Comienzan a ser imputados todos esos policías que se han creído con derecho a asaltar y allanar viviendas de manera ilegal con la supuesta excusa de que “es por nuestra salud”. Lo hemos advertido desde hace más de un año y ahora comienza a cumplirse: uno tras otro, están siendo imputados la mayoría de ellos. Y es que, los jueces, aunque la mayoría de ellos no lo deseen, no tienen otra opción: sus actuaciones fueron una completa barbaridad absolutamente alejada de toda legalidad. Confiaron en unos políticos que presionaban… y les ha salido rana. Lo advertimos hasta la saciedad, pero no nos hicieron caso. Por ende, no nos dan ninguna pena. Vamos a los casos concretos que hemos conocido los últimos días.

Allanamiento de vivienda en Villaverde con mucha violencia: 12 agentes imputados

La semana pasada conocimos el caso en el que un juez ha imputado a 12 policías que entraron en una vivienda sin autorización judicial de una patada en la puerta. Los hechos ocurrieron en el barrio madrileño de Villaverde, concretamente durante la madrugada del 9 de diciembre de 2020. Supuestamente, los agentes entraron con la escusa de que se celebraba una fiesta en pleno estado de alarma, algo que es totalmente ilegal e injustificado, tal y cómo demostramos en su momento.

Asimismo y aparte del asalto a una vivienda sin autorización, cinco hombres denunciaron que la Policía les había agredido provocándoles contusiones, hematomas y, a algunos, roturas de labios. Sin embargo, cómo no, los polícias dicen que no fue así y que fueron por el aviso de una mujer que, supuestamente, se encontraba en la vivienda, aunque viendo la poca credibilidad que tiene el Servicio de Prensa de la Ertzaintza, suponemos que el de la Policía Nacional será parecido.

Los policías insisten en que “se les negó la entrada y que incluso a un agente se le pilló el pie violentamente con la puerta, que se vieron obligados a actuar para proteger a la mujer y al niño y pidieron refuerzos que fueron recibidos a botellazo limpio”, según adelantaron a varias agencias. Sin embargo, al margen de resultar poco creíble la versión policial debido a las pruebas (fotos de los agredidos y de la puerta absolutamente reventada), el hecho es que es ilegal y que, con escusa de la supuesta pandemia, se han servido para allanar ilegalmente viviendas de los ciudadanos que pagan sus sueldos con los impuestos que abonan a las arcas públicas.

Asimismo, los jóvenes denuncian que recibieron una paliza: “Me rompieron las gafas, a todos nos pegaron“, ha expresado el joven. Esto, junto con el allanamiento ilegal, supone que, ahora, 12 de los policías están imputados por esta actuación en Villaverde, y otros seis están siendo investigados una irrupción en domicilio durante el estado de alarma por una supuesta fiesta ilegal (sigue sin ser una justificación válida). Cómo no, la representación legal de alguno de estos agentes y el propio cuerpo no han tardado en ir a los principales canales de TV a vender la supuesta injusticia (no lo es en absoluto, ya que se lo han ganado) que supone la imputación de estos agentes por las barbaridades que cometieron en aquel domicilio de dicha localidad madrileña.

Allanamiento con violencia en el centro de Madrid: 6 agentes, citados a declarar ante el juez

Asimismo, el titular del Juzgado de Instrucción 28 de Madrid, Jaime Serret, ha admitido a trámite la querella presentada contra los seis policías que, el pasado 21 de marzo, allanaron por la fuerza en un piso de la madrileña calle de Lagasca donde se celebraba una fiesta. El magistrado ha citado a los agentes a declarar el próximo 17 de septiembre acompañados de abogado para responder a la acusación de allanamiento de morada y daños que hace el inquilino de la vivienda. La decisión se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenase, en junio, a otro juez que archivase la causa abierta contra los nueve jóvenes que fueron detenidos aquella noche en la vivienda y apuntase en su auto que los policías podían haber cometido “un exceso en el ejercicio de la autoridad”. Los magistrados señalaron también entonces la necesidad de investigar la actuación de los agentes por si “pudiera ser constitutiva de infracción penal”.

Aquella intervención policial generó una enorme polémica tras difundirse en las redes sociales, días después del suceso, las imágenes grabadas por una de las ocupantes de la vivienda. En el vídeo se veía a una joven negarse a abrir la puerta si los agentes no llevaban un mandamiento judicial. Tras un intercambio de palabras, los policías derribaron la puerta con un ariete usando una violencia brutal. Parecían imágenes de otro país. Nueve de las 14 personas que participaban en la fiesta fueron detenidas acusadas de un delito de desobediencia grave a la autoridad, aunque quedaron horas después en libertad. En su informe, los policías recalcaban que su actuación había estado amparada, entre otros preceptos legales, por la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza y que fue avalada por el Tribunal Constitucional el pasado enero. Algo que es ridículo, ya que ningún juez puede admitir eso.

Tras el suceso, la policía remitió el atestado de lo ocurrido a los juzgados de plaza de Castilla, y la causa recayó en el Juzgado de Instrucción 4 de Madrid, cuyo titular, Marcelino Sexmero, acordó el pasado abril abrir diligencias contra los nueve detenidos por los delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad y coacciones. La decisión fue respaldada por la Fiscalía. En paralelo, uno de los detenidos presentó a través de su abogado, Juan Gonzalo Ospina, una querella contra los seis agentes que intervinieron para poner fin a la fiesta ilegal. En la misma se acusaba a los agentes de un delito de allanamiento de morada al considerar que aquel día no estaban autorizados legalmente para derribar la puerta y entrar. “La conducta denunciada supone la lesión de la inviolabilidad domiciliaria del inquilino de la vivienda en la medida que los funcionarios querellados procedieron sin causa justificada a asediar violentamente el domicilio logrando, finalmente, acceso al interior del mismo”, recogía el escrito.

Tras la querella contra los policías, el magistrado Serret ha abierto ahora diligencias. En un auto dictado el pasado 13 de julio, el juez, además de citar a los agentes, llama a declarar al autor de la denuncia y a dos testigos. Se trata de dos de las personas que estaban aquella noche en el interior del piso, entre ellas la joven que se ve en las imágenes discutir a través de la puerta con los policías.

Además, el magistrado ha pedido al juzgado que instruyó la causa archivada contra los participantes en la fiesta ilegal que le remita la documentación recabada en la misma. Finalmente, el juez ordena que se tasen pericialmente los daños causados en la vivienda al ser derribada la puerta con un ariete.

Tal y cómo acabamos de adelantar, esta decisión se conoce solo unos días después de que un juez haya citado a declarar como imputados, para el próximo octubre, a 12 policías que, en la madrugada del 9 de diciembre, entraron también sin orden judicial en la vivienda de Villaverdes. Y así más y más casos. Lo dicho, no nos dan ninguna pena. Así de claro.