• Escrito por Beatriz Talegón
• Publicación original en Diario 16
• Reproducido en #EuskalNews con el permiso de la autora

Defender los derechos de todos no puede pasar por defender a los que presuntamente delinquen: no es ese mi “bando”

eíamos ayer la noticia que nos informaba de la investigación abierta por la Policía Nacional a una trama generada para conseguir que personas no vacunadas pudieran aparecer registradas como vacunadas en el sistema sanitario oficial, y así poder tener acceso al «pasaporte vacunal».

La Operación Jenner, investiga desde el pasado mes de enero, según apunta El País, «a un grupo delictivo que inscribía en el registro de vacunados contra la convid a personas que no se habían inoculado ninguna dosis». Están ahora mismo investigando a un listado que va por la nada pequeña cantidad de 2.200 personas. La mayoría, según la información publicada, serían clientes de esta trama, que pagaban para ser inscritos «de modo fraudulento en el registro oficial de vacunados y así poder obtener el llamado pasaporte covid pese a no cumplir los requisitos».

Apuntan a deportistas profesionales, modelos, cantantes, empresarios, abogados y «delincuentes». Ayer trascendían algunos nombres y a esto me referiré más adelante. Sigamos ahora con el funcionamiento de esta red, porque es interesante.

Las fases de la investigación: grupos de redes sociales y aumento de vacunados llamativo en el Zendal

La investigación se inició a comienzos de año y se centró en un grupo organizado asentado en España, que habría sido la denominada «segunda fase de la Operación Jenner», puesto que la primera abrió la investigación desde grupos de comunicación en redes sociales con conexiones en Francia. Llamó también la atención, según señala ABC, «el altísimo repunte de personas vacunadas en el Hospital Zendal justo antes de las Navidades».

En esta segunda fase de la operación se pudo desmantelar la trama, con la detención de seis personas en Madrid. En ese momento se identificó a 1.600 presuntos clientes. Entre ellos se diferenciaban dos tipos: los que pagan 200 euros para tener un certificado falso de prueba PCR negativa y los que pagaban 1.000 euros para que su nombre constase en las bases de datos oficiales como personas vacunadas.

Estos del segundo grupo serían de un perfil con mayor capacidad adquisitiva, según la información publicada.

Para poder aparecer como vacunados necesitaban servirse de la colaboración de una sanitaria, concretamente una enfermera que trabaja en un hospital de Madrid (La Paz), que supuestamente se valía de sus claves y de las de un compañero para acceder al sistema informático de Sanidad e introducir los nombres de las personas que pagaban por ello. Estos hechos podrían ser constitutivos de delitos como el de falsificación de documento oficial, así como de delito contra la salud pública, entre otros. Se investiga también la entrada ilegal en el Registro Nacional de Vacunación.

La operación Jenner se encuentra ahora en su tercera fase, donde se ha detenido a cuatro personas más, que habrían cooperado como intermediarias y se está procediendo a identificar a 600 personas, presuntamente clientas de la red, que llegarán a ser 2.200. Según la policía el número puede seguir aumentando a medida que continúe la investigación. Sospecha la policía que se han podido utilizar más claves de distintas personas trabajadoras del hospital, por lo que será necesario hacer un rastreo detenido de los casos.

Hasta aquí los hechos publicados. La investigación sigue en curso y hasta ahora, solamente se han dado a conocer algunos de los nombres que podrían haber formado parte de esta trama. Remarco lo de «podrían» porque aunque se esté dando por hecho en distintos medios de comunicación, hasta que no haya una condena y sentencia firme, no podemos pasar por encima de la presunción de inocencia.

Solamente publican unos nombres

Sobre el trato de la prensa, me parece vergonzoso que se haya puesto en la picota a una actriz y a su pareja, cargándole a ella con el peso de toda una trama que por el momento está siendo investigada. O se publica la lista completa disponible, o no se debería dar ningún nombre. Porque de lo contrario, lo que se está haciendo es poner el foco en una persona determinada, que va a tener que soportar ahora la crítica pública mientras los demás miembros presuntos de esta red clientelar, siguen siendo anónimos. Y por lo que se apunta se trataría de grandes empresarios, jugadores profesionales, modelos, cantantes, abogados importantes.… o sea, de gente que también tiene una dimensión pública. O todos, o ninguno.

Como verá el lector, no hago referencia a ninguno de los nombres porque no quiero formar parte de ese ataque cuando la lista no ha sido publicada y cuando además, no podemos pasar por alto que de momento son «presuntos». Para mí la aplicación de la presunción de inocencia en un Estado de Derecho es clave a la hora de abordar estos asuntos en los medios públicos. Pero esto no significa que no tenga mi opinión al respecto de lo que se apunta por parte de la policía: la existencia de una red mediante la cual algunas personas con cierta capacidad económica se habrían valido de ella para falsificar datos oficiales y participar en este tinglado que han supuesto las medidas que han vulnerado los derechos de la ciudadanía y nuestras libertades.

La vergüenza

De confirmarse lo que apunta la policía, no puedo más que expresar mi profundo rechazo a este tipo de comportamientos. Hacer trampas nunca es la manera de conseguir nada. Delinquir menos todavía.

En primer lugar, porque en España no es obligatoria la vacuna. Para nadie. Ciertamente se ha coaccionado de toda manera imaginable, se ha ocultado información, se ha incluso mentido en algunos casos para convencer a la gente de las bondades de las inyecciones. Y todo esto, los que nos oponemos a la vulneración del derecho a la información, los que defendemos la aplicación de la ley sobre consentimiento informado, y los que hemos denunciado la violación sistemática de derechos fundamentales de la ciudadanía, lo hemos hecho plantando cara con las herramientas que a nuestro alcance hemos tenido: hacer valer nuestros derechos, informar a la ciudadanía y mantenernos firmes en nuestra posición buscando la manera de plantar cara de forma legal.

Y es que, desde mi punto de vista, la batalla que algunos venimos dando, es siempre en el ámbito de los Derechos. Y al Derecho, como se suele decir, se le pelea desde el Derecho. Es evidente la batalla legal que han dado distintas asociaciones, colectivos y personas a título individual que, acudiendo a la vía legal ha encontrado respuestas que reconocían su derecho a no vacunarse si no querían, entre otras cuestiones como la consideración de inconstitucional de los estados de alarma. Cuestiones que se han tenido que pelear, argumentar y defender siempre de frente, sin esconderse y sin trampas.

No me vale intentar justificar un comportamiento presuntamente delictivo en «estado de necesidad». No hablamos aquí del tipo del «hurto famélico» (el robo de alimentos por necesidad) que todos los licenciados en Derecho hemos tenido que estudiar. No. Estamos hablando de perfiles que tienen capacidad económica, al menos la suficiente como para pagar 1.000 euros para salirse con la suya. Gentes que han contribuido con su actitud a perpetuar medidas injustas, en lugar de plantarles cara y hacer uso de la libertad de expresión y de su posible visibilidad para generar un debate público muy necesario en estos dos años. Gentes que han pasado por el aro y han pervertido un sistema que ya venía siendo injusto. Con su actitud, además del presunto delito (o delitos) cometidos, han venido a reforzar un funcionamiento del sistema que en el fondo, no comparten, puesto que precisamente no se han vacunado. Me queda todavía llegar a saber si estas personas «famosas» e influyentes han podido llegar incluso a hacer comentarios públicos sobre las bondades de la vacunación, o lo que es peor aún, ataques a los que no nos hemos vacunado. Porque entonces les espero aquí para pasar una revisión a la luz de su posible incoherencia e hipocresía.

Soy muy consciente de las dificultades que estamos viviendo las personas que hemos decidido no inocularnos. En algunas regiones donde se ha impuesto un pasaporte sanitario, se ha limitado el acceso a lugares públicos, de ocio, de relaciones sociales, deportivas, y especialmente el hecho de dificultar el acceso a los familiares a los centros hospitalarios para acompañar a quienes allí estaban ingresados. Pero ojo, existían alternativas -injustas, molestas, incómodas- como hacerse pruebas para poder acceder, por ejemplo en el último caso de los hospitales. Por lo que con esfuerzo, con tesón y con información, una persona no vacunada deberá plantar cara a situaciones injustas, pero considero que debemos hacerlo. No es cierto, por lo tanto, que esta gente se haya visto «forzada» a recurrir a la trampa para poder «comer». Comer comemos todos y si hiciéramos trampas, no saldríamos jamás de sistemas perversos como este.

Se equivocan, en mi opinión, quienes confunden el pasaporte sanitario con la inscripción en el Registro Nacional de Vacunas. Y aquí hay una diferencia que me parece importante señalar: partiendo de la base de que falsificar cualquiera de las dos cosas es penalmente reprochable, obviamente no es lo mismo que una persona intente hacer uso de un pasaporte covid de otro (con la consiguiente sanción que le corresponde), que llegar a participar en un entramado que requiere de la colaboración de una persona que va a acceder a un registro de información oficial y alterar los datos del sistema público de salud.

Conste que a mi el pasaporte covid me parece una medida discriminatoria, posiblemente inconstitucional, sobre la que se tendrá que pronunciar algún día la justicia. Pero que yo no esté de acuerdo con ella, no significa que aplauda los fraudes. He dejado de ir a los lugares donde lo requieren y muy posiblemente intentaré mantener en mi memoria los que lo aplicaron con saña para no volver ahora que ya no exigen el pasaporte.

Esto va de principios

Si el caso de Djockovik captó mi atención y ha recibido mi aplauso ha sido precisamente por la puesta en valor de los principios que ha demostrado. Esto no va de «antivacunas», de «negacionistas», sino de una forma de entender los derechos de todos, las libertades y la responsabilidad. Y el planteamiento de este tenista me ha suscitado respeto y admiración porque se mantiene firme ante lo que considera -como yo y tantos otros- injusto y contrario a Derecho. Y ha dado la cara, ha sufrido un acoso brutal y ha visto cómo ha afectado a su carrera profesional. Lo ha visibilizado y esto ha servido para dejar en evidencia las injustas pautas, demostrando que tener principios y dignidad supone a veces tener que pasar por tragos muy difíciles. Como todos los sanitarios que en Francia o Reino Unido (y otros lugares del planeta) han renunciado a sus trabajos cuando se les obligaba a vacunarse para acudir a ellos. El tiempo les ha dado la razón y han vuelto a ser llamados un tiempo después. Esa gente merece todo mi apoyo, mi respeto y mi solidaridad. Como los camioneros y quienes les apoyan en Canadá, que igualmente están dando la cara, de manera pacífica y plantando cara a unas medidas absolutamente injustas. No se esconden ni hacen trampas.

En definitiva, mal hacen en mi opinión los que, estando en contra de las medidas represivas, de la presión para la vacunación, están pretendiendo plantear este asunto de la presunta trama para presentarnos a esta gente como «víctimas«. Dando a entender que «los pobres» se han visto forzados por las circunstancias para tener que delinquir: y que «quien roba a un ladrón tiene cien años de perdón». Una falacia y una triste argumentación que está haciendo el caldo gordo a quienes quieren generar una imagen pública de las personas no vacunadas como insolidarias, tramposas, incluso capaces de delinquir para salirse con la suya. Defenderles a ellos es defender una manera de comportarse que tiene más que ver con las mentiras y las trampas que hemos venido denunciando durante estos dos años, lejos de poner en valor la transparencia, la honradez, y la libertad que la mayoría hemos puesto en valor este tiempo. Porque la batalla la hemos dado desde la necesidad de debates públicos, respetuosos, transparentes. De construir una sociedad abierta, plural, que sepa escuchar a todos los expertos, que sepa respetar las decisiones posibles que la ley permite, y que no se escude en el miedo para pisotear los derechos de nadie.

Afortunadamente, la mayoría de personas que hemos decidido no vacunarnos no participamos de trampas, protestamos ante las injusticias, y damos la cara yendo de frente. Las triquiñuelas, vengan de donde vengan, sean de donde sean, no son defendibles. Porque destrozan, precisamente, la base argumental de toda tu defensa.

Dicho todo esto, reitero: el listado, o se publica completo aun sabiendo que están siendo investigados y que por el momento no se les puede culpabilizar, o mejor deberían haberse callado los nombres dados ayer. No defenderé a tramposos ni a delincuentes, pero tampoco participaré en cazas de brujas selectivas.