“El coste de no vacunarse contra el coronavirus y contagiarse: más de 40.000 euros en asistencia médica”, es el artículo publicado en la web del medio televisivo que ha motivado la denuncia de LIBERUM.

LIBERUM Asociación por los Derechos Humanos ha puesto en los Juzgados de Madrid, con fecha de 25 de noviembre de 2021, denuncia contra Cristina Moure por un delito de incitación al odio hacia una parte de la población que, de manera voluntaria, libre e informadamente, ha decidido no inocularse el fármaco aún en fase de desarrollo y de experimentación llamado “vacunas” Covid.

“El coste de no vacunarse contra el coronavirus y contagiarse: más de 40.000 euros en asistencia médica”.

Con este titular, y basándose en conjeturas sobre un paciente ficticio llamado Manel y residente en la comunidad balear, la redactora de La Sexta elabora una serie de disquisiciones contra el colectivo de personas no inoculadas más propias de la propaganda publicitaria, que inunda y nutre las arcas de los mass media, que de las funciones y fines que, por ética deontológica, se esperan de la profesión periodística.

Desde LIBERUM Asociación por los Derechos Humanos, consideramos este artículo, supuestamente informativo, un atentado contra los derechos fundamentales de las personas, a más de absolutamente discriminatorio y vilmente incriminatorio. Por si ya no fueran poco las amenazas, insultos, calumnias, difamaciones y acusaciones de todo tipo que una parte de la población española está teniendo que soportar procedentes del sector político-mediático, ahora también se quiere responsabilizarla del gasto económico en la sanidad. Desde la Asociación respetamos la libertad de expresión de cada cual, pero somos conscientes que la libertad de expresión es necesario analizarla dentro de un marco jurídico y en su contexto social. Teniendo en consideración ambos presupuestos, nos encontramos, de una parte, una censura extrema a las ideas, opiniones y conclusiones distintas de la narrativa impuesta por las autoridades políticas y los medios de comunicación. De otra parte, y como puede constatarse tanto en España como en el resto del mundo, la libertad de expresión se invoca exclusivamente a las opiniones que se ajustan al discurso imperante de esos mismos medios político-mediáticos, sin posibilidad alguna de debate, mientras que otro sector importante de la sociedad y de la ciencia están siendo ya no solo ninguneados, sino perseguidos por pensar y opinar de manera distinta a la narrativa político-mediática con que se nos bombardea a diario.

La sociedad lleva padeciendo casi dos años unas restricciones y recortes en sus derechos y libertades como no se conocían desde la recuperación de la democracia en 1978. Vemos a una población atemorizada e intimidada bajo la amenaza de perder su libertad de movimiento, su trabajo, sus relaciones sociales y familiares, su vida en fin, y solo por el mero hecho de no dar su consentimiento para someterse a un novedoso tratamiento de terapia génica que, ya no es que legalmente sea libre y voluntario, sino que además no ha demostrado los resultados de inmunización y de eficacia que se le suponían, lo cual ha sido reconocido por las autoridades sanitarias y puede comprobarse fehacientemente en los propios afectados y en el reguero de efectos adversos que se están produciendo. Los datos oficiales hechos públicos así lo indican, no habiéndose podido contener ni los contagios ni las muertes por la nueva enfermedad, se esté o no inoculado con la mencionada terapia invasiva.

Por otro lado, y como también reconocen los profesionales sanitarios y sufren los pacientes, asistimos a una depauperaciòn en la calidad de la atención y prestación sanitaria en todas las patologías, al aumento de las listas de espera en otros tratamientos u operaciones quirúrgicas y a la multiplicación de trastornos psicológicos y problemas psiquiátricos en todas las franjas de edad, habiéndose producido un preocupante incremento exponencial en el número de suicidios. La población infantil, por si todo lo anterior no fuera motivo suficiente para alarmarnos y reconsiderar las medidas que se están aplicando al conjunto de la sociedad, está siendo sometida a un estrés de cuyos traumas probablemente muchos de los niños no se recuperen nunca. De igual forma, los suicidios, conductas y pensamientos suicidas entre los jóvenes se han elevado como nunca antes se había visto. Todo ello, aunque no se quiera hablar y se oculte a la opinión pública, sí que está suponiendo un coste incalculable para la sanidad y para la sociedad misma, y no los juegos ficticios con que se entretienen en las redacciones de los medios de comunicación para coaccionar e intimidar a la población.

Por contra, queda fuera de toda fundamentación aseverar que “el coste de no vacunarse contra el coronavirus y contagiarse” suponga más de 40.000 euros en asistencia médica, sino que lo que se busca con ello es señalar deliberadamente a un grupo de personas como culpables, buscar ese muñeco de trapo al que apalear para justificar negligencias y responsabilidades de aquellos que no quieren asumirlas, por más que cada día que pasa queden más expuestas a la vista de todos. Pareciera más bien que lo que se pretende con estas afirmaciones es sumir aún más si cabe a la población en el miedo y la incertidumbre que ya tiene que soportar por la incompetencia, cuando no la culpa, de unas autoridades políticas y sanitarias irresponsables y unos medios de comunicación agresivos y hostiles para con su sufrida audiencia.

Lejos de abrir un debate en la ciencia y en la sociedad, como se prevé en la legislación nacional y en los tratados internacionales sobre bioética, y de contemplarse otras opciones de tratamiento o de prevención y fortalecimiento del sistema inmunitario, la única opción que parece convenir a quienes continuamente acusan a los demás desde sus tribunas políticas o mediáticas es seguir insistiendo en un camino que no termina nunca de ofrecer los resultados prometidos. El cinismo y la hipocresía llega a tal grado que, como podemos observar a diario, los únicos vestigios de la “antigua normalidad” solo pueden contemplarse precisamente en los platós de televisión (a excepción del impenitente público, claro está) en donde pareciera que el temible virus tiene vetada la entrada, sin que esto sea motivo de atención y alerta alguna para las autoridades políticas y sanitarias, mientras que la sociedad sucumbe paulatinamente en la desesperación de esta diabólica “nueva normalidad”.

Continúa la campaña político-mediática de acusación, culpabilización y señalamiento de un sector minoritario de la población que no ha hecho ningún mal a nadie, y el cerco y acorralamiento (que expresan tal cual desde sus altavoces sin enojo ni pudor alguno) a ciudadanos a los que se les persigue sin tener contra ellos argumentos jurídicos ni científicos, llegando al extremo de proponer medidas que solo pueden ser calificadas de aberrantes e inhumanas, como el negarles el acceso a los alimentos, concentrarlos en campos aislamiento o directamente apartarlos de la sociedad. Y todo ello, supuestamente, por un virus cuya mortalidad es similar al de la gripe de toda la vida. ¿Hasta dónde piensan llegar?

Paren ya este acoso, maltrato y ensañamiento a personas inocentes que no tienen ninguna obligación, ni moral ni jurídica, de someterse a tratamiento o terapia alguna, pues tanto la legislación nacional como los tratados internacionales contemplan expresamente que nadie puede ser obligado a la realización de pruebas o intervenciones médicas en contra de su voluntad. Paren ya de hostigar a personas cuyo único delito, parafraseando al protagonista del drama de La vida es sueño, parece que es haber nacido.

Rogamos a los jueces que se hagan cargo de la situación en que está cayendo el Estado del Derecho y la Democracia en nuestro país, como consecuencia de todas estas conductas delictivas de odiadores políticos, mediáticos y sanitarios que continúan sin freno ni visos de terminarse contra un sector minoritario de la sociedad que, sus Señorías saben bien, no han hecho daño a nadie ni son responsables de ningún mal.