DEFENDAMOS A NUESTROS NIÑOS

Mónica Noya Pumar, mujer joven donostiarra con muchos años de vida por delante, comenzó a sentirse mal inmediatamente tras ponerse la vacuna COVID. Ella no se la quería poner, pero se vio forzada por las circunstancias. Días más tarde fallecía en el Hospital Aránzazu. Los especialistas que la atendían dijeron a la familia que había sido la vacuna, no había otra razón aparente. Todo ello según su madre, Marijose, quien sin ocultar su dolor ha publicado un valiente testimonio accesible en Internet, en el que advierte a todas las madres del mundo del riesgo que implica la vacuna. Mónica no tuvo una indicación médica específica para ella para vacunarse. Nadie le ofreció un consentimiento informado que le advirtiese de lo que podía pasar. Tampoco se le facilitó el prospecto del fármaco que le iban a poner, que dice textualmente “Lea todo el prospecto detenidamente antes de vacunarse, porque contiene información importante para usted”.

¿Cuántas Mónicas hay en España, en el mundo? Tampoco lo sabemos exactamente. La población en general desconoce el número de fallecidos con posible vinculación a la vacuna COVID recogidos por EUDRA (sistema utilizado en Europa) o por VAERS (en EEUU). En este último país las vacunas COVID tienen el triste record de haber superado en solo unos pocos meses la cifra de declaraciones de fallecimientos con posible asociación con las vacunas registradas desde 1990 hasta 2020 por el resto de las vacunas juntas. Datos alarmantes que, si fuesen extrapolables al mundo entero, con un 54% de la población vacunada, supondrían unas 345.000 muertes posiblemente vinculadas a las vacunas, cifra que podría dispararse a 35 millones si aceptamos los hallazgos científicos del Informe Lazarus, realizado por el propio Gobierno USA años atrás, que evidenció que realmente VAERS recoge sólo el 1% de los eventos post-vacunales.

¿Cómo es posible que la última vacuna ensayada en humanos se detuviese al contabilizar 50 muertos en total en todo el mundo, y ahora llevamos contabilizados 82 declaraciones de fallecimientos por cada millón de vacunados según los datos de VAERS (y se han vacunado más de 3000 millones en todo el mundo), con posible relación con estos fármacos, y nadie detiene esto? La respuesta es que los responsables creen que esos fallecidos quizá se deban a otras causas, no a la vacuna, y esa relación causal es difícilmente demostrable. Por eso no lo paran.

Pero entendamos el contexto. El tiempo necesario para garantizar la seguridad de una vacuna, entre 5-15 años según experiencias previas, por razones de emergencia sanitaria ha sido “sustituido” por el habitual sistema de farmacovigilancia post-comercialización, por el que sobre todo los médicos notifican los efectos secundarios imprevistos que observan, sin que ello presuponga relación causal entre el evento reportado y el fármaco. Este sistema, que si bien se ha considerado aceptable en vacunas previas en el contexto de un perfil de seguridad bien demostrado en la fase experimental durante largos años de estudios, no lo es en las vacunas contra el COVID, que han carecido de ese tiempo. En este caso el sistema de farmacovigilancia se puede aceptar de manera totalmente excepcional debido a una situación de emergencia como la que vivimos, pero siempre en el marco del Principio de Precaución de la UE, que establece el bloqueo de la distribución de productos en cuanto se detecte que pudieran entrañar un peligro para la salud.

Pero no es esto lo que estamos viendo a través de los sistemas de control oficiales como EUDRA o VAERS. A fecha de hoy, 4 de diciembre, éste último enciende todas las luces de alarma contabilizando 82 fallecidos por millón de vacunados, aparte de entre 4 y 5 hospitalizaciones y 1 y 2 incapacidades permanentes por cada 10.000 personas, entre otros muchos eventos adversos (datos openvaers.com). Aunque no esté demostrada relación causal, ¿realmente es necesario que lo esté hablando de un producto experimental, con un mecanismo de acción totalmente novedoso, dirigido a toda la población, mal estudiado y de efectos secundarios en gran parte desconocidos? ¿No es suficiente, en este contexto, la sospecha de los enormes daños generados para aplicar el Principio de Precaución? Y esto son sólo efectos agudos y subagudos. ¿Qué pasará cuando empecemos a ver los efectos del medio y largo plazo? Como afirma la ficha técnica de Comirnaty (Pfizer) “No se han realizado estudios de genotoxicidad ni de carcinogenicidad”. Si no lo hace el fabricante, nadie más puede garantizar que este producto no pueda producir cáncer en el medio o largo plazo, o enfermedades autoinmunes, o alteraciones genotóxicas de consecuencias impredecibles, de cuya posibilidad me temo que no se ha advertido demasiado a los vacunados.

Lo que estamos viendo en EUDRA y VAERS es, en nuestra opinión, más que suficiente para aplicar el Principio de Precaución y detener inmediatamente la administración de estas vacunas. Y por el contrario no hacerlo es una omisión de posibles consecuencias muy graves. Sin embargo, incomprensiblemente, en vez de eso se aprueba su administración a niños de 5 a 11 años que, como ha manifestado el Dr. Michael Yeadon, ex- vicepresidente de la propia Pfizer, sabemos que el COVID no les va a matar a prácticamente ninguno, pero lamentablemente con los datos que tenemos hasta la fecha no podemos descartar que muchos en todo el mundo mueran o sufran graves problemas de salud y secuelas por la vacuna.

Tanto médicos como ciudadanos en general debemos dar un paso adelante para detener esta sinrazón, utilizando los medios legales a nuestro alcance. Ya es tarde para Mónica y su familia, evitemos que sea tarde para otras.

Dr. Jesús M. Hermoso de Mendoza Urrizola y 54 firmas más.