ATEA (Nota de Prensa)

Denunciamos las malas condiciones de un grupo de perros de caza en Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa)

Nuestra asociación ha denunciado ―por primera vez usando la nueva Ley Vasca de Protección Animal― un caso de [posible] maltrato de perros. Tiene lugar en la localidad guipuzcoana de Arrasate‑Mondragón (Bº San Josepe), y se trata de un escenario general de desatención, pues los animales permanecen en una especie de «jaulones» construidos con material de construcción, en apariencia poco seguros. Conviven estos pobres con sus propias heces (de aspecto diarreico), y es frecuente que el cuenco destinado al agua esté vacío, con las numerosas jornadas de fuerte calor que se han vivido en Euskadi a lo largo del verano. De hecho, algunos vecinos de la localidad, preocupados por ellos, les lanzan en ocasiones botellines de plástico agujereados y rellenos de agua, que toman con fruición.

Al menos dos presentan numerosas calvas a lo largo de todo el cuerpo, visitadas por numerosas moscas, y hasta una hembra tiene un gran bulto que le cuelga de la zona mamaria. Todo ello evidencia que no reciben el tratamiento veterinario exigible por ley, y en cualquier caso que viven en un entorno por completo inadecuado para cualquier animal, y desde luego para cualquier perro.

Nos gustaría creer innecesario recordar lo que supone para un animal sociable y gregario como el perro la estancia habitual en unos jaulones como los que tienen que sufrir a diario los individuos objeto de nuestra denuncia: angustia, estrés, ansiedad, además ―y sobre todo― de la frustración de no poder establecer relaciones ni con congéneres ni con humanos. Más aún si tal cosa sucede en una sociedad avanzada y progresista en tantos aspectos como es la vasca, que precisamente por ello no debe obviar un aspecto como el bienestar animal.

Entendemos inopinable que la situación referida incumple la normativa vigente, que tiene como marco general en Euskadi la recién aprobada Ley 9/2022, de 30 de junio, de protección de los animales domésticos, la cual exige a todo propietario “Tratar a los animales conforme a su condición de ser sensible y según su especie, raza y edad, atendiendo a sus necesidades físicas y etológicas […] siendo responsable de su salud y bienestar, por lo que deberán prestarles los cuidados suficientes […], quedando prohibido someterlos a cualquier práctica que les pueda producir sufrimientos y angustia injustificada” (artículo 4.2.1.a), así como a “Proporcionarles agua y una alimentación adecuada, mantenerlos en buenas condiciones higiénico-sanitarias y ofrecerles ejercicio adecuado a sus necesidades fisiológicas, así como alojamiento idóneo para su refugio, y un ambiente en el que pueda desarrollar las características etológicas propias de su especie y raza” (artículo 4.2.1.b). De igual manera, ordena al propietario “Procurarle los tratamientos veterinarios preventivos, paliativos o curativos, tanto aquellos que fueran obligatorios como los necesarios para mantener su buen estado sanitario. En el caso de los animales de compañía con identificación individual, facilitarles un reconocimiento veterinario de forma periódica, que deberá quedar debidamente acreditado en el documento oficial de identificación del animal. En el caso de animales gestantes y sus crías, prestarles las atenciones relativas al embarazo, parto y cuidados posnatales” (artículo 4.2.1.c).

Añadido a todo lo anterior, cabe destacar el hecho de la vigilancia sobre los animales, en general, y sobre los perros en particular, siendo así que “Queda prohibido dejar solo a cualquier animal durante 24 horas consecutivas y, en el caso de la especie canina, este plazo no podrá ser superior a 12 horas consecutivas […]” (artículo 4.2.3.m).

Consideramos que se incumple de manera flagrante cada uno de los puntos referenciados, y es por ello que cabe concluir de los hechos un evidente un maltrato continuado y sin justificación posible, que en lógica consecuencia menoscaba de forma muy seria los intereses de las víctimas.

Hemos apreciado asimismo a lo largo de todo este proceso que la Policía Municipal no ha puesto el celo necesario ―en realidad, ninguno― para paliar dicho escenario, cuando es el cuerpo administrativo que debe actuar para que se cumpla la normativa de aplicación, y cumplirla a rajatabla sus agentes, empezando por los mandos. Nada de esto ha sucedido.

Así las cosas, pareciera que la localidad guipuzcoana de Mondragón constituye una suerte de «agujero negro» dentro de Euskadi a la hora del cumplimiento de la ley por cuanto a protección animal se refiere, lo que nos resulta muy preocupante, además de inaceptable.

Así pues, esperamos y deseamos que la situación de dichos animales mejore de forma ostensible cuanto antes, así como que las personas responsables de los hechos sean convenientemente sancionadas en los términos que especifica la Ley, pues toda institución municipal tiene tanto la potestad administrativa para ello como la obligación paralela de actuar de oficio en tal sentido.

Creemos que una sociedad que quiera merecer la etiqueta de progresista no puede olvidar el buen trato a los animales en dicha virtud comunitaria, por cuanto tanto ellos como nosotros mismos tenemos intereses comunes, siendo el principal el disfrute de una existencia plena y satisfactoria. Y reiteramos que aquí la empatía vuelve a ser la piedra angular de todo comportamiento ético.

ATEA [Asociación para un Trato Ético con los Animales]

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