En una entrada anterior anunciamos que el gobierno japonés había ordenado etiquetar las vacunas contra el coronavirus para advertir de los efectos adversos. Además, también exige que en los 28 días siguientes a las inyecciones se notifiquen oficialmente los efectos adversos para estudiarlos y poner remedio a los mismos, según informan medios tan dispares como NHK y mpr21.

La política nipona contrasta con otros países, como España, donde se minimizan los efectos adversos y se niega su vinculo con las vacunas, a fin de promocionar una vacunación masiva e indiscriminada.

Además, Japón hace hincapié en el consentimiento informado y la autonomía sanitaria del candidato, que desde 1945 eran pilares de la medicina en la mayor parte de los países del mundo. Las empresas farmacéuticas deben instar a los candidatos a que consulten a su médico antes de inyectarse.

El gobierno japonés está especialmente preocupado por el riesgo de miocarditis en hombres jóvenes a los que se les han inyectado las vacunas de Pfizer o Moderna.

En la actualidad hay tres vacunas disponibles en Japón. En las de Pfizer y Moderna las etiquetas indican que “este producto contiene un aditivo que nunca antes se había utilizado en una vacuna”.

Además, en Japón inyectan AstraZeneca, aunque el gobierno sólo la recomienda para personas de 40 años o más. La etiqueta también hace referencia al nuevo tipo de aditivo que contienen las inyecciones.

El sitio web del Ministerio de Sanidad japonés anima a los ciudadanos a vacunarse. Sin embargo, subraya que no es obligatoria: “Aunque animamos a todos los ciudadanos a que reciban la vacuna covid-19, no es obligatoria. La vacunación sólo se llevará a cabo con el consentimiento de la persona que vaya a ser vacunada después de que se le haya proporcionado información”, dice la web.

Además, el gobierno recomienda que quienes consideren la posibilidad de vacunarse piensen detenidamente tanto en su eficacia como en sus efectos secundarios: “Le rogamos que se vacune por iniciativa propia, comprendiendo tanto la eficacia de la prevención de enfermedades infecciosas como el riesgo de efectos secundarios. No se llevará a cabo ninguna vacunación sin el consentimiento”.

Las empresas no pueden obligar a los trabajadores a vacunarse. Los trabajadores tampoco pueden discriminar a los que rechazan las inyecciones: “Por favor, no obligues a nadie en tu lugar de trabajo o en tu círculo a vacunarse, y no discrimines a los que no se han vacunado”, dicen los anuncios oficiales.

El gobierno ha emitido instrucciones para tramitar las quejas si se discrimina a alguna persona en el lugar de trabajo en relación con las vacunas.