El gobierno japonés ha pedido explícitamente a los ciudadanos que no discriminen a las personas no vacunadas. El Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar ha insertado el siguiente anuncio en su sitio web:

“Aunque animamos a todos los ciudadanos a recibir la vacuna COVID-19, no es obligatoria. La vacunación sólo se llevará a cabo con el consentimiento de la persona que vaya a ser vacunada tras la información facilitada. Por favor, vacúnese siguiendo su propia decisión, comprendiendo tanto la eficacia de la prevención de enfermedades infecciosas como el riesgo de efectos secundarios. No se llevará a cabo ninguna vacunación sin el consentimiento. Por favor, no obligue a las personas de su lugar de trabajo o de su comunidad a vacunarse, y no discrimine a los que no se han vacunado”.

Una petición similar aparece en el sitio web del Primer Ministro: “Las vacunas nunca se administrarán sin el consentimiento de la persona afectada. Instamos a la población a no obligar nunca a las personas a vacunarse en el lugar de trabajo o en su entorno, y a no discriminar nunca a quienes no han recibido la vacuna”.

Los pasaportes de vacunas son una medida discriminatoria impuesta exclusivamente por los países occidentales, a los que les gusta alardear de ser los mayores defensores de las libertades y los derechos fundamentales.

Si las medidas que se están imponiendo en los países occidentales, como los pasaportes de vacunas, tuvieran un carácter científico y técnico, serían parecidas en todos los lugares del mundo. Pero no es así. No son medidas sanitarias sino políticas y sociales de ciertos países exclusivamente.

Pero hay países que quieren ir más allá. Austria se prepara para hacer obligatoria la vacunación a partir del 1 de febrero del próximo año. A partir de enero, Grecia impondrá una multa mensual de 100 euros a todos los mayores de 60 años que rechacen las vacunas.

En otros casos la discriminación es aún más selectiva, ya que las imposiciones afectan, principalmente, a determinados sectores de trabajadores, como los de sanidad, con amenazas de suspensión de empleo y sueldo, e incluso despidos.

Fuente: mpr21