OPINIÓN POLÍTICA

Los beneficios de la iniciativa «Bilbao a 30» no se basan en estudios independientes, sino en una campaña de publicidad institucional

LOS BENEFICIOS DE LA INICIATIVA BILBAO A 30 NO SE BASAN EN ESTUDIOS INDEPENDIENTES, SINO EN UNA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

En medios oficiales y gran parte de la prensa escrita se pueden leer desde hace semanas abundantes artículos y reseñas sobre las ventajas de la reducción a 30 km/h en Bilbao y otras ciudades tanto españolas como de Europa. Si nos fijamos con atención, nos daremos cuenta de varias cosas. En primer lugar, todas estas entradillas repiten los mismos argumentos: disminución del riesgo mortal de los atropellos de un 90% a 50 km/h hasta solo un 10% cuando se circula a 30 km/h (cifras por otro lado sospechosamente simétricas en la distribución de percentiles estadísticos); menos contaminación, más seguridad y menos stress de la gente mayor, posibilidad de integrar mejor el tráfico de bicicletas y las soluciones autosostenibles, etc.

Ni qué decir tiene que no existe ningún estudio independiente, ni aquí ni en el extranjero, que avale de manera objetiva tales beneficios. Por otra parte, el descenso de la circulación durante este año de Nuestro Señor de 2020, caracterizado por confinamientos, toques de queda y restricciones de movilidad, haría imposible cualquier intento de comparación con períodos anteriores a la pandemia del Covid-19. Sin embargo, ese es el criterio en el que se basan las campañas de publicidad institucional. En otras palabras, la típica engañifa estadística a la que tan aficionados son los responsables de nuestra gestión pública.

Aparte de esta tomadura de pelo de hacer pasar por evidencias científicas lo que no son más que puntos de una simple declaración de intenciones, la iniciativa Bilbao a 30 expone dos grandes defectos de ese estilo de administración pública incompetente y anticuado que lleva a males mucho peores que el exceso de velocidad en las vías públicas, como por ejemplo la desastrosa gestión del Covid-19. Crear un entorno vial seguro es una doble responsabilidad: tanto del poder público (mediante el diseño de sistemas eficientes) como de los ciudadanos (conductores y peatones por igual).

Como la clase política es incapaz de conseguir esto, su única alternativa consiste en crear un factor limitante que obligue a todo el mundo a pasar por el aro, negando a la ciudadanía la capacidad de ejercer su propia responsabilidad personal. El final de la historia es el mismo de siempre: quienes causan los problemas, por dejación de obligaciones o falta de eficacia en la gestión, son recompensados por su incompetencia, con galardones de algún ministerio y aplausos de algunos palomos conformistas que aun tienen un trabajo que les permite hacer a las 11 de la mañana pausas para leer el periódico mientras se toman un café bien calentito.

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