Las medidas seudoecologistas de la Unión Europea levantan una oposición cada vez mayor, como ya hemos informado en otras entradas. En Holanda, esta misma semana, los campesinos y ganaderos llevan varios jornadas de movilizaciones, protestas y cortes de carretera contra la prohibición de los fertilizantes nitrogenados, tal y como adelantan nuestros compañeros de mpr21.

En Luxemburgo, donde se reunían los ministros europeos de Medio Ambiente, flotó el fantasma de los chalecos amarillos, un movimiento nacido en 2018 de la subida de los precios de la gasolina a causa de un “impuesto verde”.

El temor a desencadenar una bomba de relojería social impregnó los debates durante muchas horas. Los ministros debían votar cinco objetivos clave de la Agenda 2030 para reducir un 55 por cien de emisiones de gases de efecto invernadero, incluida la ampliación de la tarificación del CO2 a los carburantes y la calefacción

Hasta que se llegó a un acuerdo de compromiso: van a crear un “fondo social del clima” (FSC), cuyo presupuesto podría alcanzar los 59.000 millones de euros entre 2027 y 2032 para recuperar parte de los ingresos del nuevo mercado del carbono (ETS2). Como la medida volverá a aumentar -aún nás- el precio de los combustibles, hay que apoyar a los más vulnerables para prevenir estallidos sociales como el de los chalecos amarillos.

No sólo habrá limosnas para los más pobres de forma temporal y limitada. Entre ellos hay que contar a los Estados miembros que no son capaces de financiar la renovación de edificios o la descarbonización de la calefacción y el transporte.

A pesar de las previsiones, los burócratas de Bruselas saben que una ola de movilizaciones sociales se extenderá por toda Europa y, en lugar de suprimir los combustibles fósiles, impulsarán su consumo aún más.

El tema divide a los Estados europeos y las posiciones parecen irreconciliables. Mientras Eslovaquia, Hungría, Polonia, Italia, los países bálticos y Grecia exigían un fondo ambicioso para compensar el choque que se avecinaba, negándose a sacrificar su cohesión social en el altar del clima, otros países, como Alemania, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Holanda, quieren acelerar la descarbonización sin financiar la transición de los primeros.

El canciller alemán Eric Scholz se niega a poner mucho dinero en el fondo común para ayudar a los países mendicantes. Incluso llegó a circular una propuesta de presupuesto de 18.000 millones de euros para el fondo, antes de que Berlín se pusiera firme y lo elevara a 48.000 millones de euros ante la oposición.

Pero esa cantidad seguía siendo insuficiente para la mayoría de los ministros, ya que con la ampliación del mercado de CO2, el aumento de los precios de los combustibles y la calefacción promete pesar mucho en los bolsillos, ya que el precio del carbono se ha disparado en los últimos meses, hasta superar los 80 euros por tonelada.

Son los países ricos del norte los que impulsan las medidas seudoecologicas. Quieren que se amplíe el mercado europeo del carbono, mientras que los países que lo van a sufrir lo que quieren es dinero porque no tienen ninguna capacidad para financiar la transición ecológica.

Los países del sur y el este de Europa no pueden pagar la luz y la gasolina a los precios actuales; mucho menos con unos precios inflados por razones seudoecologistas. Las cifras no pueden ser más obvias: el 30 por cien de la población búlgara estaba en situación de pobreza energética en 2019, frente a solo el 2 por cien en Luxemburgo, según las estadísticas de la Unión Europea sobre ingresos y condiciones de vida.

Finalmente la mayoría de los miembros tiró por la calle de enmedio: un fondo de 59.000 millones de euros. Pero el diablo está en los detalles. Mientras que la propuesta del Parlamento Europeo asignaba un presupuesto mínimo al fondo social del clima equivalente al 25 por cien de los ingresos totales generados por el ETS2, el Consejo mantuvo la cifra no fluctuante de 59.000 millones de euros como límite máximo, equivalente al 25 por cien de los ingresos suponiendo un precio de 48 euros por tonelada de CO2 durante el periodo 2027-2032.

Las previsiones no son realistas. La mayoría de ellas parten de un precio mucho más alto, en torno a los 170 ó 180 euros por tonelada porque el sector energético reacciona muy poco ante la subida de los precios. Cualquiera que sea el precio, hay que mantener la nevera encendida las 24 horas del día.