Cientos de inmigrantes entran ilegalmente en España todas las semanas, sin filtrar, sin papeles, con la lección bien aprendida y negándose a facilitar sus datos de identificación a la Policía para evitar ser expulsados.

Los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) están saturados y la población ya califica de invasión tantas llegadas masivas y consideran que son alentadas por el mismo Gobierno que olvida su deber de proteger las fronteras, a sus ciudadanos y dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los medios necesarios para repeler las agresiones que continuamente sufren.

Ante las noticias que nos encontramos cada día en los diarios, es evidente que muchos extranjeros, están consiguiendo crear en las calles y plazas de España un miedo, subjetivo y objetivo, en un gran número de población, es una sensación de peligro constante, acrecentado en las grandes ciudades.

Los medios de comunicación tradicionales, tratan de ocultar los delitos que son cometidos por extranjeros, no nombran nacionalidades cuando no son españoles, lo cual ya implica pensar que si lo omiten es porque no es español.

Únicamente debemos detenernos a leer los titulares de los diarios para conocer la situación real de inseguridad en determinadas partes del territorio, se han cometido delitos muy graves, incluso escalofriantes, cómo se suele decir, han venido sin nada, incluso sin miedo.

En muchos casos se sienten impunes debido a decisiones judiciales incompresibles para la mayoría, pero el problema no son los jueces, ya que en «teoría» ellos solo aplican la ley, los culpables de tales sentencias son los legisladores que deben adaptar una legislación acorde a los tiempos convulsos que se avecinan, una legislación contundente que impida la violencia y la agresión hacia los ciudadanos, hacia nuestros Agentes.

La inmigración, cómo cualquier otro suceso social, debe ser controlada, filtrada, y para ello se debe dotar a los encargados de controlarla de los medios necesarios para ello y solo de ese modo desaparecerá la sensación de impunidad para unos y la de inseguridad para otros.

La responsabilidad solo puede recaer sobre los políticos y sobre el Gobierno, ya que si ellos incumplen su deber para con los españoles de proteger y controlar las fronteras, como cualquier otro ciudadano, deberían tener que asumir sus errores y recibir por ello el reproche legal oportuno.