Las criptomonedas están muy difundidas en América Latina porque suponen una especie de banco para los más pobres, tal y como adelantan nuestros compañeros de mpr21. No es necesario abrir una cuenta bancaria, no hay comisiones de gestión y menos aún de cambio. Son ventajas importantes en países donde una parte importante de la población depende de las remesas de los trabajadores emigrantes.

También tienen numerosas ventajas para las organizaciones criminales y los cárteles de la droga: las criptomonedas se mueven rápidamente, son anónimas y, además, permiten blanquear dinero de forma discreta. Según un informe de la JIFE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes), la cantidad rondaría los 25.000 millones de dólares anuales.

Los cárteles utilizan el método conocido como “pitufeo”, que consiste en depositar una cantidad limitada de dinero (que no supere los 10.000 dólares) en numerosas cuentas bancarias, para no llamar la atención de los bancos, de la policía o del fisco, y utilizarla después para comprar bitcoins, también sin superar un cierto límite.

En el caso de México, desde 2018, las plataformas de criptomonedas deben reportar cualquier transferencia que supere los 56.000 pesos, es decir, unos 2.800 dólares.

Los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación ya se trabajan con criptomonedas. Con ellas remuneran a los distintos miembros de forma discreta, un método tan eficaz que ha traspasado las fronteras, llegando hasta Colombia.

Raúl Martín del Campo Sánchez, miembro de la JIFE en la ONU, ha destacado la necesidad de estudiar a fondo este nuevo mecanismo. “Este año volveremos a tratar el tema del blanqueo de capitales porque, aunque la JIFE se ocupó de esta cuestión en los años noventa, hoy existen nuevos métodos y por eso queremos llamar la atención de los países sobre esta situación”.