- La opinión de Patxi Lázaro, colaborador de euskalnews.com
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EL CASO DE LOS GIMNASIOS: SOLO 1 CONTAGIO POR CADA 100.000 VISITAS
Según estudios realizados en el Reino Unido, tras la reapertura de los estudios de fitness, gimnasios, piscinas y otras instalaciones deportivas, se constata una incidencia de 1 caso (incluso dicen que menos) de contagio de Covid-19 por cada 100.000 visitas. Los gimnasios son un entorno adecuado para llevar a cabo este tipo de investigaciones estadísticas, por su gestión informatizada y el registro de todas las entradas y salidas que se lleva a cabo en recepción. Un estudio similar en España arroja cifras algo mayores, pero no mucho, del orden de 1,9 contagios por cada 100.000 visitas. A la baja incidencia de la pandemia en los gimnasios se puede atribuir un número de explicaciones, algunas obvias, otras no tanto. En primer lugar, el estricto cumplimiento de las normativas sanitarias en cuanto al uso de mascarillas y el mantenimiento de distancias interpersonales. Ya de tiempo atrás las instalaciones deportivas contaban con niveles de higiene muy elevados y sistemas eficaces de ventilación. Con la pandemia del Covid-19 los requerimientos en este aspecto se han endurecido considerablemente.
Asímismo cabe especular sobre la posibilidad de que el #Coronavirus, como la mayor parte de las dolencias y enfermedades habituales, tenga una incidencia menor en la gente sana y deportista. De ser cierto esto que el sentido comun sugiere ya de entrada, una clave importante para combatir la enfermedad no estaría en los cierres y confinamientos, sino en fomentar mayores niveles de actividad física y hábitos de vida saludable entre la ciudadanía.
Debido a la dificultad de controlar entradas y salidas de personas, no existen estudios comparables para otros tipos de negocio como los establecimientos hosteleros o el comercio en general. Pero la ausencia de casos llamativos invita a pensar que la incidencia del patógeno en la actividad económica y empresarial es muy baja. En cualquier caso, no justifica los cierres masivos de instalaciones productivas que estén bien organizadas y en la que se respeten las normas sanitarias. La experiencia cotidiana de China y otros países asiáticos, donde bares y restaurantes están abiertos y la economía funciona con normalidad, sugiere que en Europa y otras naciones occidentales la autoridad pública se está pasando de frenada a la hora de aplicar restricciones de movilidad, estados de emergencia, cierres y otras medidas desproporcionadas por el estilo.
El retorno a la normalidad -si es que después de lo vivido podemos hablar de tal cosa- debería caracterizarse por un seguimiento fundado y competente de la situación, en términos de cifras estadísticas fiables así como medidas proporcionadas y de sentido comun, antes que por decisiones políticas tomadas por oscuros gremios carentes de experiencia técnica, al estilo de esos infames comités de “expertos” improvisados durante la crisis sanitaria por el Gobierno de España y sus títeres autonómicos, y que en realidad no tienen otro objeto que justificar la tiranía de los boletines oficiales. Es importante que la economía arranque con fuerza. Digan lo que digan, sin ese requisito jamás habrá una auténtica cura para el Covid-19.
Es evidente que los gobiernos del mundo en un gran mayoría no trabajan por el bienestar de los pueblos que les han elegido sino que responden a los oscuros intereses de los constituyentes del Forro de Davos y parece que la humanidad es tan estúpida que no se ha dado cuenta o no quiere pelear por sus presuntas democracias, en gran parte porque esta atenazada por el miedo que le producen las informaciones sensacionalistas sobre una enfermedad con una mortalidad no es superior a la de la gripe anual. La situación es clara o nos levantamos y derribamos estos gobiernos y sus sicarios y los encarcelamos de por vida o van a ser ellos los que encarcelen a los pueblos, no hay una tercera opción. De hecho llevamos encarcelados desde que empezó la plandemia y los gobiernos, lo único que han echo hasta ahora ha sido asesinar ancianos y arruinar la economía, la suya no por supuesto.
Es de justicia que a todos aquellos que cobren, directa o indirectamente, del erario público, en cargos ejecutivos, políticos jueces y fuerzas de orden público, se les aplique una Solidaridad Obligatoria, al igual que a la que estamos sometidos los ciudadanos con los inmigrantes, de una cuantía similar a la pérdida total de ingresos sufrida por la población debida a las condiciones a que ha sido sometida. Esta Solidaridad Obligatoria se podría regir por un sistema idéntico al IRPF, en base a los ingreso totales del individuo, no solo de su salario.
El dinero recaudado se destinaría a resarcir de las pérdidas a aquellas personas que puedan demostrar que las han sufrido.