El estado de Washington ha presentado un nuevo proyecto de ley para detener en campos de internamiento a los que no se vacunen, según un documento oficial de la administración del mencionado estado del que se hacen eco nuestros compañeros de mpr21 (enlace al documento). La norma se aplicará a toda la población a partir de los cinco años de edad y los encargados de su ejecución no son policías, jueces ni fiscales, sino sanitarios “a su entera discreción”.

La burocracia sanitaria se reconvierte en uno de los aparatos represivos del Estado y podrá emitir “órdenes de detención de emergencia” de las personas o grupos de personas “con fines de aislamiento o cuarentena”. Los sanitarios pueden pedir a la policía que les ayude a capturar a los apestados y recalcitrantes a las vacunas y, además, ostentarán la condición de “agentes de la autoridad” para hacer cumplir inmediatamente las órdenes emitidas para detener y encarcelar a quienes estimen necesario por el bien de la salud pública.

La “orden de detención de emergencia” legaliza el aislamiento y la detención de los que no se sometan voluntariamente a las inyecciones “durante un periodo no superior a diez días”. Sin embargo, un juez puede prorrogar la cuarentena forzosa “por un periodo no superior a treinta días” si la persona o familia aislada persiste en rechazar la vacunación.

El miércoles el Consejo de Salud del Estado de Washington celebrará una reunión pública virtual para debatir la aplicación de la nueva norma. El miércoles de la semana pasada el gobernador del estado, Jay Inslee, que aparece en la foto de portada, lanzó nuevas amenazas a no los vacunados, un estilo de gobierno que, junto a los insultos y chantajes, se ha convertido en norma política habitual durante la pandemia.

Inslee está contratando un “equipo de respuesta” para gestionar las instalaciones del campo de internamiento. Los consultores del equipo ganarán entre 3.294 y 4.286 dólares al mes por sus servicios. El estado también se ha asociado con el monopolio Amazon para crear un portal web a fin de que las personas se hagan pruebas regulares de coronavirus en casa y seguir manteniendo la ficción de brotes, casos y contagiados.