A Urkullu se le acaba el chollo. Eso es un hecho irrefutable hasta para los jeltzales más groupies del tirano de Alonsotegi, el Dictador de Ajuria Enea. Resulta que según acaba de adelantar el digital El Diario, La Fiscalía superior del País Vasco se va a oponer a que Euskadi mantenga después del 9 de mayo, cuando acaba del estado de alarma, el confinamiento perimetral de ámbito autonómico y el toque de queda nocturno, como pretende el Gobierno de un Urkullu abonado al totalitarismo covidiano.

Así consta en el informe emitido por el organismo dirigido por Carmén Adán al borrador de decreto elaborado por el Ejecutivo vasco, un texto cuyos detalles no se han dado a conocer pero que está desde este martes en poder del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para su validación previa. Lo único que era público es que esta nueva normativa tendrá una vigencia máxima de seis semanas.

La Fiscalía remarca que no caben limitaciones a derechos constitucionales como la libertad de circulación fuera del régimen excepcional que proporciona el estado de alarma. Esta postura no adelanta la resolución definitiva del tribunal, pero en varias ocasiones anteriores la sala de lo contencioso-administrativo del Superior vasco, presidida por el magistrado Luis Garrido, ya ha tumbado las incomprensibles medidas restrictivas de Urkullu con argumentaciones similares, incluso dentro del estado de alarma. El ministerio fiscal, según indican fuentes jurídicas, mantendrá una posición homogénea en todas las comunidades autónomas y, de hecho, ya ha emitido un criterio desfavorable al toque de queda que había anunciado Baleares.

Urkullu, picadísimo ante el ‘no’ del Gobierno de Pedro Sánchez, intentó que su ‘hoja de ruta’ pasara por un decreto autonómico que salvara el máximo de las totaliarias restricciones actualmente en vigor. El texto inicial está en manos del Tribunal Superior de Justicia desde este martes y, como máximo, el viernes emitirá su dictamen escuchada la Fiscalía.

Será ese día cuando Urkullu reunirá a la mesa de crisis de la emergencia sanitaria, el órgano conocido como LABI en el cual no hay nadie con formación o experiencia sanitaria y encima está presidido por un activista, y seguirán haciendo el paripé sin asumir el golpe judicial que se van llevar.