• Escrito por Diego Herchhoren
• Publicado originalmente en mpr21
• Artículo reproducido en euskalnews.com

En agosto de 2005, el huracán Katrina desoló el interior de Estados Unidos provocando más de 1300 víctimas y una migración de centenares de miles de personas. El llamado «tercer mundo» ingresó en los Estados Unidos, y para el diario Wall Street Journal, esto era una «ventana de oportunidades» para reformar drásticamente el sistema de protección social en las zonas afectadas, donde empresas de primera línea podrían hacer grandes negocios con la gestión de determinados servicios públicos.

La sequía que padece la geografía española (inducida o no) recorre los mismos derroteros que aquella funesta experiencia, y los fondos Next Generation de la Unión Europea son el instrumento para que un bien esencial para el desarrollo humano sea convertido, bajo el paraguas de la eficiencia y la sostenibilidad, en un bien de pago. De hecho, el plan de recuperación español auspiciado por la UE aboga precisamente por una «digitalización» del ciclo del agua, similar al que ya ha sido incorporado en el negocio de la electricidad.

Entendido el negocio del agua como la suma de productos, canales de distribución, concesiones y puntos de venta, empresas españolas como Sacyr, con su proyecto SOS Agua, se han erigido en «facilitadoras» del acceso a este recurso.

La Comisión Europea impulsó en el año 2003 la creación de Water Europe, un grupo de presión encargado de asesorar a los Estados miembros y a sus administraciones en lo que ellos llaman «agua inteligente» y que tienen cuatro objetivos: reducir un 50% las fuentes de extracción de agua; agregarle valor como commodity; añadir competitividad al mercado del agua europeo y «garantizar a largo plazo la estabilidad y la sostenibilidad de los acuíferos y las diferentes fuentes de obtención de agua».

Es decir, el patrón es convertir el agua en un bien escaso que motive la incautación de regadíos, la distribución de contadores, el abono de precios libres en función de la oferta y la demanda, así como el necesario cambio cultural español en torno a este recurso, hasta ahora más o menos convencido de la generosidad en su acceso.

Para ello apuestan por «soluciones digitales y modelos de buen gobierno corporativo y de negocio que contribuyan a resolver, con objetivos sostenibles, el desafío de unas sociedades inteligentes en las que los recursos del agua estén plenamente garantizados y su demanda, satisfecha”, afirman en su web.

Water Europe es el ejemplo más claro de eso que se viene a llamar «colaboración público privada», es decir, un grupo de empresas líderes que promueven a una serie de «especialistas» distribuidos en organismos, confederaciones hidrográficas y administraciones públicas y que no se sabe nunca para quién trabajan. Corporaciones punteras como Suez, Veolia, Acciona o Coca-Cola son las empresas que están detrás de este lobby.

El paulatino acceso de «empresas gestoras» en las concesiones de agua potable a partir del año 2000 se ha ido naturalizando, y la evolución del sector (que es normalmente el anticipo de las regulaciones por venir) augura un próspero negocio en la «gestión eficiente».

Durante los gobiernos de Jose Luís Rodríguez Zapatero se introdujeron en España profundos cambios en la antigua Ley de Aguas, limitando los derechos e introduciendo el mercado del agua, así como se introdujo el llamado «Plan Hidrológico Nacional» y la Directiva Marco Europea, que fue una silenciosa pero contundente privatización de los recursos hídricos.

El concepto de esta reforma era que recaudando por consumo de agua se repercutirían los ingresos en la mejora de la infraestructura, evitando así los efectos de sequías prolongadas. Y podría pensarse que el objetivo fracasó, pero no es así.

En efecto, se han reducido notablemente las fuentes de extracción y la sequía, entendida ya no como anomalía del clima, sino como concepto político, se ha instalado en la población española, y la idea del «racionamiento», la «gestión eficiente» (de pago) y los «límites de acceso» están cada vez más asumidos.

Franklin Roosvelt definió al dictador nicaragüense Anastasio Somoza como «nuestro hijo de puta, trabaja para nosotros». Quienes diseñaron esta política hídrica son los hijos de puta que están haciendo cola en los despachos oficiales para llevarse alguna concesión hídrica o de infraestructura, y que seguramente fueron los que colocaron a otros como ellos a cargo de esos despachos.

Los efectos de esa sequía políticamente inducida los estamos viendo en el precio de los alimentos y en todo aquello que repercute en el bienestar general, que ya no es general, sino de pago. Y animamos a los lectores a que busquen en sus municipios quienes serán los encargados de «gestionar» el racionamiento hídrico previsto para este verano.