Según la información de la agencia EFE (publicamos literalmente su noticia) y que recogemos en euskalnews.com, representantes de CEAR han reclamado que en la reforma de la Ley de Garantía de Ingresos se rebaje de 23 a 18 la edad para poder acceder a esta ayuda y que se fije en un año y no en tres el empadronamiento exigido.

Además han solicitado eliminar el requisito temporal de empadronamiento para todas las víctimas de violencia contra las mujeres y que se admita la posibilidad de recibir al menos dos RGI por vivienda.

Representantes de la Comisión Española de Ayuda a los Refugiados han presentado en el Parlamento de Vitoria aquellas cuestiones que consideran que se deberían tener en cuenta en la reforma de la ley que regula la RGI presentada por PNV y PSE-EE.

En la proposición de ley se establecen varios requisitos para poder acceder a la RGI como tener al menos 23 años y estar empadronado por lo menos con tres años de antelación, dos en el caso de menores o dependientes a cargo.

Además se plantea la concesión de una RGI por unidad de convivencia, que estaría constituida por todas las personas que residan en una misma vivienda, «con independencia de las formas de relación jurídica, afectiva o familiar existentes entre ellas.

Los representantes de CEAR han pedido rebajar de tres años a uno el tiempo de empadronamiento exigido y han asegurado que en el caso de los inmigrantes este requisito se fundamenta en una visión «negativa y criminalizadora de la migración» del «todo injustificada».

Respecto a la concesión de una RGI por unidad de convivencia independientemente de las relaciones que existan entre las personas que vivan en una misma casa, han destacado que muchos de los perceptores de estas ayudas están compartiendo vivienda sin tener relación familiar, algo que entre la población extranjera es mayoritario por los precios «insostenibles» de los alquileres.

Con el modelo recogido en la ley se trataría de una criterio excluyente que no se corresponde con la realidad de muchas personas y con lograr derechos individualizados, han argumentado, y por ello han planteado que se admita al menos dos RGI por vivienda y que se pudiera completar una tercera de forma excepcional.

Han solicitado también que la norma garantice la protección a todas las mujeres víctima de violencia machista a las que se refiere el Convenio de Estambul, como las víctimas de trata, las de agresiones sexuales y matrimonios forzosos, algo que también ha defendido el Ararteko y Emakunde.

En este ámbito han reclamado que se elimine el requisito temporal del empadronamiento para toda víctima de violencia contra las mujeres.

Además han reclamado rebajar de 23 a 18 años la edad para acceder a la RGI, para, entre otras cuestiones, no truncar los procesos de integración de jóvenes inmigrantes que al alcanzar la mayoría de edad se pueden encontrar solos y sin posibilidad de acceso a ayudas.

También han indicado que tal y como está redactada la reforma de la Ley de Garantía de Ingresos presentada por PNV y PSE-EE quedan fuera de la posibilidad de acceso a la misma las personas a las que se les haya concedido la residencia por razones humanitarias y a quienes se les haya reconocido el estatuto de apátrida, la mayoría de ellos saharauis.

Los representantes de CEAR han abogado por una RGI que «proteja a todas las personas sin distinción» y que garantice el derecho de subsistencia y la inclusión social y laboral. EFE