Un ciudadano senegalés de unos 40 años de edad ha cobrado de forma ilegal 1.097.000 euros en ayudas sociales del Gobierno vasco. Según informa Josean Izarra en El Mundo, la Policía Nacional atribuye a O.N. un fraude que se ha prolongado durante la última década al utilizar medio centenar de identidades falsas para percibir tanto la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) como la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).

Efectivos de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional detuvieron a O.N. tras una investigación policial que se inició el pasado mes de marzo. Los agentes de la Policía Nacional constataron que O.N. viajaba con frecuencia a Senegal y utilizaba varias identidades para cobrar las ayudas sociales de Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo. También han sido detenidos varios colaboradores de O.N. que se hacían pasar por él ante las oficinas de empleo vascas.

O.N. subarrendaba habitaciones para conseguir empadronarse en un domicilio y completaba los años previos de residencia requeridos mediante certificados de empadronamiento falsos. Seguidamente abría una cuenta en una entidad bancaria y acudía a las oficinas de Lanbide a solicitar la RGI y la PCV.

Según fuentes de la investigación, O.N. ingresaba mensualmente hasta 10.000 euros al percibir ayudas cuyo importe actual es de 1.002 euros para una única persona (727 euros de RGI y 275 euros de PCV).

Para obtener estas prestaciones sociales el ciudadano senegalés, que se encuentra ahora en libertad provisional, se empadronó en diferentes localidades de Bizkaia como Bilbao, Durango, Getxo, Gernika o Iurreta. Empadronamientos que en los ayuntamientos vascos se realizan con una simple declaración y la conformidad del propietario o arrendatario, algunos de los cuales están imputados por colaboración.

Los pasaportes presentados a las instituciones y a las entidades bancarias corresponden a ciudadanos de Senegal, Congo, Gambia, Mali y Ghana. Además, con el objetivo de cobrar la prestación por alquiler de vivienda de 250 euros mensuales (actualmente, 275) el presunto defraudador registraba en Lanbide contratos de subarriendo de habitaciones en pisos alquilados por él mismo, por cómplices y por otros ciudadanos que desconocían su actividad delictiva.

Los agentes de la Brigada de Extranjería, además, han aportado al sumario judicial abundante documentación sobre la ausencia de mecanismos eficaces de control en Lanbide. El Servicio Vasco de Empleo que desde 2020 depende de la vicelehendakari Idoia Mendia reconoció en 2020 que había pagado un total de 10,4 millones de euros de más a los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos. Del total de estos ‘cobros indebidos’, Lanbide aseguró que había recuperado 8,6 millones, por lo que la pérdida constatada de recursos públicos en ese ejercicio fue de 1,8 millones. En 2021, sin datos sobre la cuantía, sí que consta que alrededor de 10.000 perceptores que han recibido más dinero que el que les correspondía ni lo han devuelto ni han respondido a la petición del Gobierno vasco para hacerlo.