Escrito por la Dra. Natalia Prego Cancelo

Las enmiendas propuestas al Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y el Tratado sobre Pandemia plantean graves desafíos a los derechos humanos en el ámbito de la salud planetaria.

La vaguedad del texto, la ambigüedad, la falta de definiciones en materias muy importantes, y la falta de criterios claros amplían peligrosamente el poder del Director General de la OMS, socavando la rendición de cuentas y poniendo en riesgo la soberanía sobre el propio cuerpo.

La introducción de “emergencias de salud pública de importancia regional” sin criterios específicos y la posibilidad de una declaración más frecuente de “emergencias de salud pública de importancia internacional (ESPII)” crean incertidumbre sobre la necesidad real de tales medidas y su proporcionalidad.

La expansión de la biovigilancia plantea serias amenazas éticas sobre la privacidad y la posible estigmatización de comunidades específicas, mientras que el cambio de recomendaciones a instrucciones legalmente vinculantes amenaza la libertad de decisión en asuntos de salud.

La gestión subjetiva de la “infodemia”, la “información errónea” nunca definida, sin criterios claros, abre la puerta a la censura y a la limitación de la libertad de expresión, mientras que la propuesta de convertir al director de la OMS en legislador de las emergencias sanitarias globales socava la separación de poderes y concentra un poder excesivo en manos de una sola entidad.

La falta de evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos en estas propuestas pone en duda su conformidad con los principios fundamentales de la dignidad, el respeto y la protección de los derechos individuales. La exclusión de los mecanismos democráticos y de la participación ciudadana en la toma de decisiones en materia de salud representa un peligroso paso atrás en términos de representación equitativa y prevención de una concentración excesiva de poder.

Estas propuestas amenazan los derechos humanos fundamentales bajo el disfraz de la seguridad sanitaria global y requieren un escrutinio crítico y una resistencia activa para garantizar que las libertades individuales no se sacrifiquen en aras de una supuesta protección colectiva.