• La opinión de Juan B. Jamchen, agricultor natural, filósofo y escritor. 
• Si queréis que publiquemos vuestros artículos de opinión en euskalnews.com (tanto en castellano como en euskera), podéis enviarlos a info@euskalnews.com

Hablemos de libertad 

Decía Rousseau, allá por el siglo XVIII, que “la libertad de uno termina cuando comienza la libertad del otro”. Esto quiere decir que si, por ejercer determinado tipo de libertad, estoy causando daño a otros o impidiéndoles su libertad, entonces no debo ejercer tal clase de libertad, es más, ya no se trataría de libertad, porque ésta debe siempre ser considerada también para los otros, en base al respeto, el honor y demás tolerancias hacia los demás, y no una particular por encima del resto. Es por esa razón, que el Tribunal Constitucional sentenció que “la libertad de expresión termina cuando comienza el derecho al honor”. Con esta sentencia, en cuanto al derecho de libertad de expresión se refiere, el insulto y otros tipos de agravios similares, se considera un atentado contra la libertad de otros y, por tanto, debe ser limitada.  

Con todo lo expresado, determinadas autoridades se acogen a la limitación de libertades argumentando que “la libertad acaba cuando existe riesgo para la salud comunitaria”, tal como reza también en la ley General de Sanidad. Hasta aquí podríamos verlo como algo comprensible, sin embargo, en la situación actual, con muchísimos elementos -demasiados- a tener en cuenta, no está tan clara esta comprensión. Por ello es totalmente lícito crear, como ya se está intentando, un ámbito de reflexión y debate, importante, real y más generalizado, que abarque correctamente la justicia de derechos y evite el actual abuso por una incorrecta aplicación de la limitación de la libertad. Es esta una responsabilidad de todos, tanto del pueblo como de todas las autoridades, y no de que sea “libremente” elegida por determinadas autoridades -muy determinadas-, o por determinadas personas de poder -muy determinadas también-. Si estamos hablando de lo social como libertad, estamos también hablando de que implica una responsabilidad social también y no un totalitarismo desde algunos ámbitos del poder ejecutivo, o sanitario, o económico. 

La cuestión que abordamos ante esta llamada “pandemia”, contiene múltiples hilos complejos, no se trata de algo simple, por tanto, la limitación de libertades que tan fácilmente se han implementado a fuerza de decreto, no es algo que podamos aceptar sin más. Que el derecho al honor se impusiera sobre el derecho de expresión, cuando este último no lo respeta, con toda la lógica ética, no significa que el derecho al honor se pueda imponer conjuntamente sobre todos los demás derechos, estos son, por ejemplo, el derecho de intimidad, el derecho de expresión, el derecho de igualdad y la no discriminación, a la información, etc.  

Del mismo modo, y por similitud, ningún derecho en concreto puede estar por encima de otro arbitrariamente y sin causa de falta de respeto sobre aquel, pues, en verdad ética, todos los derechos van e la misma mano, por tanto, el derecho social, mucho menos si no es realmente social, no puede conllevar una imposición generalizada sobre los demás derechos, porque entonces estaríamos incurriendo en un delito grave de totalitarismo. Mucho más si han sido generadas desde determinados poderes, a través de campañas coactivas que fomentan el miedo generalizado amenazante, la imposición de uso de máscaras y otras substancias de dudosa salubridad, la discriminación -y en algunos casos la violencia-, sobre todos aquellos que no están de acuerdo con tales poderes, que se han adjudicado un pseudo derecho social desde un ámbito muy particular de poder, con lo que se expresa un claro abuso. 

Que quede muy claro, lo que con la excusa social se ha limitado, no es realmente social, porque, sólo de partida, toda reflexión que no está de acuerdo con lo que diga la ciencia tecnológica y, en consecuencia, los poderes ejecutivos y otros, en manos de las grandes farmacéuticas y otras macro compañías con intereses económicos y de poder, es literalmente eliminada, perseguida y tachada de “negacionismo” y de “desinformación”.  Con esta premisa, por simple imposición, se acaba todo debate, y, con ello, prima una única información. Desde aquí, se manipula todo mensaje y la única discusión social queda abarcada desde el poder, sin un real debate social -manipulación de masas, se llama-, del que algunos políticos nuestros conocidos son grandes expertos y cómplices directos de otras altas esferas, como ya sabemos; y que fueron hace dos años, para nuestra desgracia y arrepentimiento, apoyados por muchos de nosotros los que defendemos la Vida Natural y Consciente, tanto desde la Agricultura Natural, como de muchos otros movimientos alternativos.  

Con todo ese ambiente manipulado, el “negacionismo y la desinformación” es malentendido entonces como todo aquello que argumenta en contra de lo que dice el gran Dios “ciencia tecnológica”, sin dar opción alguna a cualquier otra clase de conocimiento. Como ya ha sido dicho, si damos la vuelta a la tortilla, por lógica supina ética, podríamos decir también que “el negacionismo y la desinformación” parte de ellos, pues niegan, por imposición y totalitarismo, cualquier otro conocimiento, ya sea científico, ya sea filosófico, ya sea ético, ya sea político, ya sea espiritual, etc. 

Sin debate y reflexión social real, de todos y para todos, que esté abierta a todos los ámbitos de conocimiento y que implique también, razonablemente, a todos los ámbitos del poder democrático, no podemos decir que haya libertad social alguna, que es la que podría -para algunos derechos más sutiles o abusos claros de voluntades malintencionadas, y siempre coyunturalmente y bajo patrones muy evidentes de fuerza mayor-, ejercer cierta limitación de libertad por ese interés común, por tanto, en la situación actual, no están justificadas tales limitaciones de libertad, aunque vengan impuestas por ley de decreto, por lo que es totalmente lícito el pleno derecho de rebeldía.  El poder legislativo, el judicial, y el poder social real, entre otros poderes, deberían denunciar inmediatamente tal situación de desorden contra los derechos fundamentales, si queremos continuar siendo una democracia.  

Dicho esto, con los hechos concretos en la mano, ya se podría comenzar con un debate social real, pero advirtamos que para que ello suceda de manera extensible para todos, tiene que existir ese derecho social garantizado, que no lo está. Para empezar, hay una primera premisa de hechos: “No existe causa alguna demostrable -ni científica, ni filosófica, ni ética, ni espiritual, …-, ni siquiera por fuerza mayor y mucho menos por argumento social, que permita limitar el derecho libre a respirar o el derecho de elegir qué introducir en nuestro propio cuerpo, pues estos derechos, de base y sin excepción, están protegidos y son absolutamente inalienable“. “Sin esta causa demostrable, consecuentemente, no se puede tampoco limitar el derecho de igualdad, es decir, no es permisible, mucho menos promovido desde una administración oficial democrática, discriminar a personas porque elijan libremente respirar, o si administrarse o no determinado tipo de substancias, más aún, cuando ese tipo de substancias son experimentales de aplicación urgente, comparativamente, contagian lo mismo – ¿o más?-,  que la normal inmunidad natural y además conllevan riesgos graves para la salud de las personas, tal como se está comprobando y es reconocido y de conocimiento pleno, desde todos los ámbitos de las autoridades”  

Juan B. Jamchen 

Agricultor natural, filósofo y escritor.