. En ese caso, el perjudicado será el agente y no su alto mando, el cuerpo policial en general o el político que le ha mandado saltarse la legalidad vigente para restringir libertades a los ciudadanos. Y las costas no las pagará ni ErNE, ni ESAN, ni SiPE… ni cualquier sindicato en el que se encuentre afiliado el agente: las costas las pagará él de su bolsillo. Y potenciales consecuencias legales, tambien él. Que cada cual haga lo que considere oportuno; también los agentes: Nosotros ya lo haremos si nos vemos afectados de alguna u otra manera: la legalidad (la verdadera) está de nuestra parte.

Redacción de euskalnews.com