Ayer Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, anunció que cinco días después de la asonada de Wagner, Putin celebró una reunión de tres horas con 35 miembros de la dirección de la unidad militar, incluido Prigojin: “Los detalles siguen siendo desconocidos. Lo único que podemos decir es que el Presidente habló sobre la situación en el frente y también dio su evaluación sobre los eventos del 24 de junio”, añadió Peskov.

Según mpr21, el descontento de Wagner se remonta a 2018, cuando en Siria murieron 300 miembros de la unidad, y creció con la firma de un contrato de seis meses (de finales de octubre del año pasado hasta finales de abril del presente) con el Ministerio de Defensa ruso para liberar Bajmut antes del 9 de mayo. Después de esa fecha, las tropas de Wagner debían incorporarse al ejército regular, al menos en parte.

Wagner no pudo completar la misión en el plazo establecido, por lo que el contrato se extendió hasta el 21 de mayo después de un tira y afloja, que dio lugar a las estrafalarias declaraciones de Prigojin a los medios sobre la falta de suministros militares a sus tropas. Rusia ha iniciado un proceso de reconocimiento de las empresas privadas de seguridad que, hasta la fecha, estaban prohibidas por ley. Por lo tanto, el Kremlin no podía admitir que financia a Wagner.

Ahora la ley va a cambiar y la semana pasada Putin reveló que el gobierno ruso había pagado a Wagner casi 1.000 millones de dólares en solo un año. Pero, además, Wagner tiene otra fuente de financiación indirecta, la empresa de catering Concord, que ganó otro tanto con la adjudicación de diversos contratos públicos.

Además, Putin también denunció que Concord está involucrada en malversación de fondos públicos y lavado de dinero negro, por lo que ordenó un registro en la sede y en la vivienda de Prigojin, donde el FSB descubrió un tesoro.

Después, el 4 de julio el canal de televisión 78 anunció que los 10.000 millones de rublos encontrados y el material incautado habían sido devueltos a Prigojin.

En consecuencia, el tira y afloja continúa en lo que un concejal de San Petersburgo, Nikita Yuferev, denomina como la “erosión gradual del sistema legal” en Rusia. Putin ha prometido que el Kremlin investigará las irregularidades de la red de empresas de Prigojin, entre ellas varios medios de comunicación.

Por lo tanto, el problema es tanto militar como económico y hay que encuadrarlo en la política general de Putin de meter en cintura a los contratistas privados y adjudicatarios de contratos del Estado.

Pero no cabe descuidar que lo militar va ligado a lo económico. Desde principios de año Shoigu está reestructurando el ejército, una tarea encomendada al general Yevgeny Burdinsky, subjefe de personal del Ministerio de Defensa.

Las unidades regulares y las especiales, como Wagner, se van a fusionar, al menos en parte, lo que va a suponer una pérdida de ingresos para los segundos, que se niegan a firmar los nuevos contratos de alistamiento.

Cuando las leyes regularicen las sociedades militares privadas, Wagner seguirá adelante con otro nombre, otros contratos y otros sueldos.