Ayer el gobierno francés anunció el envío de vehículos blindados y refuerzos policiales al archipiélago de Guadalupe, en el Caribe, ante el recrudecimiento de los altercados protagonizados por el movimiento sindical contra la vacunación obligatoria y el pasaporte sanitario, que ha convocado una huelga general.

Hasta el martes el prefecto, Alexandre Rochatte, ha impuesto el toque de queda entre las 6 de la tarde y las 5 de la madrugada. Las escuelas están cerradas y las barricadas hacen imposible desplazarse por las calles. La situación se ha vuelto insurreccional, recordando la larga huelga general de 2009, con piquetes de jóvenes, casi siempre encapuchados.

Al bloqueo desde hace cuatro días de las carreteras de acceso al hospital universitario de la capital Pointe à Pitre, se han añadido disturbios por las noches. Las manifestaciones de protesta se han trasformado en enfrentamientos por las calles entre los trabajadores y la policía antidisturbios, con incendios de vehículos y edificios, saqueos de comercios, con cuatro joyerías completamente desvalijadas, disparos y lanzamientos de mortero y ácido contra la policía.

Los ministros de Interior, Gérald Darmanin, y Ultramar, Sébastien Lecornu, condenaron en un comunicado “con la mayor firmeza” la violencia de las últimas horas y señalaron que han decidido enviar a 200 policías y gendarmes en los próximos días para “restablecer el orden”. Por su parte, el fiscal, Patrick Desjardins, anunció la apertura de dos sumarios por daños, incendios y robos cometidos por bandas organizadas.

Las protestas están organizadas por varios sindicatos, como UGTG y LKP, que denuncian la obligación para los trabajadores y, especialmente, para los sanitarios, en vigor en toda Francia, de que presenten un certificado de vacunación para entrar a trabajar.

Uno de los dirigentes sindicales más conocidos es Elie Domota, portavoz del LKP ( Liyannaj Kont Pwofitasyon, “Movimiento contra la Explotación” en criollo). “Tenemos cientos de trabajadores que han recibido cartas de suspensión de sus contratos de trabajo, cartas de suspensión de sus salarios, porque no están vacunados”, explicó. “Decimos que no. Es un desafío a las libertades fundamentales, al derecho al trabajo, al acceso a la sanidad”.

“Mientras llevamos cuatro meses pidiendo… sin respuesta, nos vemos obligados a salir a la calle para hacernos oír”, continúa Domota. “No vamos a detener nuestro movimiento”. El prefecto ya se ha negado a hablar con ellos.

Más allá de la obligación para los sanitarios, el pasaporte sanitario es necesario en Francia para muchos actos cotidianos de la vida social como ir al cine, a un espectáculo o a un teatro, pero también para tomar algo en un bar, un café o un restaurante.

Desde que se impusieron esas reglas sobre el pase sanitario para incitar a la vacunación a partir del pasado mes de julio, en los coloniales se ha generado una fuerte oposición, con incendios y protestas en la calle.

En agosto quemaron en Martinica un vacunódromo y una farmacia. En las colonias la mayor parte de la población desconfía de las vacunas. En Guadalupe o en Martinica apenas una tercera parte de la población ha completado la pauta de vacunación y en la isla de la Reunión, en el Océano Índico, no llega al 60 por ciento.