Varios perros encerrados que iban a ser rescatados de un refugio para animales fueron abatidos a tiros por un ayuntamiento rural de Nueva Gales del Sur, en Australia, en virtud de las restricciones sanitarias, lo que ha alarmado a los defensores de los animales y ha dado lugar a la apertura de una investigación por parte del gobierno, según adelanta mpr21 citando como fuente un rotativo australiano.

El Ayuntamiento de Bourke, en el noroeste del estado, mató a tiros los perros para evitar que los voluntarios de un refugio de animales con sede en Cobar acudieran a recuperar a los animales la semana pasada saltándose el confinamiento. En la localidad no se han producido recientemente “casos positivos” de coronavirus, aunque se han encontrado fragmentos del virus en el sistema de alcantarillado de la zona.

“El Ayuntamiento decidió tomar esta medida para proteger a sus empleados y a la comunidad, incluidas las poblaciones aborígenes vulnerables, del riesgo de transmisión del covid-19”, declaró un portavoz municipal.

El portavoz añadió que el gobierno estaba examinando la matanza para averiguar si se habían infringido las leyes sobre animales de compañía y prevención de la crueldad. Los voluntarios del refugio estaban angustiados y contaban con medidas de seguridad para manejar a los perros, uno de los cuales era una madre reciente.

La militante de Liberación Animal Lisa Ryan pidió una investigación urgente. “Estamos profundamente angustiados y completamente consternados por esta cruel matanza de perros y rechazamos totalmente las inaceptables justificaciones del ayuntamiento de que esta matanza se llevó a cabo aparentemente como parte de un plan seguro de covid”, dijo Ryan.

En marzo, durante un debate presupuestario, a Shelley Hancock, ministra de Administración Local, le preguntaron si sabía que los ayuntamientos disparaban a los animales para aplicarles la eutanasia. No lo sabía. “Si fuera una práctica, me preocuparía, si se tratara de un gato o un perro”, dijo. En una respuesta posterior dijo que los ayuntamientos no estaban obligados a informar al gobierno de cómo mataban a los animales a su cargo.

Basándose en las respuestas de la ministra durante la audiencia, Ryan dijo que Hancock era “claramente ajena a la realidad de los graves problemas que afectan a muchas perreras de los ayuntamientos de Nueva Gales del Sur”. La portavoz de los Verdes para el bienestar de los animales, Abigail Boyd, dijo que el gobierno no había emprendido ninguna acción desde que se plantearon las cuestiones a Hancock durante la audiencia parlamentaria.

“Las perreras municipales son pagadas por las comunidades locales, y está claro que disparar a los perros perdidos y no reclamados alojados en estas instalaciones financiadas con fondos públicos está muy por debajo de las expectativas de los vecinos”.

El portavoz de la oficina municipal dijo que la agencia emitió consejos a todos los ayuntamientos sobre el funcionamiento de las perreras durante la pandemia, incluyendo la modificación de los procedimientos para garantizar la continuidad de estos servicios y mantener la seguridad del personal y los voluntarios.

“También se anima a los ayuntamientos a que sigan trabajando con las organizaciones de realojamiento y los voluntarios para cuidar de los animales”, dentro de las restriccionnes sanitarias, dijo el portavoz.

El 30 de julio el gobierno dijo que las perreras y los refugios de animales podían permanecer abiertos al público y que, como personas implicadas en el bienestar animal, su personal estaba autorizado a trabajar en áreas cerradas.